“En 200 años hemos perdido todas las peleas del Estado”

Gabriel Salazar, El poder nuestro de cada día (2016) 

 Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura cívico-militar, y que no se ha visto modificado sustancialmente desde el retorno a la democracia. Si hablamos de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, nos encontramos con que Chile es el país más desigual de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El 1% más rico de la población concentra el 30,5% del ingreso total del país incluyendo ganancias del capital. Y si nos fijamos en los super-ricos, tenemos que el 0,1% de la población concentra el 17,6% del ingreso total (López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P., 2013). A raíz de estos datos, es menester realizar un poco de historia para saber cómo se llegó a esta situación. 

En el período que corre desde 1973 a 1990 se privatizaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a la CORFO; de ellas 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas y 35 fueron privatizadas dos veces. Las llamaron “el área rara”, porque fueron privatizadas, luego quebraron, por lo que el Gobierno Militar las estatizó, les dio solvencia y las volvió a privatizar. En su mayoría fueron bancos afectados por la crisis de 1982 y los créditos impagos y las recién constituidas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  

 Antes de 1979, se liquidó la Reforma Agraria iniciada por el Gobierno de Alessandri Rodríguez y continuada por el de Frei Montalva en 1964. Se entregaron a privados 3.912 predios que contaban con 3.182.225 de ha. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos. Junto con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la intermediación agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de aguas. Según el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, no pudiendo los particulares gozar o disponer libremente de las aguas de regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que estas seguían siendo de uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado derecho de aprovechamiento, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición y este puede ser transferido libremente sin contemplarse un uso específico ni su caducidad. 

 Entre otras donaciones, la CORFO donó 65 inmuebles al Fisco y a privados, mientras que el Ministerio de Bienes Nacionales donó 15.888 inmuebles, de los cuales 10.869 fueron a manos de privados. 

 La Contraloría General de la República informó que gran parte de las empresas privatizadas fueron vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro. Según sea el método de cálculo, las pérdidas oscilan entre un 27%, un 42% o un 62% del capital vendido y el cálculo neto que informa esta entidad es de más de US$2.500 millones de dólares, sólo por concepto de precio de venta, según el método del valor libro. El 30% de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a la CORFO y se destinó a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas. Según la CORFO, en el período 1974-1978 se vendieron 95 empresas: diez a sociedades y personas jurídicas nacionales y extranjeras, 47 a empresas nacionales, 21 a personas naturales nacionales, 16 a trabajadores de las empresas y una empresa a una cooperativa. Además, las acciones bancarias se vendieron a 5.463 personas naturales y jurídicas, y el Banco O’Higgins a 35 cooperativas agrícolas. Debido a la descapitalización del sector privado, la CORFO entregó gran cantidad de créditos, sin exigir patrimonio, lo que la obligó, posteriormente, a perdonarlos, o “castigarlos”, es decir, rebajarlos, con la consiguiente pérdida patrimonial. 

 Debido a la insolvencia de los deudores y la crisis de 1982, muchos bancos privatizados quebraron, lo que llevó al gobierno a realizar intervenciones reguladoras en 16 instituciones financieras, algunas para ser liquidadas y otras para que recuperaran su solidez financiera. Estas fueron posteriormente reprivatizadas. Se liquidó el Banco Hipotecario de Chile, el Banco Unido de Fomento y la Financiera CIGA SA. Se intervino el Banco Chile, el Banco de Santiago, el Banco Concepción, el Banco Internacional y el Banco Colocadora Nacional de Valores que entraron en un régimen de administración provisional. Todos ellos representaban hacia fines de 1982 un 40% de las colocaciones del sistema. Se intervinieron las recién creadas AFP PROVIDA y Santa María, la ISAPRE Luis Pasteur y empresas como COPEC, INFORSA, Celulosa Arauco, Celulosa Constitución. 

Después de 1987 se privatizaron las últimas cuarenta empresas estatales, entre las que destacaron: el Banco de Chile, ENDESA y ECOM. 

