La Jornada Nacional de Protesta, desarrollada el 19 de junio por la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles (*) de la República Dominicana, sobrepasó todas las perspectivas, convirtiéndose en una paralización nacional de actividades que se cumplió en más de un 75 por ciento. Esta Jornada se suma a las importantes luchas que la población viene desarrollando desde febrero. Las causas de esta protesta plebiscitaria hay que buscarlas en las profundas lesiones que han creado las medidas tomadas por el Gobierno de Hipólito Mejía contra los sectores pobres y medios, como son aumentos de impuestos, del precio de los combustibles y del gas de cocina, de los alimentos; caos en el servicio de la energía eléctrica, además de tomar el camino de duplicar la deuda externa, todo lo cual ha profundizado la pobreza que sufre más del 60 por ciento de la población. Las demandas fundamentales planteadas por los convocantes de la Jornada fueron: * Cambio de la política neoliberal de endeudamiento externo y privatizaciones. * Revertir el proceso de privatización de la energía eléctrica y dar solución a la crisis en este servicio vital. * Transformación de la Policía Nacional y la destitución de su jefe, el general Pedro de Jesús Candelier. * Solución definitiva al problema de las granceras que destruye los ríos. * Viabilizar mecanismos de participación popular que dé solución a las demandas comunitarias y de los sectores sociales en lucha. * Dejar sin efecto el anunciado aumento del 20% a la tarifa de la energía eléctrica y el 1.5% de anticipo a las ventas brutas para los sectores medios. La respuesta del gobierno En procura de desactivar el movimiento de protesta, el presidente de la República propuso a la Coordinadora establecer una mesa de diálogo que presente y acuerde acciones a desarrollar durante los próximos 3 años, explicando que antes de enero de 2002 el Gobierno no tiene presupuesto para atender reclamos. Luego, ante la inminencia de la realización de la jornada, la noche del 18 de junio dejó sin efecto el anunciado aumento del 20% en la tarifa eléctrica. Por otro lado, el gobierno desarrolló una ardua campaña de intimidación hacia la población. Más de 20 mil policías fueron dispuestos y al mismo tiempo se ordenó a las fuerzas Armadas auxiliar a estas exhibiendo todo tipo de armas. La noche del 18 de junio fueron apresados los principales dirigentes del Colectivo de Organizaciones Populares, Fernando Peña y Víctor Jerónimo, y más de 100 personas en Santo Domingo y otras ciudades. En la ciudad de Nagua el comandante policial de la Región Nordeste, el senador y el gobernador de aquella provincia desarrollaron acciones de intimidación contra la población, lo que se repitió también en la sureña provincia de San Cristóbal. No obstante, la Jornada Nacional se cumplió de manera pacífica, registrándose apenas algunos heridos, lo que aumentó en la noche del 19 en algunas ciudades como San Francisco de Macorís. Al concluir la Jornada, en una manifestación pública la Coordinadora reclamó del gobierno, como forma de allanar el camino a las discusiones, poner en libertad a los apresados de manera incondicional y destituir al jefe de la Policía Nacional, en cuya jefatura han resultado muertos centenares de dominicanos y dominicanas en supuestos intercambios armados. Protestas y represión Bajo el gobierno de Hipólito Mejía, que cumplió este 16 de junio diez meses en el poder, la República Dominicana se encuentra estremecida por las protestas como resultado de la continuidad de la política neoliberal, de privatizaciones y endeudamiento externo, el fracaso absoluto de la privatización de la energía eléctrica y los abusivos impuestos al IVA, entre otros, mientras se generaliza la represión que ha cobrado la vida de más de 150 personas en supuestos "enfrentamientos armados con la Policía Nacional". A inicios de febrero, el movimiento social retomó el camino de la lucha frente al llamado "paquetazo" de medidas económicas del gobierno que aumentó el IVA en un 50%, los combustibles entre un 40 y un 100%, colocó un impuesto anticipado del 1.5% a las ventas del comercio, entre otros, lo que determinó un aumento general de los artículos de gran consumo, mientras mantuvo el salario prácticamente estático, aumentando apenas un 10 por ciento a los empleados públicos que devengan hasta 300 dólares mensuales. Diversos sectores de la vida nacional han criticado el autoritarismo expresado por el propio presidente de la República y la actitud represiva que, bajo