A partir de la carta de lectores enviada a La Nación por la polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, comenzó a confirmarse lo que era un secreto a voces: la utilización de los fondos reservados, tradicionalmente usados en operaciones de inteligencia, para el pago de sobresueldos a ministros y secretarios de Estado durante la década infame. Sin embargo, con el correr de los días, el proceso de abrir la tapa de esta caja, entreabierta por el proceso por enriquecimiento ilícito a Raúl Granillo Ocampo, ha tomado un veloz impulso y es posible que nos encontremos con muchas sorpresas. No sólo por la profusión de ex-menemistas en el gabinete del Presidente Kirchner, cuyo paso por la función pública estuvo jalonada por hechos oportunamente ocultados y expuestos por Julio Nudler en su artículo censurado por Página 12, sino porque se advierte que esta metodología va más allá de un gabinete presidencial o de un determinado mandato. No cabe duda que este proceder ha sido utilizado desde la vigencia de la famosa Ley S, por parte de gobiernos civiles y de facto, para asegurarse determinadas posiciones políticas o generar adhesiones "espontáneas" a tal o cual proyecto de ley. Desde la Ley de Convertibilidad a la polémica Ley de Reforma Laboral, resulta evidente que tampoco escapa al Poder Legislativo, cuyos miembros también estarían involucrados en este tipo de emolumentos secretos; sobre todo, los pertenecientes al Bloque Justicialista. Por otro lado, las insinuaciones de la Dra. Elisa Carrió tampoco son para dejarlas de lado. Teniendo en cuenta la alianza entre el menemismo con el poder económico, tan bien definidos en la obra "Los Dueños de la Argentina" de Majul, no sería de extrañar que los grupos económicos hayan contribuido a facilitar la comisión de este tipo de hechos, ya sea engrosando las arcas oficiales o siendo los canales para la efectivización de los pagos. Estamos ante la posibilidad de un escándalo, cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles y pueden llegar a rozar a varios integrantes del gobierno kirchnerista y a varios notorios duhaldistas en el Congreso Nacional. Y no se trata de unas pocas monedas, sino de millones de pesos que engrosaron el patrimonio de gran parte de la clase política de los `90 mientras la ejecución de las políticas neoliberales sumergían en la pobreza y en la indigencia a más del 50% de la población argentina. Una verdadera caja de Pandora que comienza a abrirse y cuya apertura total puede ser una verdadera causa para un nuevo remezón político, mientras se proclama la inexistencia de sobresueldos en la actual gestión y teniendo en cuenta la reiteración de viejas prácticas políticas, ello no es creíble. Ahora bien, ¿Qué pasará en la Justicia ? ¿ se derogará la famosa ley secreta? En rigor de verdad, salvo que exista voluntad política y judicial de investigar el enriquecimiento de los pasados y de los actuales funcionarios íntimamente ligados a la gestión de la rata, es posible que sea una tormenta de verano y nada suceda, excepto el lógico fragor mediático generado y con respecto al segundo interrogante, debemos permitirnos la duda acerca de su posible derogación por cuanto constituye un instrumento idóneo para torcer voluntades, al igual que la publicidad oficial en los multimedios y en algunos medios barriales. De todas maneras, también es posible que esta caja sea cerrada para evitar la caída de numerosos personajes con una fuerte presencia en el espectro pejotista y ello nos indicaría que, una vez más, al igual que la libertad de los genocidas del Proceso, de los asesinos de niños y adolescentes con uniforme y de los delincuentes de cuello blanco enrolados en un amplio espectro partidario, nos encontremos con que la impunidad continúa... _ Prof. Juan Carlos Sánchez, Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales (I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")