La afirmación de derechos en el marco de la llamada "Sociedad de la Información" aparece como uno de los aspectos más polémicos en los debates de la Cumbre Mundial sobre este tema, a realizarse en diciembre. En la "reunión intersesional" que se lleva a cabo en Paris del 15 al 18 de julio, para avanzar en la negociación de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre, varias de las prioridades subrayadas por una mayoría de organizaciones de la sociedad civil están en peligro de ser descartadas por los gobiernos.

Entre los temas más polémicos están el derecho a la comunicación, la afirmación del dominio público vs el régimen de propiedad intelectual, y el derecho a la privacidad de las comunicaciones e intimidad de las personas en relación al tema de la seguridad informativa. Incluso están cuestionadas las referencias a la igualdad de género y a las metas del Milenio de la ONU.

Los debates en torno a la "sociedad de la información" (término de por sí cuestionado por muchos y sin definición clara) parten de enfoques enfrentados, que en algo el proceso de esta Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) ha ayudado a dilucidar, sin haber logrado consenso. En todo caso, uno de los logros de la sociedad civil es que ha quedado ampliamente aceptado que no se trata solamente de tecnologías, sino que éstas son apenas el soporte para los flujos de información y la construcción de conocimientos. El reto ahora es lograr que el enfoque tecnologista no vuelva a imponerse en los acuerdos concretos que emanen de la Cumbre.

En el "Documento de Prioridades" preparado por el grupo sobre contenidos y temas de la sociedad civil para la reunión intersesional, y endosado por decenas de organizaciones, se reconoce que la Cumbre constituye un marco único en el plano internacional para compartir visiones y lograr acuerdos básicos que orienten las futuras políticas globales en esta materia. Se expresa, sin embargo, preocupación por las decisiones que se siguen tomando en otras arenas regionales e internacionales -Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Unión Europea, Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO)-, que pueden ser incompatibles con los principios adoptados en la Cumbre.

El Documento de Prioridades coloca a los derechos humanos al centro de la sociedad de la información, enfatizando en "la importancia de los estándares de derechos humanos como el núcleo de principios que guían su desarrollo. La comunicación es un proceso participativo e interactivo fundamental y es la base de toda organización societal". La CMSI, en consecuencia, no solo debe reafirmar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, -referido a la libertad de expresión y el derecho a la información-, sino "comprometerse con su vigencia efectiva".

La primera versión de la Declaración oficial de la Cumbre incluía una referencia al derecho a la comunicación, posición apoyada por una mayoría de organizaciones de sociedad civil y algunos gobiernos; incluso el Secretario General de la ONU, Kofi Annan y el Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT - instancia organizadora de la Cumbre) se habían pronunciado a su favor. No obstante estas referencias han sido vetadas por varios gobiernos, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, alentados por la fuerte oposición del lobby de asociaciones de los grandes medios de comunicación (acreditadas en la Cumbre como sociedad civil, a pesar de defender posiciones de sector privado). Es más, podría suceder que los acuerdos no pasen de hacer una referencia general a la UDHR, sin más mención de derechos humanos, lo cual es inaceptable para la mayoría de instancias de sociedad civil.

El dominio público y los DPI

Otro tema polémico tiene que ver con la necesidad de restablecer un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el interés público. El desarrollo de un acervo de información en el dominio público -o sea de libre acceso y protegido contra la privatización indebida- es un tema que surge con fuerza en este contexto, que podría contribuir a reducir las inequidades sociales y a estimular la creatividad intelectual.

El Documento de Prioridades de sociedad civil afirma que "la privatización del conocimiento y de la información mediante derechos de autor, patentes y marcas de comercio ya no es un mecanismo efectivo para retribuir la iniciativa creativa o alentar la innovación. Más bien contribuye al crecimiento de la desigualdad y la explotación de los pueblos y comunidades más pobres". El documento aboga por la defensa y extensión de los conocimientos protegidos como bienes comunes, mediante políticas e inversiones públicas en software de fuente abierta y contenidos de dominio público (open content), como también por el acceso a plataformas de comunicación de carácter público para compartir conocimientos -que incluye los medios públicos y comunitarios-. Propone una evaluación del impacto en la pobreza y los derechos humanos del régimen actual de propiedad intelectual, incluyendo los acuerdos del WIPO y los TRIPS. Exige una atención particular a la protección contra la explotación injusta de los conocimientos indígenas.

