El día 07 de mayo el Presidente Vicente Fox Quesada anunció en la reunión del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión, en Culiacán, Sinaloa, que ha dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cerrar emisoras que calificó de "clandestinas" comenzando este mes con el estado de Michoacán. El mandatario estableció que estas emisoras son un total de 100. Desde hace un tiempo hay un fuerte interés por parte de algunos sectores de confundir a la opinión pública al querer mezclar a emisoras comunitarias con los llamados medios "clandestinos" , para justificar una política represiva en contra de aquellos sectores de la población que demandan una garantía al ejercicio de su libertad de expresión a través de la radiodifusión ciudadana. Esperamos que el Presidente de la República tenga clara la diferencia entre las emisoras comunitarias que han reiterado su voluntad de trabajar en un marco de legalidad y que están en proceso de diálogo con las instituciones, pues en numerosas ocasiones la autoridad (SCT) ha cerrado varias emisoras comunitarias con el pretexto de calificarlas de clandestinas. Las emisoras comunitarias cumplen un papel irrestricto de servicio público sin fines de lucro, tal como ya lo constato la Secretaría de Gobernación en una gira de trabajo que realizó a diversas radios comunitarias en noviembre pasado. Este servicio que prestan a la sociedad ha quedado establecido públicamente en diversos foros, y en el caso más reciente con el Premio Nacional de Periodismo a Radio Teocelo en Veracruz, única emisora comunitaria a la que se la ha dado el permiso de operación. Por esta razón es que las radios comunitarias sostienen una mesa de diálogo y trabajo con la Secretaría de Gobernación para revisar caso por caso y emitir su opinión a la SCT para que se les otorguen los permisos correspondientes. Iniciar un cierre masivo de emisoras violaría el compromiso que adquirió su gobierno ante la CIDH y omitiría las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la CIDH y de personalidades como el escritor Carlos Fuentes y el pintor Francisco Toledo quienes le han solicitado el reconocimiento legal de las radios comunitarias en nuestro país, además de darle la espalda y contradecir sus propias acciones de gobierno, pues desde hace tres semanas la propia Secretaría de Gobernación instaló en la Comisión Intersecretarial de seguimiento de la agenda de Derechos Humanos la mesa de trabajo para la legalización de las radios comunitarias en nuestro país. Cabe recordar que el pasado 3 de marzo en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno mexicano se comprometió a continuar con el proceso de diálogo y las acciones pertinentes para encontrar soluciones a la situación de las radios comunitarias en nuestro país, donde también reconoció, a través de su representante de la cancillería, que el tema compete a la agenda de los derechos humanos en materia de libertad de expresión. En esta audiencia se mostró la documentación donde se comprueba que todas las emisoras comunitarias han realizado sus peticiones de permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de actuar dentro del marco de la legalidad, pese a ello dicha institución se niega a dar respuesta a los grupos ciudadanos que operan estas radios, haciendo uso de su capacidad discrecional para otorgar las autorizaciones. Las organizaciones ciudadanas aguardamos una coherencia en la política de gobierno y estaremos atentas a las acciones que establezca el gobierno de la República para hacer cumplir el derecho de los ciudadanos para operar frecuencias bajo condiciones equitativas y en condiciones de igualdad que garanticen la permanencia de los proyectos sociales que hacen uso de su libertad de expresión a través de un soporte técnico que se llama radiodifusión, derecho sistemáticamente violado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hasta el momento sólo ha tenido una cerrazón y ausencia de respuesta a las demandas de establecer criterios públicos y transparentes para acceder a los permisos de operación para emisoras comunitarias. Organizaciones firmantes: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC- México)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)