la jefatura del General Candelier, ha asumido la Policía Nacional. Cuando a inicios de febrero las organizaciones que constituyen la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles iniciaron un amplio plan nacional de lucha contra la política neoliberal del gobierno, por los servicios públicos, la titulación de la tierra y la vivienda popular, por demandas comunitarias y la no privatización de la seguridad social, el derecho a la protesta fue desconocido agrediendo a tiros y bombas la manifestación que, con autorización del Ministerio del Interior, se dirigía el 13 de febrero al palacio del Congreso Nacional. De inmediato se paralizaron todos los hospitales públicos del país, numerosos pueblos iniciaron paralizaciones generales, marchas, movilizaciones, hasta lograr reformar varios artículos de la Ley de Seguridad Social, la cual fue promulgada el 10 de marzo como sistema mixto. A partir de abril, las protestas se profundizan conforme se producen aumentos inexplicables en los precios de los combustibles, las compañías eléctricas apagan a su antojo las plantas y sobre-facturan el servicio energético, al igual que las telefónicas. La Coordinadora llama a profundizar la lucha. En protestas desarrolladas en los pueblos del barrio de Capotillo la Policía asesinó a tres personas, incluyendo un menor de edad, lo que provocó una rebelión en ese barrio. Lo propio ocurre en el barrio El Café de Herrera, en Gualey, todos en la ciudad de Santo Domingo. En el municipio norteño de Salcedo dos personas fueron asesinadas por la Policía mientras realizaban actividades de protesta. A partir de aquí, en las protestas desarrolladas los días 21, 22 y 23 de mayo en el municipio de Navarrete personas encapuchadas hicieron frente a la policía con armas automáticas de guerra, a raíz de lo cual se llovieron las acusaciones contra el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, al que se responsabilizaba de tal acción, iniciándose una caza contra sus dirigentes. Este hecho se produjo en el momento en que amplios sectores de la nación exigían la destitución del jefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, indignados por los hechos del barrio Capotillo y por los más de 400 asesinatos de ese cuerpo durante su gestión en supuestos intercambios de disparos. La Coordinadora enfrentó la situación y puso en evidencia las pretensiones oficialistas. La política actual del gobierno El presidente Mejía ha incumplido su promesa de revertir el proceso privatizador llevado a cabo por el anterior gobierno. La privatización de la Corporación Dominicana de la Electricidad llevó a la creación de empresas generadoras y empresas distribuidoras de la energía, todas de capital extranjero, las cuales supuestamente habían depositado en bancos extranjeros más de 700 millones de dólares. La privatización se hizo con la promesa de la eficiencia del servicio y eliminar el subsidio que en unos 200 millones de pesos mensuales entregaba el gobierno a la CDE. No obstante la Coordinadora rechazó la privatización. Hoy día las energéticas apagan por 12 y 13 horas el servicio, lo sobre-facturan y además estaban anunciando un aumento de un 20% para el próximo día 1 de julio. Por otro lado, el gobierno ha anunciado su disposición a adquirir 500 millones de dólares en bonos con garantía soberana del Estado, así como otros 17 empréstitos por cerca de 2 mil 200 millones de dólares, los cuales elevarían la deuda externa de 3 mil 600 millones a 6 mil 300 millones; amén de los ajetreos que se hacen con el cambio de valoración de la OMC que regirá a partir del 1 de julio. Entretanto, la Coordinadora reafirmó su plan de lucha y el sometimiento a discusión de la propuesta del presidente Mejía. Para el 1 de julio, ha convocado una asamblea nacional en la cual redefinirá el conjunto de sus actividades. En este ínterin están llamadas a desarrollarse las asambleas locales evaluativas y procesos de luchas locales. - Pedro Franco es dirigente del Consejo de Unidad Popular (CUP) (*) La Coordinadora es un espacio donde participan centenares de organizaciones municipales y cuya mesa directiva está integrada por las organizaciones: Consejo de Unidad Popular -CUP-, Colectivo de Organizaciones Populares, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales -COPADEBA-, Frente Amplio de Lucha Popular -FALPO-, Federación de Transporte la Nueva Opción, Central Nacional de Transportistas Unificados, Corriente Sindical- Magisterial Juan Pablo Duarte y la Asociación de Empleados Universitarios.