Las formas de represión a la sociedad civil son ahora, en muchos países, más sutiles que en los tiempos de las desembozadas dictaduras, pero igualmente fragmentadoras de las posibilidades de unión y de organización de las gentes. Y es en este particular espacio de lo concreto social donde el uso elitista, concentrado y monopólico de la información y la comunicación se constituye en la forma de agresión que divide a los colectivos humanos, hace un mito de la participación, (otra palabra usada y abusada), y tanto por defecto como por excesos, convierte el posibilitar que la gente se entere o no se entere, que se entere bien o que se entere mal, que reciba las voces y las palabras auténticas, u otras que se les dirigen de un modo intencionadamente sesgado, en un recurso del poder; con el cual se conspira, al mismo tiempo, por lo menos contra dos derechos humanos esenciales: el derecho de asociación y el derecho a la información. Tal vez no sea demasiado ocioso rememorar que el derecho a la información y a la comunicación es una batalla que vienen librando mentalidades esclarecidas desde hace mucho tiempo. Comenzó a plantearse en el seno de algunos foros internacionales, de los cuales la UNESCO fue en los inicios de los años ochenta la principal tribuna. Allí se denunció la gran mentira de una frase acuñada que abogaba por el "libre flujo de la información" lo cual, en la práctica, significaba reclamarles a los receptores de información que atendieran y se afiliaran a los criterios de quienes tenían, desde entonces, los recursos para hacérselos llegar y que les dejaran hacer, sencillamente, en nombre de una supuesta libertad de expresión. Eran los tiempos de popularidad máxima de los postulados de Marshall Mc Luhan que hacían del medio el todo. Y era a otros, y no a los tan variados segmentos conformadores de la sociedad por debajo de la capa de poderosos y de adinerados, a quienes pertenecían tales medios. Las cosas no han variado demasiado, sólo que actualmente se les llama de otra manera. Según se tenga o no se tengan posibilidades comunicativas, a las naciones y a los grupos humanos se les denomina info rich o info poor. Ahora, claro, se opera en redes y con más abarcadoras tecnologías. Cuando el derecho a la información comenzó a ser objeto de debates, coincidiendo -por cierto- con las discusiones primigenias sobre el derecho al desarrollo introducidas en el ECOSOC justamente por Cuba, mi país, dos grandes agencias de prensa norteamericanas (la Associated Press y la United Press Internacional) hacían del mundo lo que ya por entonces se llamó la gran aldea transnacional, (luego pasaríamos a "globalizar" el concepto), cuyo poder en materia mediática cobraba sus víctimas en el mundo subdesarrollado al monopolizar alrededor del 80% de toda la información que recibíamos. Un derecho ciudadano Mario Bennedetti, muy recientemente laureado en España por su obra literaria, denunciaba en 1986: "En tanto que las más importantes agencias del Tercer Mundo transmiten apenas 50 mil palabras por día, sólo dos grandes agencias norteamericanas emiten un promedio de 8 millones de palabras, o sea, las suficientes para que el Tercer Mundo se entere de cómo vive, lucha, sufre o muere, a través de ese gigantesco y casi exclusivo entramado de difusión política" (1). Si es, por lo general, el poder político y sus aliados y alianzas (incluida la iglesia católica en varias de nuestras naciones) la fuerza esencial que transforma en un desafío el ejercicio al derecho de asociación, es ese mismo poder político el que refuerza aquellas represiones al limitar, impedir y casi siempre distorsionar los contenidos que deberían nutrir este otro derecho humano esencial: el derecho de información. Más aún: "el quehacer mediático, al mantener prácticas excluyentes, actúa en contra de los derechos humanos consagrados universalmente (artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). De ahí la necesidad -subraya mi colega de ALAI, Irene León- de formular políticas sociales, públicas e internacionales que garanticen el derecho ciudadano a la comunicación como parte integral de los derechos humanos" (2). Y es importante subrayar en este contexto que el derecho a la información no es un derecho a ejercer por los periodistas o comunicadores