Guatemala

El "Guarogate"

03/05/2001

Opinión

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El desprecio por la ley y la impunidad en Guatemala

Equipo de Asuntos Específicos

Fundación Rigoberta Menchú Tum

Un caso de impunidad que desnuda el irrespeto a las instituciones y la ley por parte del Frente Republicano Guatemalteco, actual partido en el gobierno

Los delitos

El 27 de julio del 2000 fue aprobado en el congreso el decreto 43-00 con las modificaciones a la Ley de Impuesto sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas, Destiladas, Cervezas, otras bebidas Fermentadas y Bebidas Gaseosas en el marco de las reformas fiscales propuestas desde la Comisión del Pacto Fiscal. El 2 de agosto se publicó en el Diario Oficial el decreto conteniendo una tabla de tasas impositivas, completamente diferente a la aprobada por el Congreso en la sesión del 27 de julio. Los miembros de las bancadas de oposición se percataron del hecho delictivo y denunciaron la alteración de la ley, solicitando la apertura de un expediente penal por falsedad ideológica y material a los diputados oficialistas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), cuyas firmas aparecen en la ley falsificada.

Como respuesta a dicha acusación el bloque oficial argumentó la existencia de un fondo de revisión que fue firmado por 24 diputados. Cuándo se solicitaron pruebas de la sesión legislativa en la que se habría realizado dicho procedimiento extraordinario, los diputados del FRG argumentaron que se habían perdido las copias taquigráficas y que por error habían sido borrados los cassetes de sonido y de video donde se graban las sesiones del pleno. Ahí quedó en evidencia la comisión de otros delitos, por obstrucción de la justicia por destrucción y desaparición de pruebas, y la fabricación de un acta falsificada.

Los diputados del FRG, miembros de la Junta Directiva del Congreso, directamente implicados en los delitos son:

Efraín Ríos Montt, Leonel Soto Arango, Luis Rosales, Carlos Wholers y Zulema de Paz.

Los otros diputados del FRG igualmente implicados son:

Jorge Arévalo, Miguel Domínguez, Urbano Franco, Luis A. Franco, Juan Luis González, Mario Guerrero, Gustavo Lang, Carlos Nájera, Luis A. Natareno, Luis F. Pérez, Miguel A. Racancoj, Pablo Ramos, Jorge Alfonso Ríos, Mario Rivera, Juan Santacruz, Héctor Santisteban, Carlos Valladares, Teodoro Vicente y Estuardo Yaquian.