Dada la concentración de la propiedad que se produjo con las primeras privatizaciones, la dictadura y sus ideólogos inventaron el capitalismo popular, cuyo objetivo era “diseminar la propiedad”. El mecanismo se usó en un porcentaje en la reprivatización de los bancos Chile y Santiago y en las AFP Santa María y PROVIDA. Las nuevas acciones de estos Bancos se ofrecieron al público general a crédito y en las AFP se hizo con el 60% de PROVIDA y el 49% de Santa María para garantizar la eficiencia. Luego se impulsó el “capitalismo laboral” con el objetivo de “posibilitar el acceso a la propiedad a todos los chilenos”. Se dio la posibilidad de que los trabajadores invirtieran en sus AFP, “porque las AFP invertirían los recursos de los trabajadores en instrumentos solventes y rentables, lo que aumentaría sus fondos”. Pero para evitar una nueva concentración de la propiedad, se estableció que ni individuos ni grupos pudieran controlar más del 20% de las acciones. 

 Sin embargo, hasta hoy, es manifiesto que en ningún Directorio de estas empresas, particularmente de las AFP, se encuentre ningún capitalista laboral o popular. Ello hace evidente que el objetivo de diseminar la propiedad no se logró, puesto que Chile se destaca por ser uno de los países con mayor concentración económica en el mundo. Pocos países del tamaño de Chile cuentan con seis o siete grupos entre los más ricos del mundo según los récords de Forbes.  

Según los partidarios de la dictadura, el cambio de la estructura económica del país y la desnacionalización de la economía fueron legales. En efecto todo fue legal, dadas las nuevas normas y la nueva legalidad que impuso el terrorismo militar. Sin embargo, dentro de esa legalidad, se destaca la información privilegiada con que contaron los más cercanos al régimen, especialmente funcionarios de la CORFO, como Julio Ponce Lerou, Bruno Philippi, Roberto de Andraca, el general Guillermo Letelier Skinner. Los que ponían precios y condiciones a las acciones que vendían desde la CORFO también compraban, como trabajadores, bajo el concepto de capitalismo laboral. Entre ellos se destacaron Jorge Yuraszeck y miembros de la Junta Militar que también compraron acciones de grandes empresas. El propio Pinochet adjudicaba parte de su fortuna a las acciones compradas de ENDESA. Fortuna denunciada por el Senado estadounidense por sus cuentas en el Banco Riggs y en otras que manejaba con nombres falsos, como Daniel López. 

 Por otra parte, los pilares del extremista modelo neoliberal chileno son: 

1. Plan Laboral (DL 2.756 y DL 2.758 de 1979). Como parte de un plan integral de transformación social, llamado “Las Siete Modernizaciones del Estado“, se reformula e institucionaliza un nuevo modelo de relaciones laborales (presente hasta el día de hoy). Más que un plan laboral, se define principalmente como una intervención sindical, que redefine el rol del sindicalismo en la sociedad: se rompe con la tradición de un sindicalismo de clase para instaurar un sindicalismo despolitizado y desmovilizado. Para cumplir con este objetivo, la nueva institucionalidad prohíbe la negociación colectiva por rama, limita sus contenidos y permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, a la usanza anglosajona. La negociación colectiva pierde así su función distributiva (combatir la desigualdad). En 2015, Chile contaba con un 8 % de los trabajadores dependientes con contratos colectivos habilitados para la huelga (pero con la opción de ser reemplazados). Chile es el segundo país más débil de la OCDE en dicha dimensión. Lo que se conoce en nuestro país como negociación colectiva, en otros países no lo es. 

 2. Subcontratación. Previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado“, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30 % (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja. 

 3. Sistema de AFP (DL 3.500 de 1981). Se reemplaza el régimen de pensiones, hasta entonces solidario y de reparto, por uno de capitalización individual forzosa. El cambio significa pasar de un sistema cuyo beneficio era definido a uno de contribución determinada y beneficio incierto. Las cajas de seguro social son reemplazadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones privadas que persiguen el lucro y que durante sus años de existencia han provisto de capital de trabajo (dinero fresco) a un selecto grupo de empresas chilenas: las más grandes (20 conglomerados acumulan cerca de US$45.000.000.000 de ayuda de las AFP). La capitalización individual de la mano de las AFP da cuenta de un sistema que impulsa la acumulación de ingresos (a través de la especulación y uso de los fondos de pensiones de los trabajadores) y mantiene pensiones muy bajas y fuertemente sostenidas por el Estado. 

