Recientemente fue condenado a 20 años de cárcel el pandillero Wilmer Cruz Romero, de 21 años, por haber abusado y embarazado a una adolescente, según falló un Tribunal de Sentencia de San Salvador. El expediente judicial registra que la menor fue ultrajada en Mejicanos cuando tenía 15 años. Para que no dijera nada a sus padres, el victimario la había amenazado de muerte. Durante el proceso, la víctima relató que Cruz Romero la sedujo cuando ella tenía 13 años. Fruto de los abusos, la menor quedó embarazada y cuando le pidió que se responsabilizara del bebé, el sujeto optó por cortar la relación y solo la llamaba para advertirle que la mataría si lo denunciaba.

 

Este no es un caso excepcional ni exclusivo en el país; la violencia sexual es común en la vida de las adolescentes. Para muchas, la primera actividad sexual se hace bajo coacción. Con frecuencia, los varones adolescentes y adultos toleran, o incluso propician, esa coacción. También las jóvenes pueden considerar que la violencia sexual o la actividad sexual obtenida por la fuerza es algo normal. Las circunstancias de este tipo de violencia suelen ser reiterativas: las niñas son objeto de violación y otro tipo de abusos perpetrados por personas que conocen, incluso miembros de su familia. En definitiva, este caso y otros de distinta índole, pero con la misma consecuencia, muestran que un buen número de los embarazos en adolescentes están relacionados no tanto con una decisión personal, sino con factores estructurales como la violencia de género, el abuso sexual, la ausencia de los progenitores, la falta de conocimientos sobre salud reproductiva y la pobreza.

 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la actualidad hay más de 600 millones de niñas en el mundo. Cerca de 16 millones de ellas, de entre 15 y 19 años de edad, dan a luz cada año. En los países en desarrollo o empobrecidos, 19 de cada 100 jóvenes menores de 18 años dan a luz; tres de ellas no llegan a los 15 años de edad. En América Latina, un 10% de las adolescentes de entre 15 y 19 años de edad son madres; la región tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes (alrededor de 70 nacimientos por mil mujeres). Y en El Salvador, una de cada tres niñas ya ha sido madre antes de cumplir 18 años; 29 de cada 100 partos, a nivel nacional, ocurren en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

 

Para el director ejecutivo del Fondo de Población, Babatunde Osotimehin, los embarazos en adolescentes están arraigados en la pobreza, la desigualdad basada en el género, la violencia, los matrimonios forzados de niñas, el desequilibrio de poderes entre niñas adolescentes y sus parejas masculinas, la falta de educación, y el fracaso de los sistemas e instituciones creados para proteger sus derechos. De allí que el objetivo del Día Mundial de la Población de 2013 es sensibilizar sobre los problemas que conlleva el embarazo adolescente. El propósito explícito es asegurar que todos los embarazos sean deseados, todos los nacimientos seguros y que todos los niños puedan desarrollar su potencial.

 

Desde luego, esto no será posible sin un compromiso por parte de los Gobiernos, comunidades y personas, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, para invertir y cuidar de las niñas y adolescentes. La razón primaria de esta medida debe ser el reconocimiento de que la dignidad y los derechos humanos de este grupo han de respetarse, protegerse y cumplirse. Cada niña, sin importar dónde viva o su circunstancia económica, tiene el derecho de desarrollar su potencial humano.

 

Ahora bien, al margen de la coacción sexual, es un hecho que las relaciones sexuales inician a edad temprana y que los adolescentes sexualmente activos tienen escasos conocimientos sobre salud reproductiva, riesgos y derechos individuales en este ámbito de la vida. Y está comprobado que cuanto más joven es la niña embarazada, mayores son los riesgos para su salud. Por ello, el Fondo de Población recomienda ampliar el acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva y sexual para los jóvenes, especialmente para las adolescentes más pobres y vulnerables; ampliar la educación integral sobre sexualidad dentro y fuera de las escuelas; eliminar el matrimonio en la infancia; y cuestionar las leyes y políticas restrictivas que limitan el acceso de las niñas a los servicios de salud (entre ellas, las leyes que estipulan que la niña debe contar con un permiso por escrito del padre, la madre o el esposo para tener acceso a los anticonceptivos).

 

¿Qué aspectos, pues, son necesarios para garantizar una buena transición de la adolescencia a la adultez, teniendo como eje la problemática del embarazo en adolescentes? El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, plantea que para hacer frente a este tipo de retos se debe dedicar atención y recursos a la educación, la salud y el bienestar de las adolescentes, de tal forma que ellas se transformen en una fuerza para el cambio positivo de la sociedad, que tendrá efecto en las generaciones venideras. En tal sentido, nos recuerda que cuando se educa a una niña es más probable que se case más tarde, postergue el nacimiento de sus hijos hasta que esté preparada, tenga hijos más saludables y pueda apropiarse y hacer valer sus derechos.

 

En pocas palabras, la propuesta está directamente relacionada con la protección de los derechos humanos de las adolescentes. Y esto implica, entre otras cosas, crear condiciones para que las niñas sigan asistiendo a las escuelas hasta terminar el nivel secundario o al menos asegurar que estén alfabetizadas; proporcionar conocimientos para la vida y asesoramiento psicosocial, de modo que las adolescentes tengan conciencia de sus derechos y conozcan cuáles son los servicios disponibles; formular programas para involucrarlas en la vida social, económica y política del país; y, desde luego, fortalecer las instituciones orientadas a combatir el flagelo de la violencia sexual contra las niñas.