El 27 de enero de 2022, fue publicado en Walla (un sitio de noticias en hebreo) un fragmento de un telegrama enviado por Amir Weissbrod – quien forma parte del ministerio de Relaciones Exteriores israelí – a todas sus embajadas. El telegrama advertía a los diplomáticos israelíes que en el próximo 49​​º período de sesiones regulares del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) se presentará un informe relativo al bombardeo de Gaza por parte de Israel en 2021. Se espera que el período de sesiones comience el 28 de febrero. Según el telegrama, este informe – aparentemente – utilizará la palabra “apartheid” para referirse a la ocupación israelí de Palestina.

Weissbrod transmitió a los diplomáticos israelíes las instrucciones de Tel Aviv sobre el informe preparado por un comité designado por el CDHNU: “el principal objetivo [de Israel] es deslegitimar al comité, sus miembros y sus productos” e “impedir o retrasar nuevas decisiones”.

El 1 de febrero de 2022, después de una investigación de cuatro años, Amnistía Internacional publicó un informe de 280 páginas con un titular punzante: “El apartheid de Israel contra los palestinos”. Amnistía “ha llegado a la conclusión de que Israel ha perpetrado el agravio internacional del apartheid, como violación de los derechos humanos y del derecho internacional público, allí donde impone este sistema. Ha evaluado que casi toda la administración civil y las autoridades militares de Israel, así como las instituciones gubernamentales y cuasigubernamentales, participan en la aplicación del sistema de apartheid contra los palestinos en todo Israel y el TPO [Territorio Palestino Ocupado] y contra los refugiados palestinos y sus descendientes fuera del territorio”. Además, equiparó estos actos “al crimen contra la humanidad del apartheid, tanto en virtud de la Convención sobre el Apartheid como del Estatuto de Roma”. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, contraatacó acusando a Amnistía de citar “mentiras compartidas por organizaciones terroristas”. Como si se tratara de una señal, el Gobierno de Israel acusó a Amnistía de antisemitismo. El informe de Amnistía proporcionará material clave para la investigación del CDHNU.

Uno de los temas inmediatos que centrarán la atención de la sesión del CDHNU es la Operación Guardián de los Muros ejecutada por Israel contra los palestinos en mayo de 2021. Según un informe de julio de 2021 de Human Rights Watch (HRW), que analizó tres ataques israelíes que formaban parte de la operación “que asesinó a 62 palestinos”, no había “objetivos militares evidentes en las inmediaciones”. En su informe, HRW utilizó el término “crímenes de guerra” para describir los ataques de “las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos”. Cuando los disparos cesaron – después de 11 días – el CDHNU aprobó una resolución para establecer una “comisión de investigación internacional independiente y permanente” que investigara diversos crímenes en los TPO, incluido Jerusalén Este, y en Israel. Esto sucedió a finales de mayo de 2021. Navi Pillay (la anterior alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y ex jueza sudafricana) fue designada para presidir la comisión de tres personas, que también incluye a Miloon Kothari, arquitecto indio, y a Chris Sidoti, abogado australiano especializado en derechos humanos. Se espera que la comisión presente su primer informe al CDHNU en junio.

La comisión presidida por Pillay es la novena comisión creada por el CDH para investigar las acciones israelíes contra los palestinos. Tiene un amplio mandato, que incluye estudiar las violaciones del derecho internacional humanitario, según los “cuatro convenios de Ginebra de 1949”, de los que tanto Israel como Palestina son parte, y seguir investigando estos crímenes en el futuro. Se espera que el informe de Pillay utilice la palabra “apartheid” para definir la política israelí en los TPO. No sería la primera vez que un informe de Naciones Unidas utiliza este término para definir las acciones israelíes contra los palestinos. En 2017, la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental (CESPAO) publicó un informe elaborado por Richard Falk, “antiguo relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967”, y Virginia Tilley, “investigadora y profesora de ciencias políticas en la Universidad del Sur de Illinois”. El informe definía la política israelí contra los palestinos como “apartheid”, tal y como lo entiende el derecho internacional (en su informe de 2014, Falk ya había utilizado el término “apartheid”). La publicación de este informe de 2017 provocó la renuncia de la directora de la CESPAO, Rima Khalaf, una distinguida diplomática jordana, después de enfrentarse a “presiones del secretario general [de la ONU] para que retirara el informe”.