 4. Sistema Tributario. En 1974, se crea la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del Impuesto Global Complementario: los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias, son un crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas. Adicionalmente, en 1984, se crea el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que permite que los impuestos se paguen sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre la base de su simple existencia. Ello ha permitido que los dueños de las grandes empresas se hayan beneficiado del uso de esos recursos a través de sociedades de inversión que operan como vehículos financieros, a fin de crear una zona franca donde no se pagan impuestos. El año 2017 se estimaba que se habían acumulado cerca de US$ 270.000.000.000 en el FUT. De esta manera, hoy tenemos un sistema tributario pro-rico, donde los que más ganan pagan menos impuestos en términos proporcionales. 

5. Educación. En 1981 se municipaliza la educación escolar y se comienzan a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases. También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los estudiantes, lucrar y, a partir de 1993, pueden cobrar aranceles (política de Financiamiento Compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981, existía un 78 % de matrícula en la educación municipal, hoy sólo queda un 36%, siendo el sistema educacional más segregado del mundo. En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados, generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12 % de financiamiento fiscal basal; el 77 % del gasto en educación superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos. 

 6. Sistema de Salud. Entre 1979 y 1981 se decretó el fin del sistema público de salud, surgiendo así Fonasa (1980) y las Isapres (1981). Mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Los gobiernos democráticos no han modificado esos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulación de precios, control y fiscalización. Los resultados son claros: hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos. El negocio privado, al contrario, florece: en 2018 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $81.383 millones, con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior. 

 7. Sistema Bancario. Desde 1975 se privatizan los bancos (excepto BancoEstado), se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés, las cuales se ajustarán según una “máxima convencional”. Desde 1981 —producto de una crisis interna (previo a la crisis internacional)— la superintendencia interviene los bancos traspasando sus deudas al Banco Central (impagable hasta el día de hoy), dando acceso a divisas a precios preferenciales y la reprogramación de sus deudas (35 % del PIB de la época). En 1986 se crea la Ley General de Bancos (LGB) que, entre otros, estableció segmentación de carteras según tipo de riesgo (hogares de ingresos bajos es más riesgoso y por lo tanto mayor tasa de interés). En la misma línea, en 1999 se segmentan las tasas de interés según tramos de préstamo (menos y más de 200 UF). En 2001 se deroga el artículo XIV de la LGB que permitía el funcionamiento de financieras y se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesario para constituir una sociedad bancaria (Art. 51 LGB), generando condiciones para la banca de retail, la cual no estuvo regulada hasta 2006. 

8. Constitución Política. En 1980 se realizó un fraudulento plebiscito en el que se aprobó un nuevo Código Político. A los pocos días del Golpe de Estado, la junta militar designó una Comisión Constituyente (Comisión Ortúzar), integrada por miembros de extrema confianza del régimen, entre ellos Jaime Guzmán, quienes se encargaron de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En ella, se consagra un rol subsidiario del Estado en la economía y el derecho de propiedad privada, relegando a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo. Además, se entregó a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de la democracia. Pese a que en el año 2005 se aprobaron una serie de reformas tendientes a eliminar los “enclaves autoritarios”, el legado autoritario y neoliberal sigue presente. Hoy Chile continúa regido por una Constitución, cuyo origen, ilegítimo, no estuvo en la soberanía del pueblo, sino en las manos de un gobierno dictatorial. 

 9. Área Forestal. El DL Nº 701 fue promulgado en los primeros años de la dictadura (1974), con el objetivo de potenciar el sector forestal a través de una bonificación para la forestación de amplias extensiones de terreno con especies forestales exóticas. Este instrumento ha beneficiado principalmente a las grandes empresas del sector, donde existe una alta concentración (CMPC y Arauco y concentran el 64 % de las plantaciones forestales). Por otra parte, este instrumento económico ha tenido un fuerte impacto en el bosque nativo y su sustitución por especies exóticas. Las organizaciones de pueblos originarios han manifestado que no han sido previamente consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional respecto a esta temática, señalando además, que no ha habido restitución de sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena. 

 10. Desnacionalización del cobre. Consagrado en dictadura, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras). Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de privados. Todo lo anterior, a pesar de que la Constitución Política señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. 