o que los implique sólo a ellos y ellas; es un derecho de todos los humanos y humanas, de sus organizaciones y de sus grupos informales; es el derecho que hace las veces de puente y de polea transmisora; y la conexión que dimensiona, justamente, las posibilidades de enlaces y de asociación entre las personas. Y es aquí donde cabe una reflexión, la más simple de todas: mientras que las represiones, obstáculos e impedimentos al derecho de asociación, y por ende sus desafíos, son menos difícilmente identificables y visibles, las acciones socavadoras y opresivas del derecho a la información y a la comunicación suelen ser translúcidas y silenciosas: usted no sospecha de qué no se entera, usted no se imagina lo que no le dejan ver... De ahí que sea todavía pertinente citar al autor de "Las venas abiertas de América Latina", Eduardo Galeano, cuando apuntaba algo de lo cual ya nadie tiene dudas: "la historia ha sido desfigurada, escondida por los dueños del poder" A ello Benedetti agregaba la pertinencia de no atribuirle estas culpas sólo a "los dueños del poder político sino también a los del poder informativo que, normalmente, son una extensión de aquellos. ¿Qué es la desinformación sino una desfiguración de la historia, aunque se trate de la que se está haciendo en este instante? ¿Quiénes tienen verdaderamente el poder en el campo de la información?" (3). Un carril de dos vías Al abocarnos a la identificación y examen de los desafíos que enfrenta hoy el derecho de asociación quizás podremos coincidir en que estos riesgos y retos, no son sólo determinados por factores exógenos sino también por características endógenas a la sociedad civil de nuestro tiempo. Por lo mismo que más ricos y vitales, los movimientos populares de hoy -espinas dorsales de la sociedad civil que se busca a sí misma para sentirse integrada a un todo, en que también la individualidad se reconozca en función de mecanismos participativos para una descentralización del poder- son más diversos, conflictivos y problematizados tanto por las personas integrantes como por los componentes ideológicos que los alimentan. Yo diría que, en particular, por esto último. No olvidemos que siempre que se habla de ideas estaremos hablando de comunicación. El pensamiento no tiene otro modo de socializarse como no sea mediante el intercambio, aun por una mirada o un gesto que, en determinadas circunstancias, pueden ser concertadores y hasta conspirativos. ¿Dónde está la razón de ser, la esencia misma, de la voluntad de la gente de asociase si no en el hacerlo para perseguir metas comunes, para hacer avanzar las ideas sustentadoras de los movimientos y acciones en que se envuelven? ¿Qué y cuánto puede hacer una organización o grupo informal de la sociedad civil, y aun los individuos, si no conocen el manejo presupuestario por parte del gobierno, por ejemplo; si no están al tanto del tráfico con patentes medicinales derivadas del robo de conocimientos a la población indígena; si quienes desean y deben saberlo no están informados del número de mujeres que muere cada día por abortos no permitidos por las leyes de algunos países, donde un pedazo del cuerpo femenino es enajenado y se le constituye en propiedad del estado, propiedad social u objeto de legislaciones, apoyados en ideas retardatarias? ¿Qué decir, asimismo, del aislamiento de grupos sociales, de movimientos informalmente estructurados y aun de organizaciones, que no tienen acceso a la capacitación, que no pueden recibir información de los riesgos de la fragmentación desde dentro por caudillismos u protagonismos de nocividad evitable, que no conocen siquiera cuáles otras fuerzas en su propio país o en otros fronterizos, luchan y padecen los mismos esfuerzos e iguales dolores? Creo haber ejemplificado (de la manera más elemental, ciertamente), acerca de las necesidades de información que precisan y reclaman las organizaciones, y las dificultades que resultan de su carencia. Podrían ilustrarse, ad infinitum, tanto las urgencias como las ausencias de los asociados y por asociarse en materia de información y comunicación. En verdad, aunque ello no esté todavía demasiado claro para las mayorías, el derecho de asociación tiene su soporte y su espuela en el derecho de información. Uno y otro se necesitan