Enero del 2021 aún no finaliza y el gobierno de la 4T ya tiene que lidiar con el que quizás es el costo político más caro que ha tenido que pagar en lo que va de su periodo de vigencia: el proceso judicial el que se supone había sido sometido el exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, terminó, abruptamente, por resolverse en favor de exonerarle de toda acusación e, incluso, de sospecha alguna. Y es que, en efecto, esta parece ser el lastre más pesado con el que tendrá que cargar el gobierno federal en funciones no únicamente porque la decisión se toma con muy poca antelación (seis meses) al momento en el que se tendrán que celebrar los comicios generales de medio término, para renovar, entre otras instancias, a la Cámara de Diputados.

Si en política los tiempos son siempre determinantes, en la forma y en el fondo, para definir la trayectoria de los acontecimientos, las tenciones y las disputas de intereses, ello significa que las posibilidades de que el electorado le haga pagar a Morena los saldos por la redención del Gral. Cienfuegos, si bien aún son difíciles de determinar con precisión y claridad, por lo menos es seguro que se han incrementado, respecto de la situación en la que se hallaba el partido al comenzar el año en curso. Y es que si bien es cierto que el presidente López Obrador ha procurado mostrar una postura de extrema precaución y de sano distanciamiento respecto de la dinámica imperante en el seno del partido político que él mismo fundó y que le consiguió la victoria para ocupar su cargo actual, la realidad es que, por lo menos en el imaginario colectivo nacional, el carácter de uno parece ser sinónimo de la naturaleza del otro.

Ello, asimismo, se debe, en parte, al hecho de que el priísmo instauró en la memoria colectiva de los mexicanos y de las mexicanas, como sentido común y regla implícita de la vida política nacional, la aceptación de que el partido del presidente en funciones es siempre una suerte de falange inseparable, imposible de desligar, respecto de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo federal en el ejercicio de sus funciones. Morena, además, por lo menos en lo que toca a la parte que opera a manera de partido (pues en las elecciones del 2018 Morena fue, más que un partido, un movimiento de masas), en los últimos dos años si algo ha dejado en claro, eso es que su desarrollo institucional es, en muchos sentidos, tributario de algunas de las más añejas tradiciones de la cultura política cultivada en el priísmo del siglo XX. De ahí, entonces, que el costo político a pagar por el caso Cienfuegos no sea una situación que inicie, transite y se agote sólo en la figura del presidente o de cualquiera de las personalidades que conforman su círculo cercano de gobierno en los tres poderes de la Unión.

Si a ello se suma, además, el recuerdo aún reciente de la militancia y los personeros de la 4T haciendo alarde del triunfo que significaba la captura del General en Estados Unidos y su extradición a México para que siguiese su proceso en el país, lo que se tiene al final es una combinación muy peculiar que, sin duda, en los meses que quedan por venir, hasta el momento de la celebración de los comicios, será sistemáticamente explotada por las derechas unidas en Va por México, construyendo como imagen dominante del gobierno actual lo que es, asimismo, el pasado aún vivo de esos otros partidos que pavimentaron su existencia política sobre los cadáveres de crímenes igual o más deleznables que el de redimir al Gral. Cienfuegos sin haberle conducido un proceso adecuado y haber agotado todas las instancias. Por eso, que el panismo, el priísmo y el perredismo nacionales tengan entre sus registros históricos acontecimientos iguales o peores a la situación con la que ahora tiene que lidiar la 4T, en esta línea de ideas, no debe llevar, por ningún motivo (y menos ahora que en cualquier otro momento pasado), a la militancia morenista a querer justificar lo sucedido aduciendo que el error cometido le deba de ser condonado al gobierno en funciones porque la oposición tiene pasados peores.

Es claro que si los regímenes de gobierno anteriores se caracterizaron por la sistemática apelación al ocultismo, la corrupción, la impunidad y la injusticia, cualquier alternativa que se pretenda de izquierda debe transitar por el camino en dirección contraria. De ahí que cualquier estrategia de contención de daños no únicamente tendría que llevar a reconocer el error cometido, visibilizando las inconsistencias y las insuficiencias que condujeron al resultado actual, sino que, aunado a ello, tendría que conducir a rectificar la decisión hasta que se agoten las instancias correspondientes y la totalidad de la información se dé a conocer al público, para hacerle saber las causales de su posible exoneración en forma.

