El paro nacional agrario y popular ha entrado definitivamente en su etapa de desenlace. El gobierno ha aceptado en Popayán organizar otra mesa de negociación con representación de  los campesinos movilizados especialmente de los departamentos del Suroccidente Colombiano (Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Cauca y Nariño) aunque allí estarán incluidas otras regiones donde se mantienen combativas movilizaciones que están coordinadas por la Mesa de Interlocución Agraria MIA como el Meta, Guaviare, Santander y Antioquia.

 

Todavía es temprano para hacer un balance de los resultados de esta grandiosa, magnífica, potente, beligerante e histórica lucha en la que confluyeron dos sectores diferentes de los campesinos colombianos (por un lado, productores agropecuarios especializados en cultivos permanentes y transitorios, y por el otro, campesinos colonos de zonas periféricas), sin desconocer la participación de mineros tradicionales y transportistas. En la mesa de Tunja está en desarrollo la negociación y en la mesa de Popayán recién se inician los contactos entre gobierno y la dirigencia campesina.

 

Sin embargo podemos hacer un balance de la participación y de la posición que asumieron las clases y sectores de clase comprometidos en esta confrontación, e igualmente del proceder de las correspondientes expresiones políticas en esta coyuntura de avance revolucionario de nuestro pueblo. El paro agrario puso a prueba a todas las fuerzas, clases y sectores de clase, y mostró las cualidades así como las falencias de las fuerzas revolucionarias, de los conciliadores y de los enemigos del pueblo.

 

Primero exploremos la actitud de las clases dominantes. Los terratenientes y empresarios del campo incluyendo algunos antiguos campesinos ricos, representados por Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie (Centro Democrático, un sector del partido de la U y un sector de los conservadores), que habían apoyado decididamente el paro cafetero de febrero-marzo de 2013, en ésta ocasión apoyan de palabra el paro agrario pero paralelamente llaman la atención sobre el peligro de "cerrar la economía".

Cuando la lucha se planteó por subsidios, los grandes productores de café estuvieron del lado de la protesta y colaboraron sobre todo económicamente para sostener el movimiento. Pero ahora, cuando el movimiento agrario asume la lucha contra los Tratados de Libre Comercio TLCs o su renegociación, aparentan apoyar el paro para no perder votos pero en la práctica muestran todo su carácter entreguista y pro-estadounidense, y dan la orden de no participar activamente. Ello influyó en la participación del resto de caficultores como ya lo habíamos referido en el artículo “La fuerza e impacto del paro nacional agrario”.[1]

 

Ello se explica por cuanto los EE.UU. son su principal aliado contra el "terrorismo" de las FARC, que al lado del bolivarianismo latinoamericano ellos consideran su principal enemigo.[2] Además, sabían que de triunfar el paro, la izquierda (Polo-MOIR) por un lado, y por el otro, Marcha Patriótica, serían los sectores políticos que cosecharían frutos con mayor consistencia.

 

Esta es una importante lección – sobre todo – para las fuerzas de Izquierda que como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, se han hecho falsas ilusiones sobre el papel revolucionario de la “burguesía nacional” en esta etapa de nuestras luchas. Es importante anotar que la actual dirigencia de ese partido ha revisado y tergiversado las ideas sobre esta materia de su principal dirigente y fundador Francisco Mosquera (quien murió en 1994), cuando afirmaba que…

Ese abandono de las ideas de Francisco Mosquera es lo que ha llevado a la actual dirigencia moirista a otorgarle prelación a la asociación con la “burguesía nacional”, negándose a establecer una alianza con los campesinos pobres y el semi-proletariado, que en Colombia luchan por la tierra, contra la concentración de la propiedad latifundista y por la defensa del territorio y la producción campesina mestiza, indígena y afrodescendiente.

 

Este paro agrario ha colocado en el escenario político la lucha contra los TLCs, que es la profundización del neo-colonialismo que desde principios del siglo XX ha implementado el imperio estadounidense, pero que en el siglo XXI representa un nuevo tipo de dominación y explotación, mucho más efectiva y concentrada, por obra de los grandes conglomerados capitalistas transnacionales que han subordinado bajo sus intereses financieros en intrincadas y complejas formas, no sólo a los grandes capitalistas que ya constituyen una “burguesía transnacionalizada” (tipo Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Argos y el Sindicato antioqueño, y muchos más grupos financieros) sino que absorben y supeditan bajo su control hasta a los pequeños y medianos productores rurales y urbanos.

 

Esa línea política errada que rechaza la alianza con los campesinos pobres y le otorga la dirección política de los movimientos reivindicativos a la “burguesía nacional” tiene su mayor expresión en este paro agrario en el acuerdo concertado entre los cafeteros del Huila y el gobierno nacional firmado en Neiva, que en síntesis consiguió ampliar el pago del PIC (Protección al Ingreso Cafetero) para el año 2014, la condonación de deudas bancarias hasta por un monto de $20 millones de pesos, y algunas promesas sobre fertilizantes e insumos, pero que no contempla para nada la reivindicación planteada con las demás “dignidades” sobre la revisión de los TLCs. Tal acuerdo fue conseguido por la sacrificada lucha de cafeteros pequeños y medianos del Huila, que son la mayoría de los caficultores de ese departamento, pero sin el concurso activo de los grandes productores del tradicional eje cafetero que seguramente serán los principales beneficiarios de ese acuerdo.

