He aquí los hechos históricos que consagran incuestionablemente los derechos de Bolivia:

El reclamo marítimo del pueblo de Bolivia se apoya en la invalidez del Tratado de 1904, dado que fue firmado bajo presión militar y como culminación de una guerra de rapiña instigada por el imperialismo británico de la época.

 Considerando que Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla son puertos marítimos indispensables para el progreso de Bolivia, nuestro reclamo no hace más que proclamar el derecho inalienable a la vida. Los pueblos no pueden contemplar impasibles la asfixia de uno de sus hermanos en un enclaustramiento desesperante.

 Chile tiene la obligación moral, política y ética de restituir a Bolivia su acceso propio y soberano al mar, terminando con el indignante tutelaje que ha imperado hasta hoy.

 Es demasiado el tiempo transcurrido desde que una guerra que inició Chile en el año 1879 cercenó el territorio boliviano, dejando al país en una situación de absoluto menoscabo de cara al desarrollo y a la posibilidad de contar con los elementos que hubiesen podido hacer de su comercio marítimo un puntal firme para sostener su desarrollo, tal como lo son el desenvolvimiento portuario y naviero que le hubiera permitido acceder a ultramar. Bolivia, llevada a firmar un tratado leonino impuesto por Chile, potencia invasora, abusiva y victoriosa en la agresión del Pacífico, no tuvo más remedio que someterse al articulado de dicho documento, ya que carecía de todo elemento de coerción que le hubiese permitido negociar en condiciones más propicias.

 Restituir a Bolivia por lo menos un puerto útil que le permita el acceso al mar, no será resultado de una graciosa dádiva, sino un hecho de justicia. Lo que es legal no es necesariamente legítimo. Y si bien, en la legalidad de la letra y la firma del tratado de 1904 que se le impuso a Bolivia, se dice que Chile accede al dominio del Departamento del Litoral, no es legítimo que esa letra sea en la práctica una condena al enclaustramiento perpetuo de un Estado que, como el boliviano, merece por derecho propio contar con su vital litoral que coadyuve a su proceso de crecimiento y desarrollo.

Bolivia vive desde hace 134 años enclaustrada en pleno corazón de Sudamérica.

El objetivo político de Chile ha sido siempre el de mantenernos en estado de impotencia, porque tienen miedo de que nos fortalezcamos, lo cual va a suceder de todos modos, y que les llamemos a rendir cuentas de todos sus actos de usurpación territorial.

 Ningún boliviano va a aceptar un trueque de nuestro Departamento del Litoral por un callejón al norte de Arica, sin puerto propio ni soberano. Tal dádiva merecería el repudio internacional.

 El país vecino trata de engatusarnos con vueltas y engaños cada vez que se busca reparar la injusticia. Con falsas promesas, cuentos y fábulas, ofrecen corredores y enclaves inservibles y sin soberanía marítima.

 Con el Tratado de 1904 Chile ha usurpado los territorios arrebatados, a sabiendas, por el derecho internacional, de que ningún Estado puede imponer a otro la renuncia a perpetuidad de su territorio e independencia.

 Bolivia reclama lo que es suyo propio, a pesar del dominio “absoluto y perpetuo” que Chile le impone con un despojo armado. El Departamento del Litoral, por derecho y por ley es territorio del Estado Boliviano, aunque hoy bajo dominación ilegítima y de facto.

 No existe hoy la intangibilidad de los tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.

 La defensa chilena de su tratado de 1904, como un “derecho de victoria” ganado por las armas, no es propio de un tratado de Amistad; es un despojo insano contra la democracia, contra la soberanía y la libertad. La fuerza de la causa boliviana de reivindicación tiene en estos fundamentos la justicia que debe primar.

 Recobrar un territorio despojado implica ir a un Tribunal Internacional en demanda de Justicia. Chile está recurriendo al armamentismo para retener la usurpación.

 En la legislación mundial actual y en el régimen democrático internacional del siglo XXI, no existe la figura de “dominio absoluto y perpetuo”. La ocupación ilegal no es fuente de adquisición de derechos de propiedad basados en la invasión militar para saquear riquezas naturales.

 A Bolivia le corresponde recurrir ante los Tribunales Internacionales en demanda de amparo de derecho contra el despojo en que vive, para eliminar el dominio chileno sobre el litoral invadido, ocupado y usurpado de facto.

 Chile, culpable de nuestra clausura geográfica, tiene la llave del grillete de la prisión que detiene nuestro progreso. Basta de diálogos sin resultados, eufemismos y de frases almibaradas de la cortesía protocolar. Que América y el mundo sepan que Bolivia ya no está dispuesta a seguir soportando en silencio esta situación humillante. No podemos continuar siendo, como Nación, un ave sin alas. El problema pendiente del enclaustramiento de Bolivia seguirá comprometiendo la paz en Sudamérica, mientras no sea resuelto en función de los antecedentes históricos.

Compañía de Artillería de Marina y Compañía del Batallón Nº 3 de Línea, todos del ejército chileno, formados en columnas en la plaza Colón de Antofagasta en 1879, tras el desembarco invasor.

Ante el poderío militar impuesto por Chile para impedirle a Bolivia su acceso al mar, recordamos que: “Se puede usurpar a un país sus puertos, pero no su voluntad… Tarde o temprano ésta impondrá la justicia”. No se debe caer en la insensatez de creer que los crímenes en que incurre una nación los lava el tiempo y que es prudente olvidarlos.

El tratado de 1904 debe terminar como un instrumento de dominio colonizador, y Bolivia debe acabar con ese fraude.

Bolivia no puede, por ahora, contener el dominio introducido por la fuerza, ni superar materialmente el despojo. Chile no tiene ningún justificativo de derecho, ningún título que acredite su pretendida “propiedad”. Su dominio se origina en la fuerza y la violencia para “hacer respetar” un tratado fraudulento que ha firmado. Bolivia ha perdido, desde 1879, su capacidad militar, política, económica y diplomática. No obstante, no ha perdido su derecho de propiedad de su patrimonio marítimo y puertos.