Hasbara 2.0

En 2006, el Gobierno israelí creó un Ministerio de Asuntos Estratégicos para dirigir esencialmente dos campañas: una contra Irán y otra contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Este ministerio de hasbara (explicación o, más específicamente, propaganda) organizó una guerra de información que buscaba deslegitimar a los activistas del BDS y estigmatizar como antisemita a cualquier persona o colectivo que apoyara el movimiento. En gran parte debido a las críticas por su “mano dura”, el Ministerio de Asuntos Estratégicos se cerró en julio de 2021 y algunas de sus funciones se trasladaron al Ministerio de Asuntos Exteriores. El telegrama de Amir Weissbrod es, esencialmente, Hasbara 2.0.

El 23 de enero de 2022, el Gobierno israelí creó un nuevo proyecto – Concert – dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este proyecto, bien financiado, llevará a cabo la misión bautizada Solomon’s Sling, “una Corporación de Beneficio Público (PBC) pero controlada por representantes del Gobierno” para pulir la imagen de Israel en todo el mundo, particularmente en Occidente. Concert será el medio a través del que el Gobierno israelí planea transferir millones de dólares a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación, para garantizar que la información sobre Israel sea positiva. La “deslegitimación” de cualquier crítico de Israel forma parte de la agenda del proyecto.

El telegrama enviado por Weissbrod forma parte de Hasbara 2.0. Weissbrod es una persona experimentada, que ha servido a Israel en las Naciones Unidas en Nueva York y como embajador en Jordania, además de trabajar en varios ministerios en Tel Aviv. En 2011, declaró a Haaretz que los diplomáticos de la mayoría de los países entienden la postura de Israel en relación con la “Autoridad Palestina” “a puertas cerradas”, pero “no están dispuestos a declarar públicamente lo que dicen con facilidad en una reunión privada con representantes israelíes, lo que a menudo resulta exasperante”. Lo que revela esta duplicidad es que estos representantes extranjeros, que “a puertas cerradas” están de acuerdo con Israel, reconocen que la opinión pública de sus países está en contra de la política israelí y, al mismo tiempo, saben que no deben molestar a los israelíes ni a los diplomáticos estadounidenses, que harían la vida imposible a sus países. (Un alto diplomático indio me dijo claramente que India normalizó sus relaciones con Israel en 1992 porque Estados Unidos dijo a Nueva Delhi que el “camino a Washington tenía que pasar por Tel Aviv”).

Israel reconoce que pocos de los países del CDHNU votarán en contra del informe que, previsiblemente, lo calificará de “Estado Apartheid”. Intentará hacer dos cosas para evitar que el informe salga a la luz: deslegitimar a los comisionados, especialmente a Pillay, y pedir a Estados Unidos que utilice su pertenencia al Comité para retrasar la publicación del informe.

Crímenes de Guerra

En marzo de 2021, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), confirmó que su oficina había abierto una investigación relacionada con los “crímenes del Estatuto de Roma” cometidos por Israel contra los palestinos. Se refiere a cuatro crímenes: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Todos se traducen en horror.

Lo que Israel teme es que un informe negativo en el CDHNU pueda aportar pruebas para la investigación de la CPI. El 3 de enero de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo a los periodistas israelíes que su Gobierno teme que este año un conjunto de instituciones internacionales intenten presentar a Israel como un “Estado Apartheid”. Estas instituciones incluyen el CDHNU, la CPI, la Corte Internacional de Justicia y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

En la conferencia de prensa, Lapid calificó la caracterización de Israel como Estado Apartheid como “una mentira despreciable”. Sin embargo, hace dos años, en junio de 2020, Yesh Din, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas de Israel, publicó un informe con una conclusión sorprendente: “Es una declaración difícil de hacer, pero la conclusión de este dictamen es que el crimen contra la humanidad del apartheid se está cometiendo en Cisjordania. Los autores son israelíes y las víctimas son palestinos”. Estas declaraciones son un anatema para Lapid y Weissbrod, pero – según los grupos de derechos humanos israelíes (incluido B’Tselem) y palestinos (incluidos Al-Haq y Addameer), así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch – son un reflejo de los hechos presenciados sobre el terreno. Ninguna porción de Hasbara 2.0 puede borrar estos hechos.