Con un gran participación ciudadana este 19 de mayo se cumplió en toda Colombia, la jornada denominada "pausa por la paz" para demandar el cese de la violencia que azota al país desde hace 50 años.

Los ciudadanos/as pertenecientes a una multiplicidad de instituciones y organizaciones de 1100 pueblos y 15 capitales departamentales se paralizaron por media hora y salieron a la calle con banderas y pañuelos blancos. Al son del repique de campanas y trompetas, los estudiantes de universidades y escuelas participaron en marchas y cadenas humanas, al tiempo que se guardó un minuto de silencio por los asesinados y desaparecidos. La jornada, organizada por el "Frente Social Amplio por la vida, contra la guerra sucia y por la distensión del conflicto armado", se cumplió al conmemorar el primer aniversario del asesinato de Elsa Alvarado y Mario Calderón, profesionales del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, por parte de grupos paramilitares.

En la noche del 18 de mayo, el movimiento de mujeres organizó una vigilia en la Plaza Bolívar de Bogotá porque "ninguna muerte violenta es justificable, y no queremos más víctimas, no importa a qué lado del conflicto pertenezcan". Vestidas de negro y con una cinta blanca en la cabeza, las mujeres cumplieron un acto simbólico para desterrar el miedo, dibujando con velas y flores el mapa de Colombia en la que señalaron los sitios de las masacres ya anunciadas, "porque no queremos seguir aterradas esperando las noticias de las próximas muertes".

Estas expresiones ciudadanas por la paz, se cumplen en respuesta a una nueva escalada de violencia, que ha incluido el asesinato de defensores de derechos humanos, del ex-ministro de Defensa, Fernando Landazabal, y otra masacre colectiva en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, en la que paramilitares mataron a 11 personas y desaparecieron a 4O. Paradójicamente, el mismo día que se cumplió la jornada de paz, los violentos asesinaron en Cali al periodista Bernabé Cortés.

Doble discurso

Los organismos de derechos humanos continúan siendo el blanco del hostigamiento del ejército. El 13 de mayo fue allanada la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, un organismo de defensa, promoción y protección de derechos humanos ligado a la Iglesia. Aunque los militares argumentaron que iban a encontrar propaganda del insurgente Ejército de Liberación Nacional, el propósito real parece ser otro: atemorizar a los religiosos y laicos que laboran en esta institución y filmar la documentación del "Proyecto Nunca Más", iniciativa que se lleva a cabo en conjunto con otras organizaciones y está encaminada a esclarecer la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia en los últimos 30 años. Por impulsar un proyecto similar de recuperación de la memoria histórica fue asesinado en Guatemala Monseñor Juan Gerardi.

"En Colombia se está tornando una actividad peligrosa defender los derechos humanos, así como ser dirigente cívico, líder comunal, dirigente campesino, sindical o agrario", señala el abogado Alirio Uribe Muñoz de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien recuerda que en el últimos 10 años se han producido 20.000 asesinatos políticos.

En el país, según Alirio Uribe, hay una doble política en relación a los defensores de los derechos humanos: las entidades que se ocupan de la defensa de los derechos humanos como la Procuraduría, la Defensoría e incluso el mismo Presidente de la República han destacado la importancia de su actividad y de la supervisión que realizan en esta materia. "Pero paradójicamente, paralelo a ese discurso, sobre todo desde sectores de extrema derecha, de las mismas fuerzas armadas y de la misma fuerza pública en general, se nos estigmatiza, se nos señala en programas del ejército y en declaraciones públicas, como enemigos de las instituciones, como enemigos de las fuerzas armadas. Y eso obviamente se ha traducido en actos de guerra sucia, se habla de más de 20 dirigentes miembros de los derechos humanos asesinados en el último año y medio", agrega Alirio Uribe.

Paramilitarismo y desplazamiento

En el gobierno de Ernesto Samper, la situación de los derechos humanos ha llegado a su punto más crítico. Para el Dr. Alberto León Gómez, de la Comisión Colombiana de Juristas, se ha acrecentado algunos fenómenos como el paramilitarismo y el desplazamiento forzado. Corroborando las apreciaciones de León Gómez, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, indica que de las violaciones a derechos humanos cometida en 1997, un 76,8% corresponde a los grupos paramilitares como responsables, casi un 15% más que en 1996; un 4.4% a los agentes estatales (fuerza pública: militares y policías) y un 18,6% a los grupos guerrilleros.

En los últimos años hay una tendencia al desplazamiento de la responsabilidad de los agentes estatales hacia los grupos paramilitares, tendencia que se origina y tiene fundamento en la "necesidad de encubrir la acciones del Estado que no se ajustan a la ley, y que por tanto, deben aparecer como "ajenas al Estado"; es decir, cometidas por grupos privados", señala la revista Cien Días del CINEP (No 40, enero-marzo 1998). En materia de poblaciones desplazadas, el incremento fue de 89.510 refugiados en 1995 a 250.000 en 1997.

Derechos económicos, sociales y culturales

Pero si esto sucede con los derechos civiles y políticos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales la situación tendió a empeorar. Por ejemplo, en lo que respecta a empleo, el régimen de Ernesto Samper prometió, en el marco de su política de "salto social", crear más de 600.000 puestos.