La cronología del proceso de investigación y juzgamiento

2000
2 de agosto	Diputados del Partido Unionista interponen una denuncia en el Ministerio Público en contra de la Junta Directiva del Congreso por la alteración de la ley de bebidas alcohólicas.
10 de agosto	El Ministerio Público designa al fiscal especial Ramón Sáenz para conocer dicho caso.
	El FRG anuncia que hubo un fondo de revisión el cuál es firmado por 24 diputados. Dicha versión es rechazada por los diputados de oposición que niegan la existencia de dicho procedimiento extraordinario. Los diputados oficialistas tratan de justificar la desaparición de las actas taquigráficas y las grabaciones de sonido y video, diciendo que por error fueron destruidas o borradas. Una reportera del diario Prensa Libre presenta una cinta propia con la grabación de la sesión completa y queda demostrado que los diputados del FRG mienten.
15 de agosto	Las opiniones exculpatorias de funcionarios del ejecutivo evidencian que hay implicados en el caso en dicho organismo, se señala a Luis Mijangos, Secretario General de la República y a Francisco Reyes López quien reconoce que él pidió el cambio de la tabla impositiva.
21 de agosto	El fiscal especial inicia investigaciones tomando los testimonios de secretarias y funcionarios del congreso.
23 de agosto	El Partido de Avanzada Nacional (PAN), partido de oposición, ante el poco avance del fiscal especial decide interponer una solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia en contra de los 24 diputados.
27 de agosto	La Corte Suprema de Justicia nombra al Juez Eleázar López Rodríguez como pesquisidor del caso. Inmediatamente procede a realizar investigación. Tiene el plazo de una semana para resolver, este se vence el 5 de septiembre.
29 de agosto	Sale a luz pública plan de defensa del FRG ante las denuncias judiciales, que consiste en: silencio en la prensa, defensa conjunta de todos los diputados, utilización de recursos de amparos hasta lograr que no se retire inmunidad, dejando en el Ministerio Público la definición, ofensiva política en contra de la oposición a través de la apertura de juicios por alteraciones a leyes cometidas en el pasado por diputados, descrédito a la prensa.
	El FRG interpone el primer recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para inhibir a la Corte Suprema de Justicia de realizar investigación para conocer antejuicio.
	El juez pesquisidor del caso fija un plazo de 24 horas para que diputados y ministerio público presenten evidencias.
30 de agosto	La Corte de Constitucionalidad no acepta el amparo interpuesto por el FRG. El proceso de investigación no ha sido suspendido.
3 de septiembre	El FRG recusa al juez pesquisidor alegando prepotencia del mismo; esto se convierte en la segunda medida dilatoria.
4 de septiembre	El Juez Pesquisidor envía informe a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público tiene 48 horas para pronunciarse y luego la Corte Suprema de Justicia tiene tres días.
6 de septiembre	El FRG interpone un tercer recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del juez pesquisidor alegando que tiene parentesco con el diputado del PAN Leonel López Rodas interponente de la solicitud de antejuicio y que no respondió a la recusación.
7 de septiembre	Surge el Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia formado por ciudadanos y las organizaciones de Derechos Humanos del país que mantienen movilizaciones frente al Congreso los días martes, para exigir que se cumpla con el debido proceso y se obtenga justicia.
11 de septiembre	Se suspende el trámite de antejuicio por recurso de amparo interpuesto, el cuál se va a análisis en la Corte Suprema de Justicia.
20 de septiembre	La Alianza Nueva Nación solicita a la fiscalía que se investigue al Vicepresidente de la República por su papel en la alteración de la ley.
11 de octubre	La Corte Suprema de Justicia luego de un retraso de varias semanas resuelve positivamente el amparo interpuesto por el FRG.
12 de octubre	El FRG interpone el cuarto amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia por no haber multado al Juez Pesquisidor ante la negatoria de dar trámite a la recusación en su contra.
10 de diciembre	El FRG aprueba una ley, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, reduciendo el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad por debajo de lo estipulado constitucionalmente. Se alega por el Movimiento Ciudadano que es una forma de presión en contra de la CC, para que resuelva a favor del FRG en lo referente a los delitos cometidos.
11 de diciembre	La Corte de Constitucionalidad deja sin efecto el amparo interpuesto por el FRG en contra de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se puede resolver la recusación en contra del juez pesquisidor.
2001
15 de enero	La Corte Suprema de Justicia resuelve sin lugar la recusación del FRG en contra del juez pesquisidor.