 

Se puede afirmar que en este convenio se vuelve a imponer la visión economista de los grandes productores de café (“burguesía nacional”) y que los problemas de fondo de la caficultura colombiana, que tienen que ver con la aplicación de las políticas neoliberales, no se tuvieron en cuenta y ni siquiera aparecen entre los temas no acordados de la respectiva acta.[4]

 

En la práctica la lucha de las “dignidades” no se planteó en ningún momento la tarea de enfrentar la política de convertir a los campesinos y pequeños productores agrarios en “socios” subordinados a grandes empresas agro-industriales, que es la nueva modalidad de Cooperativas de Trabajo Asociado implementada por Indupalma en el Magdalena Medio y el departamento del Cesar por el nuevo ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, que es una forma de camuflar la proletarización de los campesinos y sobre-explotarlos de una manera que recuerda la relación que existía entre el antiguo terrateniente y el campesino aparcero (aparcería de nuevo tipo).

La potencialidad mostrada por el conjunto del movimiento campesino en este paro nacional agrario y popular, que se manifestó principalmente en cabeza de los pequeños productores (campesinos pobres y jornaleros del campo) obligará a revisar la actual política del MOIR y rescatar planteamientos de “Pacho” Mosquera como el siguiente:

Es evidente que la política actual del MOIR, de otorgarle la dirección política del movimiento a la “burguesía nacional”, no contribuyó a la unificación y centralización de las fuerzas comprometidas en el paro, y es la principal responsable de que no se hubiera avanzado más en poner contra las cuerdas a la “burguesía transnacionalizada” que es la que dirige y controla al gobierno de Santos. Sin embargo la lucha de clases se va a profundizar en el inmediato futuro. Los pequeños y medianos productores de café, papa, ganadería de doble propósito (leche y carne), cacao, arroz, hortalizas, frutales y otros productos, van a continuar sufriendo el impacto del modelo neoliberal depredador de la economía campesina, y van a protagonizar nuevas luchas que tendrán que involucrar a la población de las ciudades, como se presentó en ésta ocasión con la solidaridad protagonizada por miles de citadinos, que hasta ahora es un anuncio de lo que va a ser una verdadera alianza revolucionaria de las clases subordinadas de nuestro país.

 

En otros artículos trataremos sobre el comportamiento de la burguesía transnacionalizada, que defiende a ultranza el modelo neoliberal imperante y que como lo manifiesta el nombramiento como Ministro de Agricultura del gerente de Indupalma, no está dispuesta a reversar su política neoliberal sino a profundizarla, incluso apoyándose supuestamente en los acuerdos de La Habana con la guerrilla. También trataremos la actitud de la burguesía burocrática que ante la debilidad de la posición gubernamental consiguió nuevos espacios en la alianza oligárquica, que se concretan en el nombramiento de dos nuevos ministros dentro del gabinete de Santos, el de justicia Alfonso Gómez Méndez y el de Minas y Energía Amilkar Acosta, ambos de la línea política de Ernesto Samper, que van a ser utilizados para hacer apariencia de “estatismo” y de un supuesto “compromiso social”.

 

También analizaremos el comportamiento de las clases populares. Detallaremos la actitud asumida por los trabajadores del Estado (trabajadores de la salud, educación, sector petrolero) representados por las centrales sindicales, la actuación de los transportistas, de los pequeños y medianos mineros y los mineros tradicionales, la posición de las comunidades indígenas, especialmente las del Cauca (CRIC), la reacción de los jóvenes de clases medias y estudiantes que fueron la fuerza central de los “cacerolazos”, y la actitud expectante del resto de la población trabajadora (proletariado tradicional, “precariados” y trabajadores informales como los moto-taxistas y vendedores ambulantes). 

 

Adelantándonos a las conclusiones podemos decir que es urgente – en medio del trabajo cotidiano – abrir un debate sobre la orientación general del movimiento popular y las amplias posibilidades que existen de levantar una plataforma de lucha[6] que unifique a los sectores populares, colocándonos a la altura de los importantes avances revolucionarios mostrados por nuestro pueblo. La sumatoria mecánica de pliegos de exigencias sectoriales debe ser revisada y superada por el movimiento popular.

 

No sobra decir que el gobierno espera la participación de los sectores y organizaciones movilizadas en el “pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” que va a instalar el próximo 12 de septiembre en Bogotá. Considero que es importante asistir para dañarles la fiesta. Allí se pueden denunciar las trabas y las contradicciones que el gobierno presentó en las mesas de negociación. En ese escenario se debe llevar la propuesta de realizar una consulta popular sobre la necesidad de revisar los Tratados de Libre Comercio en materia agrícola y de propiedad intelectual (semillas).

 

Es hora de la audacia revolucionaria de las masas populares. La oligarquía en su conjunto está a la defensiva. Es el momento de colocar sobre la palestra política las iniciativas que se jugaron en este paro y que obtuvieron un amplio despliegue informativo y un apoyo creciente de amplios sectores de la sociedad. El gran encuentro de organizaciones sociales y populares debe ser convocado de inmediato y deben hacerse los mayores esfuerzos por construir la unidad, o por lo menos, conseguir la mayor coordinación entre los diferentes sectores populares.        

 

Popayán, 8 de septiembre de 2013