Ahora bien, el principal problema acá es, no obstante, que ha sido el propio presidente de la republica quien, ni tardo ni perezoso, salió a la palestra a emitir su juicio sobre lo dado a conocer por la Fiscalía General de la República, cerrando, de antemano, toda vía posible para la rectificación de los acontecimientos en cuestión. Y es que, en efecto, más allá de la determinación dada por el fiscal, Alejandro Gertz Manero, lo que en realidad resulta preocupante es la postura adoptada por el jefe del ejecutivo. Y lo es, no está demás señalarlo, en tres aspectos: a) en lo que tiene que ver a la posición de poder con la cual cuentan hoy los institutos castrenses nacionales, b) en la relación que sostiene el presidente con la propia fiscalía y, c) en lo que respecta a la relación con Estados Unidos.

Sobre el primer punto, lo que queda claro es que el enorme fortalecimiento al que ha arrastrado la presidencia de López Obrador a las fuerzas armadas del Estado (ejército, marina, fuerza aérea y gendarmería nacional) ya comienza a mostrar sus primeros signos de desbordamiento, amenazando, en el corto plazo, con instituirse como una fuerza política con márgenes de autonomía y de injerencia directa en el desarrollo cotidiano de la vida pública nacional pocas veces observados en el pasado reciente del Estado mexicano moderno. Y es que, sí, en efecto, el ejército, a pesar de que el priísmo intentó ocultarlo detrás del velo de las labores humanitarias (Plan DN-III / Plan Marina, contra desastres naturales) en las cuales se terminó profesionalizando (y excluyéndolo, además, formalmente, aunque no de hecho, de la estructura y del funcionamiento del partido hegemónico), en realidad en ningún momento ha dejado de ser un actor por completo al margen del acontecer político nacional, ni antes ni después de la masacre estudiantil del 1968.

La cuestión es, no obstante, que, aunque en la segunda mitad del siglo XX las fuerzas armadas permanecieron como una potencia política de facto, a menudo con poca visibilidad, esa capacidad de incidencia no se compara con las posiciones estratégicas que hoy amenazan con dominar y no volver a soltar. Desde sus roles como contratistas encargadas de construir la infraestructura prioritaria del gobierno federal hasta sus funciones como institución financiera con cobertura en toda la república, pasando por su papel de autoridad portuaria, de transportista de hidrocarburos y de fuerzas de seguridad pública y nacional, los ámbitos de la vida cotidiana en los que ya penetran los agudos intereses de la milicia han tendido a crecer más y más con cada nueva crisis por la que atraviesa la 4T.

Seguro, en parte ello quizá se debe a un cálculo estratégico en el que la presidencia de López Obrador es consciente de que sólo las fuerzas armadas del Estado son capaces de cometer en su contra un golpe de Estado (en lo singular, debido a sus propios intereses, o en alianza con los grandes capitales nacionales y/o internacionales). Y sí, también, esa fe ciega del presidente se explica por la ideología republicana (en ocasiones dogmática) que le hace ver en esas instituciones a los salvadores de la soberanía nacional y la propia República en los momentos de mayor crisis de la nación (en la independencia, la reforma y la revolución). La cuestión de fondo es, sin embargo, que ni las fuerzas armadas son lo que eran, ni la campaña moralizante de López Obrador es suficiente para borrar las transformaciones profundas que la guerra en contra del narcotráfico desató en su interior, ni los valores republicanos son equivalentes al nacionalismo castrense que en la actualidad profesan.

Del otro lado de la ecuación, también hay que subrayarlo, que ejércitos como el mexicano no tengan una tradición golpista (por lo menos no desde la revuelta escobarista y de la rebelión cedillista, en la primera mitad del siglo XX), no quiere decir, en automático, que estos no se revelarán por ningún motivo. De ahí que el dilema en el que se halla la presidencia en funciones no sea sencillo, pues los equilibrios necesarios para garantizar su seguridad y, al mismo tiempo, no crear una fuerza política mayor que después de salga de su control, no son sencillos de concretar. A propósito, en el contexto actual, lo que es un hecho, es que la vía imperante para equilibrar esa ecuación se ha tendido a decantar por el fortalecimiento irrestricto de las fuerzas armadas. En perspectiva transexenal, el peligro de seguir por ese camino es que en el futuro lleguen a la presidencia del Estado personajes como los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto (un Marcelo Ebrard, por ejemplo) y cuenten con instituciones castrenses así de influyentes en la vida nacional, a su servicio, para desatar guerras más sanguinarias que la que ya inunda de cadáveres al país. O en el peor de los casos, eso podría implicar que se llegue, paulatinamente, a gobiernos cada vez más militarizados: autoritarismos más militares que cívicos.