16 de enero	El FRG interpone el quinto amparo ante la Corte de Constitucionalidad, por considerar que la Corte Suprema de Justicia no analizó todas las pruebas sobre el supuesto parentesco entre el juez pesquisidor y el diputado, ya que ambos se apellidan López.
21 de enero	La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso del FRG y está a la espera de la sentencia del tribunal.
15 de febrero	Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia denuncian que han sido amenazados de muerte en torno al caso de la falsificación de la ley.
20 de febrero	La Corte de Constitucionalidad deniega el amparo del FRG por ser notoriamente improcedente.
27 de febrero	Los diputados del FRG en solitario, reforman la Ley del Régimen Interno del Organismo Legislativo y modifica el artículo 16 que estipulaba que si un diputado miembro de la Junta Directiva del Congreso pierde su inmunidad debe retirarse de la Junta Directiva. La maniobra busca evitar la salida de la Junta Directiva del Congreso de Ríos Montt ante la posibilidad de que el antejuicio sea declarado con lugar. El FRG obliga la emisión de una edición extraordinaria del Diario Oficial, para lograr la publicación de la reforma recién aprobada ya que de ello depende su entrada en vigor.
3 de marzo	Se interponen recursos de inconsitucionalidad parcial en contra de la reforma del artículo 16 de la Ley de Régimen Interno.
5 de marzo	La Corte Suprema de Justicia dicta el desafuero de 24 diputados, incluyendo a Efraín Ríos Montt y ordena al Ministerio Público continuar la investigación y el procedimiento. Los miembros de la Junta Directiva se niegan a irse de su puesto, ignorando y rechazando el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad ante cuatro recursos de inconstitucionalidad, presentados por diputados de oposición y el Movimiento Ciudadano.
12 de marzo	El juzgado tercero de Primera Instancia Penal es designado para llevar el caso. El juez Sergio Castro Romero asume el caso.
22 de marzo	El Presidente de la República, acompañado de la prensa, visita oficialmente el Congreso de la República, para apoyar a la Junta Directiva en su negatoria de salir de dicho órgano superior, tal como marca la ley.
24 de abril	El juez Sergio Castro recibió las declaraciones de los cinco miembros de la Junta Directiva acusados por la alteración a la ley. En el caso de los señores Efraín Ríos Montt y Luis Rosales los dejó en libertad simple, por supuesta falta de mérito, ya que el fiscal especial argumentó que no había pruebas en contra de ellos ya que estaban ausentes cuando se dio por aprobada la ley. Esto a pesar de que las firmas de ambos están en el decreto ley alterado y son corresponsables de la desaparición y destrucción de pruebas. Los otros tres miembros son involucrados en el ilícito y se les otorga libertad mediante medida sustitutiva (pago de una fianza de siete mil quetzales, menos de mil dólares).
27 de abril	Cuatro ciudadanos miembros del Movimiento Ciudadano solicitan al juez que se les permita ser querellantes adhesivos y que se interponga inmediatamente un recurso de revisión a la decisión de dejar libres por falta de méritos a los dos diputados.
2 de mayo	El juez declara a la prensa que rechazó la solicitud de los ciudadanos de constituirse en querellantes; sin embargo no existe ninguna notificación ni resolución escrita.
4 de mayo	Terminan las audiencias de los diputados implicados en el caso ante el juez Sergio Castro, otorgando medidas sustitutivas a todos y decidiendo la continuación del proceso. Se tienen seis meses para terminar investigaciones y definir el debate público.

Violaciones a los derechos humanos relacionadas con el impulso del caso

En contra de los operadores de justicia: Podemos encontrar las amenazas denunciadas por los magistrados de ambas cortes y el atentado que sufriera la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Magistrada Conchita Mazariegoz, a finales de Marzo por sus decisiones en torno al caso.
En contra de los defensores de derechos humanos: Se inició una campaña de amenazas e intimidaciones, que suñmaban 90 casos con el mismo patrón de septiembre del 2000 a febrero del 2001. Esto incluye un atentado armado en contra de Ricardo Lobo el 8 de octubre y 4 allanamientos en contra de CEIBAS una organización de derechos humanos que participa activamente en el Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia. El hecho más significativo fue la acusación de los diputados Mario Ribera y Carlos Wholers (ambos sindicados) y del Ministro de Gobernación Byron Barrientos de que las organizaciones de Derechos Humanos somos terroristas y que ibamos a cometer autoatentados. Este acusasión-amenaza ocurrió el 18 de septiembre del 2000.
En contra de la libertad de expresión: una campaña en contra de los diarios El Periódico y Prensa Libre, acusándolos de complotistas y de haber gastado millones para desacreditar al FRG con fines electorales.