Como cual Conventillo de la Paloma de Vacarezza, la Justicia argentina nos sigue dando sorpresas como la excarcelación de la Ing. María Julia Alsogaray y del empresario Omar Chabán, aún con la puntillosidad jurídica que ha llevado a los camaristas para el dictado de estos fallos. Nos encontramos ante otro sainete que, si no fuera por la trascendencia de las causas múltiples, de la privatizadora de Somisa y de Entel y única, en donde el horror era previsible, del empresario ecléctico y modernista, revela la existencia de una justicia para ricos y famosos, y otra para el ladrón de gallinas. En un contexto dominado por el discurso oficial de combate a la corrupción, estos fallos resultan, a pesar de su cierta legalidad jurídica, de estar ajustados a Derecho, una evidencia más del estado en el cual se encuentra la igualdad ante la ley, la cual es vulnerada desde el momento en que las sospechas sobre su dictado opacan la transparencia que ellos deben tener. Sin dudas, las libertades decretadas carecen de legitimidad en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina que, entre asombrada, perpleja y no tanto, ve como el poder económico, el poder del dinero, y las influencias políticas influyen sensiblemente en los estrados judiciales mientras existen procesados sin condena, desde hace largo tiempo; los genocidas, están libres o en sus casas y los asesinos de uniforme, merced a su gatillo fácil, siguen prófugos o gozando de amplias libertades... ¿Hasta dónde es legal y hasta dónde es legítimo un fallo judicial? ¿Depende del personaje público y notorio en un expediente? Desde un punto de vista jurídico, una sentencia es legal cuando ella es dictada conforme a Derecho, en un proceso que garantice debidamente la defensa en juicio, lo cual hace presumir su legitimidad pero, muchas veces, la aplicación e interpretación suele estar teñida de sutilezas, de argucias pergeñadas por los abogados defensores en estos casos, las cuales se potencian cuando el imputado es una persona pública. De todas maneras, lo claro es la vigencia de la impunidad en la Argentina; siendo estos casos, sin dudas, paradigmáticos de la actualidad judicial argentina que no deben ser considerados en forma aislados, porque resulta evidente también el reinado del sainete político. La protesta de los estudiantes del Normal 9, tachada de demencial por el Ministro del Interior, Dr. Alberto Fernández y con la verba represora del Jefe de Gobierno porteño, Dr. Aníbal Ibarra, revela que también existe impunidad para el incumplimiento de los deberes de funcionario público, teniendo en cuenta el estado edilicio de dicha institución educativa, buscando cargar las tintas sobre la actitud de los jóvenes que solamente buscaron una solución para poder seguir estudiando sin que les caiga un pedazo de mampostería en sus cabezas... Y podemos seguir enumerando los incumplimientos de nuestros funcionarios, los cuales están habituados a la impunidad absoluta y sin controles, sin jueces ni Constitución, para seguir actuando como conocemos bien... Ellos deberían dar lugar a una debida actividad jurisdiccional, en los casos concretos que han sido denunciados y que todavía no tienen respuesta, como la denuncia por discriminación interpuesta por Gladys Ferrara y su grupo Quiero Vivir Hoy, con respecto al derecho de transporte gratuito para las personas con discapacidad motriz y que han sumado un amparo por la inexistencia de rampas en la misma Casa Rosada, pues ni siquiera han podido acceder a ella con el fin de presentar un petitorio al Sr. Presidente de la Nación en la respectiva Mesa de Entradas. Entre sainetes judiciales y políticos, transitamos en una coyuntura signada por el continuismo de la impunidad manifiesta en el rasgado de las vestiduras en forma pública y notoria, desde hace años, constituyendo una marca registrada en la Argentina de la Biblia y el calefón... - Prof. Juan Carlos Sánchez, Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales