No es casual que los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), no los católicos de Bolivia, hayan sido participes directos en la conspiración y derrocamiento del presidente Evo Morales Ayma en noviembre de 2019, junto a las Embajadas de Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea (UE) y los opositores conservadores y neoliberales internos Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Fernando Camacho y Samuel Doria, puesto que su oposición política al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue continua y sistemática desde el año 2006.

Su papel durante el Golpe de Estado fue de coordinar las reuniones realizadas en la Universidad Católica con las personalidades señaladas para “nombrar” a Jeanine Añez como presidenta, al margen del orden constitucional y suplantando las tareas que correspondían a la Asamblea Legislativa inmediatamente después que se produjo el motín policial y la insubordinación del comando de las Fuerzas Armadas que pidieron la renuncia del presidente constitucional y democráticamente elegido. Monseñor Eugenio Scarpellini representó a la CEB en esas reuniones.

Pocos minutos antes de que Añez asumiera el gobierno de facto con una biblia gigante en las manos y la banda presidencial colocada por un alto comandante militar, varios obispos estuvieron reunidos con ella cuando se producía la ruptura del proceso democrático. En esa misma tarea de desestabilización del gobierno de Morales estuvieron varias iglesias evangélicas fundamentalistas que realizaron movilizaciones en varias ciudades del país.

Dieciséis meses después de estos hechos, nuevamente la CEB, a través de su presidente, monseñor Ricardo Centellas, se pronunció hace pocos días negando que haya existido Golpe de Estado, aunque reconoce que en la reunión indicada “la sucesión constitucional de la senadora Jeanine Añez se la determinó en un consenso unánime y que los representantes de los partidos comunicaron esta posible solución a la Asamblea Plurinacional” y que “la bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la Asamblea Legislativa”. Entonces, si no existía quórum en el legislativo por ausencia de los parlamentarios del MAS, que tenían dos tercios de votos, mal se podía haber nombrado legalmente la sucesión presidencial.

Los obispos demandan ahora la libertad de Jeanine Añez y dos de sus ministros, detenidos por causas de sedición, conspiración y terrorismo, por una parte, y por las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal, en las que murieron 36 personas por operaciones militares autorizadas por el Decreto Supremo 4078 del 16 de noviembre de 2019, por otra. En este contexto, el obispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, dominicalmente se pronuncia con sermones opositores al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca.

Los obispos ya habían adoptado una posición política cuando apoyaron a los gobiernos neoliberales, inclusive el Obispo de El Alto, Monseñor Jesús Juárez, en varias oportunidades se convirtió en un defensor de los mismos criticando las movilizaciones de los movimientos sociales de campesinos, indígenas, mujeres y trabajadores que enfrentaban las reformas conservadoras.

Durante el gobierno de Evo Morales, mientras los obispos asumían posturas de oposición, el papa Francisco lo respaldaba tanto en su visita a Bolivia, cuando se realizó la Cumbre de los trabajadores en Santa Cruz de la Sierra, en julio de 2015, como en la Cumbre de los Movimientos Sociales en el Vaticano, en junio de 2018. Inclusive los obispos se alejaron de las posiciones del Cardenal indígena boliviano Toribio Ticona, nombrado por el papa Francisco, cuando éste asumía posturas de respaldo a las reformas del gobierno.  

El papa Francisco plantea, asimismo, una posición emancipadora de América Latina y el Caribe junto a la necesidad de llevar adelante un proceso de unidad e integración de la Patria Grande.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.