recíprocamente. Y uno y otro, según sea la etapa o el país, deben enfrentar desafíos semejantes y/o complementarios. Pero nadie ignora cuántas vidas, sacrificios y represalias han entregado los y las comunicadores a la defensa del derecho a la información, a veces insuficientemente comprendidos y apoyados por quienes defienden el derecho de asociación, también a veces insuficientemente comprendidos y defendidos por los del lado de acá. El derecho de asociación y el derecho a la información conforman un carril de dos vías, por el que transitan y deberán transitar a mayor velocidad aún los trenes del futuro, para que el acceso a las autopistas de la información sea un ente compartido y los desafíos de quienes se juntan para hacer, encuentren nuevas compañías y mayor apoyo para sus luchas en quienes trabajan para generar dinámicas de cambios desde la comunicación. Estos -por demás- pueden alcanzar a miles y a millones en unos cuantos segundos. Una Conferencia Mundial sobre Comunicación La vocación por universalizar crecientemente la comprensión acerca de este derecho necesita también ser soportado desde el resto de los componentes de la sociedad civil, en los foros nacionales y multilaterales, en los cónclaves internacionales. Viena + 5 lo hizo de un modo estimulante. Pero se necesita más. Todos los que hemos envuelto nuestra propia piel en defensa de los derechos de las humanas y los humanos estamos convocados a impulsar y apuntalar el pedido que ya se ha hecho desde múltiples instancias al sistema de Naciones Unidas para que en un tiempo futuro no lejano acoja una Conferencia Mundial sobre Comunicación que coloque la importancia de este asunto en el punto de mira universal; por la trascendencia de este derecho para su propio ejercicio y para garantía de todos los demás; y para maximizar la comprensión de que en el derecho a la comunicación estamos todos contenidos; y no únicamente los que hacemos profesión con enlazar pueblos, conceptos y miradas. Hoy sabemos que el desarrollo no es lineal, que no siempre es imprescindible quemar una etapa para pasar a la siguiente. Y eso vale para comprender un escenario en que se produce de un modo más visible que en ningún otro la posibilidad de concertación entre quienes, en defensa de los derechos humanos, prestan atención en particular a los de asociación y a los de información. Si los arreglos y colaboraciones entre el norte y el sur han sido casi siempre azarosos, una parte al menos de los que puedan surgir entre los info rich y los info poor podrían quizás nacer con el sello de un tiempo nuevo. Porque si bien los equipamientos siguen teniendo propietarios, los conocimientos en materia de tecnologías de la comunicación se democratizan a ritmos más veloces, y el capital humano va pasando, aceleradamente, de individual a colectivo. Es este tipo de articulación, este montaje de redes de intercambio entre movimientos populares y creadores de opinión lo que desde hace algún tiempo ha venido promoviendo ALAI, con experiencias notables cuando, por ejemplo, en 1995 se produjo la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en que computadoras operadas por mujeres en 85 países se enlazaron mediante esfuerzos auspiciados, entre otros, por ALAI, y millones de personas en todo el mundo recibieron una información que hacía honor a la voluntad de materializar el derecho de todos los humanos y todas las humanas a la información. Subsumidas en todos esos contenidos se hallaban centenares de asociaciones de mujeres que en las varias esquinas del universo iban apropiándose de nuevos espacios. Pienso que si de algo tampoco debe haber dudas es del avance vertiginoso que ellas, nosotras, las mujeres, hemos registrado en las tres últimas décadas. l) Benedetti, Mario: "Maniobras y mecanismos de desinformación", revista UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, edición de marzo-abril l986, páginas 6 y siguientes. 2) León, Irene: "El derecho a la comunicación como derecho humano", Servicio Informativo ALAI, No. 216, 7/07/95. 3) Ibidem, citado en 1. * El Foro "Desafíos al Derecho de Asociación en México y América Latina" se realizó en la Ciudad de México, del 16 al 18 de junio. ALAI estuvo presente por intermedio de Mirta Rodríguez Calderón, periodista cubana.