Del 8 al 12 de octubre se desarrolló el I Encuentro Internacional sobre Modelo Extractivista Minero Energético entre la ciudad de Neiva y Garzón, situadas en el departamento de Huila, al sur de Colombia. El foro fue el resultado del trabajo conjunto entre la Asociación de Afectados por la represa hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), el movimiento Ríos Vivos, que articula las resistencias frente a la construcción de grandes presas hidroeléctricas en Colombia, y Stop Enel, la red de organizaciones italianas que denuncian la violación de derechos humanos por la empresa Enel y sus filiales. Y el objetivo que perseguía era analizar cómo los proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos se están expandiendo por toda América Latina, cómo las empresas transnacionales son las principales beneficiadas y cómo, lejos de llevar el progreso y el desarrollo, están causando una fuerte crisis socioeconómica en la población rural afectada, el desplazamiento forzado y la destrucción de ecosistemas de gran valor natural.
El encuentro tenía como caso paradigmático la construcción de la presa hidroeléctrica de El Quimbo, que inundará 8.250 hectáreas del departamento de Huila. De hecho, la gran mayoría de las personas que acudieron eran afectadas por el proyecto: campesinado, pescadores y pescadoras, comerciantes, transportistas… La empresa responsable de esta central hidroeléctrica es Emgesa, filial colombiana de Endesa que, a su vez, tiene como principal accionista la empresa italiana Enel. La transnacional controla una parte importante del sector energético colombiano, pues esta compañía produce el 21% de la electricidad que se consume en el país, es decir, tiene un gran poder económico y político. Y ha hecho valer este poder en todo el proceso, no ha importado que el 95% del proyecto se ubique sobre la Reserva Forestal de la Amazonía, eliminando así casi 1.000 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, de gran valor por su rareza y biodiversidad. No ha importado tampoco que este mismo proyecto fuera denegado la primera vez que se presentó, en 1997, por la crisis socioeconómica que generaría en un territorio calificado por las mismas instituciones públicas como “las mejores tierras con aptitud agrícola de la región”. Y, por último, las exigencias socioambientales contempladas en la licencia ambiental otorgada por el Estado colombiano fueron paulatinamente rebajadas a través del poder jurídico y político de Emgesa.
El proyecto lleva un avance, según fuentes empresariales, del 53% de la obra y, tal y como se predijo en 1997, ha causado una fuerte crisis socioeconómica. La filial de Endesa-Enel ha ido comprando las fincas productivas situadas en la zona del futuro embalse, y con ello, ha ido eliminando la actividad agropecuaria. El resultado ha sido la pérdida del empleo de miles de jornaleros y jornaleras del campo, la expulsión de pescadores y pescadoras del territorio cercano al río, la paralización de otras profesiones ligadas a la actividad agraria (transportistas, comerciantes, constructores, etc.)... Si bien hay contempladas compensaciones a la población afectada hay fuertes denuncias al respecto. Por un lado, la población que tiene que ser desplazada de su territorio, y reubicada en otras zonas que tengan las mismas condiciones del sitio donde vivían, todavía no han sido efectivamente reubicadas. Por cierto, la reubicación se situará en otras fincas que estaban en producción agropecuaria así que se está generando más desempleo y enfrentamiento entre la población a reubicar y la que ahí trabajaba.
Por otro lado, los jornaleros y jornaleras que, aunque trabajaban en las fincas que se van a inundar, viven fuera de esta zona. Estas personas laboraban la tierra sin ningún tipo de contrato y, por lo tanto, en algunos casos han sido reconocidas como afectadas y en otros muchos casos no, dependía de lo que comunicara el patrón. Precisamente la población más vulnerable, la que ahora no está encontrando trabajo, la que en voz de Gyna, campesina de Garzón, muestra cómo a veces viven “con la zozobra de que si almorzamos no cenamos”, la que no sabe cómo va a pagar sus deudas, la luz, el agua, el arrendamiento… esa población no tiene ningún tipo de restitución y sus reclamaciones no son escuchadas por el Estado colombiano para que exija a la empresa que mitigue los daños que está causando. Ante la connivencia entre el Estado y la multinacional muchas personas afectadas se han articulado en Asoquimbo para mostrar su oposición al proyecto con mayor fuerza, para reivindicar, con paros y marchas, que “o se van las multinacionales del territorio, o ¡las echamos!”, para iniciar acciones judiciales, y para tomarse las tierras que hasta hace pocos años trabajaban y ahora no pueden porque son de Emgesa. El objetivo es volver a producir alimentos en ellas y así afrontar la fuerte crisis que está viviendo una buena parte de la población, visibilizar la inviabilidad del proyecto y crear reservas campesinas agroalimentarias que permitan una vida digna a los jornaleros y jornaleras víctimas del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo.
Lunes 21 de octubre de 2013