Diversos gobiernos de países en desarrollo también comparten las preocupaciones respecto a la propiedad intelectual. Pero otros se oponen férreamente a entrar en un terreno que consideran de jurisdicción exclusiva del WIPO y de la OMC y proponen incluso afirmar que "la protección de la propiedad intelectual es esencial a la sociedad de la información". Entre las aplicaciones preocupantes de tales medidas se puede mencionar la prolongación casi indefinida de los derechos de autor; el reconocimiento de derechos privados a bancos de datos creados con información de dominio público o a investigaciones financiadas con fondos públicos; o las patentes otorgadas a "invenciones" basadas en conocimientos tradicionales, sin reconocimiento a su fuente.

El software de fuente abierta/libre también levanta polémica. El Documento de Prioridades plantea que se debe alentar a los gobiernos a adoptarlo, considerando que el uso de software propietario es "económicamente insostenible y comprometedor para la transparencia y la seguridad". EE.UU. en particular se opone a tales referencias que podrían afectar los intereses de su industria monopólica de software.

Seguridad informativa

La seguridad informativa es otro tema sensible. Las recientes legislaciones nacionales y convenciones internacionales en esta materia -cuya adopción se ha acelerado desde el 11 de septiembre 2001- demuestran una falta preocupante de consideración por las libertades civiles; además se refuerza la tendencia hacia una mayor vigilancia y monitoreo de las comunicaciones, retención de datos personales, establecimiento de perfiles y "minería" de datos, sin que existan regulaciones adecuadas de protección de las persones y sus derechos. Es más, una propuesta novedosa del Documento de Prioridades identifica que "una de las mayores amenazas a la "seguridad informativa" reside en la militarización del espacio informativo, incluyendo el desarrollo y despliegue de tecnologías y técnicas de "infoguerra"; ... el acaparamiento de órbitas satelitales para fines militares; la destrucción intencional de sistemas de civiles de comunicación durante conflictos, en violación del derecho internacional". Por ello, proponen la elaboración de una Convención contra la Guerra Informativa.

Desarrollo sustentable y democrático

El principio del desarrollo sustentable y democrático es una de las prioridades identificadas en este marco por la mayoría de la sociedad civil. Reconoce el potencial de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de procesos de gobierno más democráticos, transparentes y participativos. Pero advierte que estas tecnologías también se pueden prestar para "perpetuar y ensanchar las relaciones de poder desiguales y no-democráticas existentes en el seno de y entre pueblos y naciones". Y añade que por lo mismo: "El desarrollo sustentable y democrático de la sociedad de la información no puede ser dejado solamente a las fuerzas de mercado". Enfatiza en la necesidad de la reglamentación apropiada y el desarrollo de servicios públicos, reafirmando el principio del acceso equitativo y precios asequibles. Hace mención asimismo a la creación de fuentes de empleo sostenibles y a la necesidad de un manejo ambiental adecuado. La propuesta -apoyada por diversos gobiernos, particularmente del Sur- de vincular los resultados de la Cumbre con las Metas del Milenio de Naciones Unidas, que incluyen metas sociales como la reducción de la pobreza, es rechazada entre otros por la Unión Europea.

Género y diversidad

Si bien se acepta alguna referencia específica a las mujeres, el principio de la igualdad de género tampoco hace consenso entre los gobiernos. El Documento de Prioridades de sociedad civil afirma al respecto que: "el Plan de Acción debe demostrar su compromiso para corregir los efectos de la intersección de las relaciones de poder desiguales en las esferas sociales, económicas y políticas, que se manifiesta en diferencias de acceso, elección, oportunidad, participación, estatus y control sobre los recursos, entre mujeres y hombres, así como dentro de las comunidades en términos de clase, etnicidad, religión, raza, ubicación geográfica y nivel de desarrollo".

Por último, si bien otros temas relacionados con la diversidad cultural, la educación, la juventud, el acceso universal a las telecomunicaciones están presentes en los acuerdos provisionales de la Cumbre, queda por ver si los gobiernos asumirán compromisos concretos para su implementación o quedarán en los buenos deseos.

* Este artículo será publicado en América Latina en Movimiento, No. 372, 22 de julio de 2003.