La detención e inicio de un proceso penal por soborno y lavado de dinero al Ministro de Gobierno y hombre fuerte del gobierno de facto de Bolivia (2019-2020) Arturo Murillo y sus cómplices en Miami, donde buscaban refugio seguro, ha dejado a toda la oposición política, mediática y social al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca totalmente desconcertada. Sin capacidad y argumentos para mantener el discurso de que en Bolivia no hubo Golpe de Estado en noviembre de 2019, y que lo que se habría establecido entonces fue un gobierno constitucional.

Murillo, junto al que fuera Ministro de Defensa, Fernando López, hizo compras dolosas de material de represión con la aprobación de varios Decreto Supremos, consiguiendo beneficios ilegales de más de dos millones de dólares “blanquedos” en bancos norteamericanos; este hecho de corrupción se suma a otros como la compra de respiradores chinos y españoles (inservibles para enfrentar casos de Covid), material sanitario, así como negociados en las empresas de telecomunicaciones, hidrocarburos y otros.

Mediante decretos, ese gobierno también autorizó y ejecutó las masacres de Senkata, Pedregal y Sacaba, consecuencia del Golpe de Estado, donde murieron casi treinta personas por disparos de armas militares y policiales. Fue el propio Murillo quien realizó la persecución y apresamiento de centenares de dirigentes políticos y sociales que se manifestaron en su contra.

Tanto Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa como CREEMOS de Fernando Camacho han intentado por todos los medios negar su implicación directa con el gobierno de facto de Jeanine Añez, cuando ellos fueron parte de la conspiración, junto a Jorge Quiroga, Samuel Doria, algunos obispos católicos, los embajadores de Brasil y la Unión Europea y un funcionario de la Embajada de Estados Unidos. Estos actores nombraron e impulsaron, al margen de la ley, a Añez, y fueron parte de la distribución de cuotas de poder en el malhadado régimen.

Recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal -no así la iglesia católica y sus diversas manifestaciones-, han intentado justificar su rol protagónico en la gestación y ejecución del Golpe de Estado mediante un documento oficial que reconoce que en las oficinas de la Universidad Católica se realizaron reuniones con dirigentes políticos opositores y parlamentarias del MAS para buscar una salida a la situación de crisis; sin embargo no hacen ninguna referencia a sus reuniones con Añez a pocas horas de autoproclamarse presidenta, a las masacres de manifestantes populares en La Paz y Cochabamba y a su campaña favorable al gobierno de facto.

De igual manera medios escritos como El Deber de Santa Cruz y Pagina Siete de La Paz, televisoras como UNITEL o emisoras de radio como Panamericana, Fides y Erbol, han dado la espalda a Murillo cuando fueron estos medios de comunicación los que impulsaron y dieron cobertura a la ruptura constitucional y las acciones más nefastas de la represión y la persecución política y social. Como parte del Golpe de Estado, sectores de la Policía Nacional llevaron adelante un motín y levantamiento en tanto que el Comando de las Fuerzas Armadas demandaron la renuncia del presidente Evo Morales.

Asimismo, la oposición, después de haber reclamado por la detención de la presidenta de facto Jeanine Añez y de dos de sus ministros, ha quedado enmudecida, en tanto que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una serie de procesos e investigaciones a las autoridades del gobierno de facto y la Asamblea Legislativa Plurinacional está preparando un Juicio de Responsabilidades por la ruptura de la democracia en Bolivia y por todos los actos de corrupción y desgobierno durante la gestión de Añez.

Eduardo Paz Rada es un sociólogo boliviano y docente de la UMSA.