Cualquiera que sea el panorama, pues, hoy, lo que se alcanza a apreciar es que en definitiva el proceso penal en contra de Cienfuegos ni siquiera llegó a avanzar a las etapas de las pesquisas y la recolección de información (quedándose apenas en la revisión formal del expediente armado por las autoridades judiciales estadounidenses) o bien porque los involucrados en los crímenes imputados al General en retiro hoy operan en puestos fundamentales para la 4T en todas las ramificaciones antes mencionadas o, en un registro adyacente, porque el hermetismo y la lealtad propia del funcionamiento interno de la institución se hizo sentir y pesó sobre las autoridades civiles. En el marco de una guerra continuada en contra del narcotráfico (que también es una guerra en contra de la nación mexicana, en general; y no sólo contra el narcotráfico, en particular; como lo demostraron los sexenios de Peña Nieto y Calderón Hinojosa), ello podría significar que, de presentar resistencia a las fuerzas armadas, éstas terminen por empeorar la situación de violencia en el país, por acción u omisión.

Respecto de la relación de la presidencia de la república con la Fiscalía General de la República, dos cosas son ciertas. Por un lado, si el fiscal general, Gertz Manero, es en verdad tan autónomo como el presidente afirma que es, la decisión de exonerar a Cienfuegos significa un atentado en contra del gobierno de la 4T desde sus propias entrañas, en un contexto electoral que se aprecia como altamente costoso para el morenismo. Una quinta columna operaría al interior de la 4T. Por el otro, en cambio, si el fiscal es en verdad apenas una extensión de la presidencia de la república (como siempre lo fue para el panismo y para el priísmo, garantizando impunidad transexenal), eso no significa más que el sometimiento del jefe del ejecutivo federal a sus propias fuerzas armadas. El primer escenario por lo menos daba algún margen de maniobra para actuar. El segundo, al parecer, nunca lo ha otorgado.

Finalmente está el tema de la relación México-Estados Unidos. Y acá las ramificaciones del problema son muchas. Sería valido preguntar, por ejemplo, y en primerísima instancia, sobre la posibilidad de que, en efecto, los dichos del presidente —sobre la fabricación de delitos al General por parte de la DEA— sean verdad y, en ese sentido, el propósito de la detención y la extradición del general hayan girado, desde el primer momento, alrededor del objetivo de crear una crisis política interna y un inicio de relaciones con la administración Biden marcado por la desconfianza y el reproche hacia las autoridades mexicanas. La respuesta sencilla es que sí es legítimo y la posibilidad es plausible. Demostrarlo, no obstante, requeriría tiempo y poner en evidencia la influencia que tuvo el gabinete demócrata entrante en la determinación de las autoridades judiciales estadounidenses para que así fuese.

La situación es, sin embargo, que agotar el problema en esa apuesta es, por decir lo menos, pecar de ingenuidad, sobre todo dada la estela de corrupción, de represión y de violencia que el ejército mexicano dejó tras de sí bajo el mando del Gral. Cienfuegos Zepeda.

Ahora bien, dada a conocer la versión pública del expediente del Gral. Cienfuegos, por parte de la Fiscalía General de la República (en donde es notoria la enorme extensión de texto censurada en lo correspondiente a las averiguaciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas, no así en lo relativo al trabajo de investigación estadounidense), vale la pena hacer mención, por lo menos, de dos reflexiones tentativas. Primero, es importante que en México se tenga claridad de la manera en que opera, para la justicia estadounidense, el cargo por conspiración, pues los actos que dentro de esa delimitación son reconocibles como tales (como actos de conspiración) por parte de las instituciones estadounidenses constituyen un enorme universo en el que, además, la gradación que se emplea para zanjar responsabilidades es sumamente laxa. En ese sentido, dado el amplio espectro de actos que cubre ese delito, para los estándares y las definiciones que operan en el derecho penal mexicano, lo que termina siendo un problema es hacer empatar las pruebas que en la justicia estadounidense resultan ser fundamentales (o mínimamente indicativas) para dar cuenta de la participación del exsecretario de la Defensa Nacional en el delito de conspiración, pero que en el sistema penal mexicano resultan ser superficiales, laxas o insuficientes para probar la comisión de algún delito de carácter federal.

En segunda instancia, y por extensión a esta línea de ideas, también debe prestarse atención en el hecho de que, a pesar de esa dificultad presente en la posibilidad de hacer empatar o coincidir pruebas, muy bien aprovechada por la Fiscalía mexicana para desestimar una enorme extensión de la investigación realizada por las instituciones de Estados Unidos; el rasgo que resulta dominante en la exposición de motivos para fundamentar la exoneración de Cienfuegos Zepeda es el que tiene que ver con una suerte de voluntad a claudicar de ante mano en el imperativo de llevar las pesquisas más allá del simple acto de analizar el expediente proporcionado a México por el gobierno estadounidense y dictaminar o emitir un juicio sobre lo que en esos papeles se expresó. Y es que, en efecto, entre los argumentos en teoría más potentes que se ofrecen por la justicia mexicana para redimir al general se hallan los que indican que nunca contó con un equipo móvil de tipo BlackBerry a su nombre (algo que dada la normatividad mexicana sobre la materia, es algo imposible de saber luego de 24 meses de activada la línea), que el exsecretario no incrementó su riqueza patrimonial o que las descripciones dadas por algunos testigos sobre la estatura y la piel del actor central involucrado en esta trama no coinciden con la apariencia física del General.

