En las grandes ciudades la crisis social está por todas partes. Igualmente dramática y poco visible es la crisis social en el campo. Desde el inicio del primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC), la agricultura, con innumerables formas de manifestaciones colectivas, viene señalando, contínua y crecientemente, los contornos políticos explosivos de la crisis que afecta el agro nacional. Ya en 1995, agricultores patronales de todo el país colocaron tractores y camiones en las carreteras y se dirigieron a Brasilia. Desde entonces, proliferan actos de protesta, "camionazos" y hasta cierres de la frontera con los países del Mercosur. Los agricultores familiares y trabajadores rurales, centenas de millares de ellos ya transformados en sin tierra, multiplican sus manifestaciones de masas en los Estados y en Brasilia, para emitir sus "Gritos" de desesperación ante la tragedia social que se abate sobre el sector. Para los trabajadores sin tierra, condenados a la miseria y a la desesperación, la alternativa ha sido la radicalización de sus acciones políticas por tierra, comida y condiciones de producción. Entonces, ¿cómo explicar esa agenda de reclamos del campo si el gobierno de Fernando Henrique garantiza fantásticas realizaciones con la reforma agraria, supersafras anuales y avances en el comercio agrícola externo? La respuesta es simple: fraude político. La liberalización de la agricultura Los orígenes de la crisis en la agricultura remontan a los desdoblamientos de la ruptura del patrón de financiamiento de la economía vigente hasta la década de los '70. Desviándose del núcleo del problema, los gobiernos de la época eligieron a los subsidios agrícolas como los villanos de las cuentas públicas. A mediados de la década de 1980, se implementaron profundos recortes en los recursos destinados a la agricultura. De una media anual en torno a los US$ 19 mil millones de dólares, en el período entre 1975 y 1979, los recursos destinados al crédito rural, en el período reciente, giran en torno a los US$ 4 mil millones de dólares anuales, y los subsidios en el crédito, que totalizaron cerca de US$ 31.5 mil millones entre 1970 y 1985, dejaron de existir, desde esa última fecha. El primero y más visible síntoma de la crisis sectorial instalada fue el crecimiento exponencial del grado de endeudamiento del sector, que viene siendo "empujado con la barriga". No es gratuito que el Censo Agropecuario de 1996 verificó que, desde 1985, por primera vez en la historia del país, se registraba la extinción de unidades agrícolas en Brasil. Sumaron nada menos que 940 mil unidades, de las cuales el 96% correspondía a áreas inferiores a 100 hectáreas, y de éstas el 73% era de las que alcanzaban hasta diez hectáreas. De acuerdo con el secretario de la Política Agrícola del primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del total de las pequeñas unidades que se extinguieron, 400 mil se dieron en los años de 1985 y 1996. En la década considerada, 21.3 millones de hectáreas dejaron de ser cultivadas entre 1985 y 1996, y el personal dedicado a la actividad agrícola se redujo en 5.5 millones de trabajadores. Con el acceso al poder de Fernando Henrique Cardoso se produce una radicalización del proceso de liberalización de la agricultura, a despecho del mantenimiento del escenario proteccionista ostensivo de este sector por parte de los países ricos, conforme anunciaba el Acuerdo Agrícola recientemente firmado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con esa estrategia, el gobierno, más allá de las motivaciones, pretendía un nuevo ciclo de modernización conservadora de la agricultura. De hecho apostaba a la llamada ancla verde como línea auxiliar de la ancla cambiaria en la sustentación del programa de estabilización de la moneda. En cuanto al precio depresivo en los precios domésticos, la estrategia ha sido plenamente exitosa, pues las importaciones agrícolas predatorias -frente a las distorciones provocadas por los subsidios agrícolas de US$ 360 mil millones de dólares por año, solamente en los países de la OCDE- saltaron de la media anual de US$ 3 mil millones de dólares en el período 1991-94, a US$ 6.8 mil millones de dólares, en promedio de 1995 a 1999, imponiendo, así, un esquema inclinado a la trayectoria de los precios agrícolas internos. En consecuencia, según estimaciones de la Confederación Nacional Agraria (CNA), de 1995 a 1999 se dio una transferencia de cerca de US$ 24.5 mil millones de dólares de la agricultura hacia los sectores urbanos, y la renta agrícola, medida según el concepto de valor bruto de la producción, declinó, en precios reales, de R$ 78.3 mil millones de reales, en 1994, a R$ 72.4 mil millones, en 1999. Política negativa En síntesis, se puede afirmar que la agricultura brasileña, a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sufrió una reducción de su capacidad productiva por efecto de una política agrícola negativa y socialmente excluyente que provocó el éxodo rural de cerca de 4 millones de personas, entre 1995 y 1999, mientras el gobierno resalta el asentamiento en el agro, por proyectos de reforma agraria, en el mismo período, del número poco confiable de 1.8 millones de personas. Los costos de los financiamientos para la agricultura familiar, en 1996, fueron superiores en un 19.5% a la tasa de inflación del año, en 1997 superaron en un 86.3% la inflación y, en 1998, en un 461%. En 1999, por cuenta de la desvalorización cambiaria, se situaron, atípicamente, en un 36% por debajo de la inflación. El incumplimiento con el crédito rural es evidentemente explosiva. Creció 182% entre 1997 y 1999, de acuerdo a los datos del Banco Central. La producción "per cápita" de granos declinó del nivel de 522.15 kilogramos por persona, en 1995, a 503 kilogramos por persona, en 1999, mientras el área plantada de granos se redujo, en el mismo período, en 2 millones de hectáreas. Últimamente el Producto Interno Bruto calculado por la Esalq de la Universidad de Sao Paulo, a partir de la metodología que corrige problemas de doble cuenta, se mantuvo, en 1999, ligeramente inferior al observado en 1995 (R$ 269,784 mil millones de reales). Las manifestaciones del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y de la Confederación de los Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) son apenas el siflido de la olla de presión. Congelar el salario mínimo, criminalizar a los movimientos sociales y promulgar medidas anti-reforma agraria sólo contribuyen al agravamiento de la crisis. ¡La tierra grita! *Aloizio Mercadante, economista, es líder del Partido de los Trabajadores en el Parlamento.