Se inicia un nuevo año legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, enmarcado por el proceso de revocatoria de mandato al Jefe de Gobierno y un año electoral signado por la falta de sanción de la Ley de Comunas, que seguramente encenderá debates encendidos como la Ley de Educación Sexual, la de Educación Inclusiva y la de Reforma Política. Sin embargo, este inicio está ensombrecido por los coletazos de la tragedia de Once que, aún hoy, sigue tiñendo de negro la actual coyuntura y por los nuevos bloques surgidos gracias a la plausible politización de un hecho absolutamente previsible. La revocatoria sigue su curso con una escasa recolección de firmas que no se condice con las intenciones de sus impulsores pero que, sin dudas, es un marco de referencia importante por sus implicancias y por otro lado, la particularidad de este año que obliga a la renovación de la mitad de la Legislatura, seguramente obligará a una menor actividad entre agosto y octubre que impedirá notablemente el trabajo legislativo. El período anterior dejó deudas pendientes, tal como lo hemos dicho, que son bastante polémicas en una sociedad llena de ardor conservador, gracias a los blumbergismos que la rodean y al paulatino desgaste del ibarrismo a manos del macrismo. Son deudas que deberán ser saldadas mediante un debate constructivo, basado en la consideración de las verdaderas necesidades de la Ciudad en materia de salud pública y de educación, que permita una legislación acorde con la filosofía de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y con los tiempos actuales. Sin dudas, si algo resulta imperioso es la Ley de Educación Sexual con el fin de prevenir las problemáticas adolescentes en materia de sexualidad, cuyas consecuencias son pavorosas en materia de abortos juveniles y de embarazos precoces, constituyendo una prioridad para la Salud Pública de Buenos Aires. Se debe reconocer que esta problemática está instalada en muchos hogares de la Ciudad y se advierte en las instituciones educativas con mayor frecuencia, lo cual deberá ser debatido con profundidad y amplitud para encontrar una norma que permita una solución adecuada. Otro imperativo es la Ley de Educación Inclusiva, continuando con el impulso de la accesibilidad para las personas con discapacidad a sus derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad que fuese plasmada en la Ley Nº 1502, porque ella supone el reconocimiento de una nueva visión en materia educativa tendiente a la inclusión para la integración de l@s niñ@s, jóvenes y adultos de este importante colectivo de la sociedad porteña. Sin embargo, las urgencias políticas ensombrecen el tratamiento de las iniciativas anteriores porque la inminencia de las elecciones legislativas y las consecuencias políticas de Cromagnon obligan a un replanteo general del sistema político porteño. Eliminación de listas sábanas, posibilidad de postulaciones individuales, con avales de organizaciones no gubernamentales, por afuera de los partidos políticos y el establecimiento de normas transparentes para los actos electorales van a insumir mucho tiempo legislativo porque estos asuntos hacen a la relegitimación de la clase política que ha sido bastante golpeada en los últimos meses. Sin dudas, constituye un objetivo loable pero debe ser llevado a cabo sin descuidar los delicados asuntos que hemos mencionado anteriormente porque legislar, en el verdadero sentido práctico, es debatir y sancionar proyectos de ley que regulen aquellos aspectos necesarios para una sociedad, para aquellas problemáticas que no pueden esperar la especulación de las candidaturas y de los debates partidarios. Es hora que la Legislatura se ponga los pantalones largos y se dedique a su misión fundamental, sin descuidar la atención sobre la larga lista de problemáticas viejas y nuevas que aquejan a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires, pues allí radicará su razón de ser pese a las lógicas protestas de los vecinos hastiados por la corrupción y por el agotamiento de la paciencia frente a actitudes que distan de ser las adecuadas para una democracia sustancial. Seguramente, los legisladores se enfrascarán en conservar su sillón y su jugosa dieta más que resolver los problemas de la gente y ello no nos debe extrañar pero la ciudadanía tiene que comenzar a asumir sus responsabilidades y ejercer sus derechos: votar a quienes considere conveniente para sus propios intereses y reclamar el tratamiento de aquellos proyectos legislativos que les permita mejorar su calidad de vida. Después de todo, de nosotros también depende... * Prof. Juan Carlos Sánchez Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales (I.S.P."Dr. Joaquín V. González)