Las estadísticas se han encargado de desmentirlo. "Estadísticas no oficiales, pero si confiables sitúan al desempleo a un nivel del 14%... Por otra parte, la economía informal ha crecido, situándose en un 63%, esto supone un crecimiento del subempleo y de formas precarias de ocupación", señala Alberto León Gómez. "El nivel de pobreza se ha, por lo menos, mantenido, y es superior al 50% y también el nivel de indigencia... y cuando digo por lo menos se ha mantenido es porque la estadística oficial no reconoce incremento, pero hay estadísticas elaboradas por institutos de investigación privados, que revelan que el porcentaje de población por debajo de nivel de indigencia se han incrementado en unos 3 o 4 puntos, en estos cuatro años", agrega.

Por su lado, Alirio Uribe Muñoz señala que la situación de inequidad y concentración de la riqueza es evidente en el país. En lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra se sigue manteniendo en una media aproximada de un 7% de propietarios que tiene las dos terceras partes de la totalidad de las tierras más productivas, en tanto se habla de un millón de campesinos sin tierra. "La Constitución dice que a los campesinos hay que garantizarles el derecho a la tierra, a los insumos, a créditos, pero en Colombia no hay una política agraria, por el contrario, con todo el fenómeno del paramilitarismo y de la guerra sucia, ha habido una concentración de la tierra en terratenientes, gamonales, en los sectores del narcotráfico manejados y dirigidos por la mafia", acota.

En el problema de la vivienda, hay un déficit de por lo menos 3 millones 700 mil viviendas; más de la mitad de la población no tiene agua potable; la esperanza de vida en Colombia pasa de los 67 años, pero si se mira regiones como el Choco, la zona pacífica donde viven las negritudes, se encuentra que es de 50 años. Un alto porcentaje del producto interno bruto se dedica a la guerra y el conflicto armado, lo que está diezmando los recursos de lo social, repercutiendo directamente en el nivel y la calidad de vida de la población colombiana. Tampoco se ha puesto en marcha una política que tienda a combatir las desigualdades sociales y económicas; por el contrario, en medio del conflicto y de la crisis hay una mayor concentración de la riqueza.

Se desmonta la Brigada XX

La situación de derechos humanos en Colombia es materia de preocupación de la Comunidad Europea y de Estados Unidos. Este último país se involucró directamente en el tema al respaldar las denuncias del diario Washington Post y de Human Rights Watch en el sentido de que la Brigada XX de Inteligencia Militar tendría vinculación directa con la escalada de exterminio de líderes de izquierda y defensores de los derechos humanos. Otra medida que adoptó el Departamento de Estado fue la revocatoria de la visa del general Iván Ramírez, actual inspector del ejército y quien, como jefe de inteligencia, supervisó las operaciones de la Brigada XX entre 1992 y 1995. Washington Post, en concreto, denunció que esta Brigada sería la responsable de los asesinatos del jurista Eduardo Umaña Mendoza, de la ex-dirigente comunista María Arango y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Ovalle.

Otras versiones de prensa indican que esta y otras brigadas de inteligencia tendían relación con grupos paramilitares que han cometido numerosas masacres y asesinatos, y con las llamadas cooperativas de seguridad CONVIVIR. Los altos mandos militares, con el ministro de Defensa Gilberto Echeverri a la cabeza, reaccionaron duramente a las denuncias del periódico estadounidense calificando de "calumnioso" al artículo y responsabilizando a la prensa por las informaciones "negativas". La avalanchas de denuncia a nivel interno y externo, sin embargo, llevaron a los altos mandos militares a anunciar la decisión de desmontar la Brigada XX, la cual estaba al mando del Coronel Paucelino Torres y respondía directamente del comando del ejército.

Todavía se desconoce si la preocupación manifestada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por la situación de derechos humanos tendrá alguna repercusión sobre su política de apoyo al ejército en el combate contra la guerrilla. En la segunda semana de mayo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, visitó las zonas de guerra selváticas y sugirió que lo que hace falta son ataques más directos a las zonas de influencia de la guerrilla, como una forma de combatir el narcotráfico. Estados Unidos mantiene en Colombia más de 200 asesores militares, cerca de mil oficiales asisten a sus escuelas de contrainsurgencia, en tanto que ahora estudia la elevación de la ayuda a Colombia a unos 100 millones de dólares.

Las FARC, por su lado, han declarado como objetivo militar a los asesores anti-droga de los Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de una internacionalización del conflicto armado. Hacia el futuro, la situación de los derechos humanos no es alentadora, pues, pese a su importancia, poca atención ha recibido de los candidatos a la Presidencia que tercian para los comicios del 31 de mayo y especialmente de los más opcionados: el conservador Andrés Pastrana y el liberal Horacio Serpa. A los candidatos "se les ha instado a que fijen su posición y su programa de derechos humanos, pero la contestación es de respuestas evasivas, puntos comunes, afirmaciones de carácter general, sin un programa que los comprometa realmente con el tema de los derechos humanos. Esto vale para todos los candidatos", señala del Dr. Alberto León Gómez.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 273, ALAI, 28-05-1998, Quito.