 11. Privatización de las aguas. El Código de Aguas fue promulgado durante la dictadura cívico-militar a través del DFL Nº 1.122 el 21 de octubre de 1981. Este instrumento instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra. 

Este pasado martes 6 de abril, la revista Forbes dio a conocer su lista de las personas más acaudaladas del orbe, Chile aparece en el ranking con ocho nombres: 

En primer lugar, está Iris Fontbona y familia (74 en el ranking). La viuda de Andrónico Luksic, quien logró su riqueza a través de negocios de minería y bebidas, tiene una fortuna de US$ 23,3 mil millones. Dicha familia controla Antofagasta PLC, que posee minas de cobre en Chile y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres; y tienen una participación mayoritaria en Quiñenco, consorcio con que participan en Banco de Chile, CCU, SAAM, ENEX, CSAV, entre otros. 

En segundo lugar, está Julio Ponce Lerou con US$ 4,1 mil millones, ya que cuenta con una participación de 30% en la Sociedad de Química y Minera de Chile (SQM), empresa de productos químicos y minería que cotiza en bolsa. 

 Cerrando el podio, está Horst Paulmann y familia con US$ 3,3 mil millones, cifra que logró gracias a Cencosud, uno de los conglomerados minoristas más grandes de América Latina con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. 

Sebastián Piñera y su familia se ubican en el cuarto lugar, con una fortuna total de US$ 2,9 mil millones. El ranking explica que dicha fortuna la logró con la empresa de tarjetas de crédito Bancard; las acciones de tuvo en la aerolínea LAN, en el canal Chilevisión y en Blanco & Negro, controlador de Colo Colo. El Mandatario aumentó su riqueza, ya que pasó de US$ 2,6 mil millones el 2020 a USD 2,9 mil millones. 

Los otros cuatro nombres que aparecen, en orden descendiente, son el empresario Roberto Angelini Rossi (USD 2 mil millones), Álvaro Saieh (USD 1,8 mil millones), Patricia Angelini Rossi (USD 1,6 mil millones) y Luis Enrique Yarur (USD 1,3 mil millones). 

 Al sumar sus riquezas, se alcanza una fortuna de US$ 40.300 millones, cifra que representa un alza de un 73% en comparación al año anterior. No obstante aquella grandilocuencia numérica y financiera, de acuerdo al Banco Mundial (2021), aproximadamente 2,3 millones de chilenos (as) de clase media (alrededor de un 19%), cayeron en vulnerabilidad. 

Toda esta torcida realidad se ha traducido en que los sectores políticos, sociales y económicos más recalcitrantes, reaccionarios y conservadores, empleen como último recurso una retórica hueca y simplista, motejando a los manifestantes y, en general, a todos los que están contra este sistema de abuso y expoliación de lumpen y delincuentes y, autodenominándose ellos mismos como “patriotas”. Dudo mucho que un verdadero patriota saquee el erario nacional, tenga cuentas bancarias en paraísos fiscales para no tributar en su tierra natal, que esté de acuerdo con violar los derechos fundamentales de sus compatriotas y que, en fin, se regocije de observar cómo la mayoría de sus connacionales debe hacer malabares financieros para costear, a punta de impagables deudas, los derechos sociales, básicos y esenciales de todo ser humano -como la educación, salud y vivienda-. Los que se hacen llamar actualmente “patriotas” son un conjunto de reyezuelos que granjearon sus privilegios, merced a sus contactos, en dictadura y que temen compartir siquiera una mínima parte de sus prerrogativas con el pueblo que han mantenido, durante toda la historia republicana de Chile, bajo un brutal segregacionismo... Son los mismos que apuntalaron un modelo de pseudo desarrollo, enriquecedor de las minorías y empobrecedor de las grandes mayorías. 

 Finalmente, siguiendo a CELAG (2017), “La incapacidad para generar ingresos públicos que posteriormente se traduzcan en inversión pública vía transferencias o prestación de servicios básicos, es lo que está llevando al modelo chileno a un creciente nivel de conflictividad social que tiene sus principales puntos de conflicto en la educación, el sistema previsional de pensiones y la salud. Servicios básicos que han sido mercantilizados y puestos bajo el control del capital privado y que en los últimos tiempos están viendo como una cada vez mayor proporción de chilenos se ve incapacitada para acceder a los mismos”.