Hay, pues, en todos estos argumentos, no únicamente un alarde de superficialidad en la obtención de pruebas, que al parecer no les permitió a las autoridades mexicanas indagar a mayor profundidad sobre los contenidos del expediente, sino que, asimismo, se percibe una absoluta carencia de voluntad para abrir nuevas líneas de investigación, tantas como los documentos en su posesión permitiesen. Y es que no hay que olvidar que esta acusación no era una oportunidad sólo para investigar a un exfuncionario de Enrique Peña Nieto; era, antes bien, una ventana enorme de oportunidad para generar un proceso mucho más amplio en el que, independientemente del papel que hubiese tenido Cienfuegos en la trama general, el verdadero foco de atención tenía que ser la relación entre ejército y crimen organizado, en el marco de la guerra en contra del narcotráfico. De tal suerte que, en el peor de los escenarios (el que corre en la actualidad), incluso si al final se exoneraba a Cienfuegos Zepeda, por lo menos la información proporcionada al final hubiese servido a la justicia mexicana para abrir nuevas carpetas de investigación por esa facultad extraordinaria de la que dispone pero de la cual hace uso nulo: la persecución de oficio.

Por lo pronto, en los meses por venir lo que habrá que monitorear de este lado del Río Bravo es la manera en que la redención de Cienfuegos le servirá al gobierno demócrata de Biden para ejercer sobre México presiones e injerencias aún mayores a las que se observaron durante los dos mandatos de Barack Obama: ese otro presidente demócrata, en apariencia progresista, que llegó a favorecer a los cárteles mexicanos facilitándoles armas a través de operaciones encubiertas y que, por decir lo menos, impulsó hasta el cansancio la penetración de los servicios de inteligencia estadounidense en las instituciones de procuración e impartición de justicia mexicanas. Y es que, si en algún momento de la historia la subordinación militar de México tan evidente y aguda en la historia reciente de la relación bilateral, ese momento fue durante los ocho años de gobierno de Obama, cuatro de los cuales tuvo como vicepresidente a Joe Biden.

Después de todo, no debe pasarse por alto que, para los gobiernos estadounidenses de las últimas cuatro o cinco décadas, apelar a argumentos en defensa de la propia seguridad nacional ante la amenaza que supone el narcotráfico mexicano para aquella nación (al parecer no la violencia, sino apenas el trasiego de enervantes) históricamente ha funcionado para legitimar tanto al interior de la administración pública como en el imaginario colectivo nacional estadounidense empresas de tipo injerencista profundamente agresivas. Cienfuegos, así, convertido en pretexto de esfuerzos mayúsculos en esa dirección, sumado al hecho de que las agendas económicas de López Obrador y de Joe Biden son opuestas y hasta excluyentes en una multiplicidad y una diversidad de ejes de desarrollo hace que lo que desde el principio iba a ser una relación conflictiva ahora lo sea más.

Con las derechas unidas en Va por México, ese escenario en particular podría conducir a un mayor acercamiento entre la presidencia estadounidense entrante y algunos capitales mexicanos respaldando a ese proyecto político que pretende controlar por mayoría aplastante la Cámara de Diputados. No es menor, por eso, que las declaraciones de López Obrador sobre la DEA y los delitos imputados a Cienfuegos lleguen a funcionar como el caldo de cultivo que necesitaba la oposición partidista a su gobierno para articular, por fin, en una plataforma relativamente coherente, su apuesta de reorganización y fortalecimiento popular entre las capas medias de México, con la venia, además, de una nueva agenda política gobernando Estados Unidos; el siempre intervencionista Estados Unidos.

López Obrador no puede darse el lujo de no comprender que, más que por el tema de la corrupción, la exoneración de Cienfuegos es ofensiva para sendos sectores de la sociedad mexicana porque él es una de las personificaciones más acabadas de la represión, la desaparición, los asesinatos extrajudiciales y el sostenimiento de la guerra sin cuartel en contra de la sociedad mexicana; el rostro más claro de la impunidad. Cienfuegos Zepeda, en ese aspecto, le debe tanto o más a la sociedad mexicana como lo que le debe el Gral. Guillermo Galván Galván.

Ricardo Orozco, Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. @r_zco

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