Luego de que se confirmase ante el Instituto Nacional Electoral la alianza —supuestamente— coyuntural por la cual tres de los más grandes y añejos partidos políticos del México posrrevolucionario (hasta hace poco férreos defensores de la idea de que cada uno de ellos representaba una alternativa, una visión de Estado y de nación radicalmente distinta de la enarbolada por los otros dos) competirán en las elecciones de medio término del año entrante, para renovar la Cámara de Diputados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó ante el anuncio de la institución de la coalición Va por México afirmando:

Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen: ellos mandaron, ellos dominaron, en los últimos cuarenta años, y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos (sic.). Ahora ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo. Y van a buscar ahora en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios, pero es legítimo. Esto pasa en todo el mundo (López Obrador, 23/12/2020).

Los tres institutos políticos en cuestión que forman dicha coalición electoral son, por supuesto, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Juntos, en el imaginario y en el discurso de López Obrador, constituyen lo que él mismo posicionó en el debate público nacional como el PRIAN, que si bien es un acrónimo en el cual tienen preeminencia las siglas de los dos primeros partidos (PAN y PRI), no por estar ausente de él, el PRD le resulta ajeno, toda vez que, por lo menos desde la vuelta de siglo (en los albores de la supuesta democratización de México) éste partido, que nació como resultado de la escisión de las alas progresistas del priísmo, ha tendido a ir en alianza coyuntural con aquellos dos en prácticamente cada ronda electoral local, para renovar presidencias municipales y congresos locales.

Ahora bien, más allá de la evidente ventana de oportunidad que la alianza entre esos tres partidos brindó al presidente de México para reiterar públicamente que lo que ha venido diciendo durante las últimas tres elecciones presidenciales (que las distancias ideológicas entre PAN, PRI y PRD son inexistentes, pues los tres son algo así como una unidad en la que sólo hay variaciones cuando se trata de realizar los repartos de poder), lo que resulta interesante de las palabras del presidente al ser cuestionado al respecto es la parte en la que defiende que es legítimo que estos institutos políticos vayan en coalición a los siguientes comicios para buscar conservar sus privilegios y restituir «lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia».

Y es que, si bien es verdad que la lectura de López Obrador sobre las proximidades ideológicas entre los tres partidos también es objeto de serios cuestionamientos (pues por más intereses de clase compartidos que existan entre ellos es un error estratégico el no diferenciarlos en sus singularidades ideológicas, discursivas, prácticas, etc.), también lo es que el tema de la tolerancia, expuesto por el presidente, es mucho más apremiante. Y lo es, en general, por dos motivos. Primero, porque es una constante presente en todas sus intervenciones discursivas dadas en el espacio público: no hay una sola ocasión en la que el jefe del ejecutivo federal no apele a la tolerancia y al respeto cuando se trata de valorar a los movimientos de sus opositores. En segundo lugar, porque lo que el presidente de México defiende con declaraciones así no es a la tolerancia como un fin político en sí mismo, subversivo ante la represión y capaz de funcionar como barrera de contención ante la violencia. Por lo contrario, en ésta y en otras tantas alusiones hechas por el primer mandatario del Estado mexicano sobre la legitimidad en la defensa de ciertos intereses por ciertos grupos lo que se presenta es la defensa de una tolerancia en abstracto.

Eso, en los hechos, resulta ser un problema de serias consecuencias para cualquier intento de construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa porque una tolerancia pura, en abstracto, implica practicar la tolerancia lo mismo con los movimientos sociales que buscan su emancipación de un régimen de dominación determinado que con proyectos políticos orientados por la finalidad de consolidar estructuras de explotación. En otros términos, implica ser tolerante por igual con los condenados de la tierra, con las clases explotadas que quieren dejar de serlo, con los géneros oprimidos que luchan por su liberación, etc., por un lado; y, por el otro, con las empresas colonialistas, con el racismo que inferioriza a poblaciones enteras, con el sexismo que oprime la diversidad sexogenérica, con el clasismo que se aprovecha de la explotación para acumular riqueza, y así sucesivamente, sin tener el más mínimo interés por distinguir lo que en unas opciones hay de justicia social y liberación individual y lo que en otras hay de opresión, dominación y explotación.

De ahí, por lo tanto, que las aseveraciones del presidente de México sean en verdad serias y problemáticas, pues él mismo, en su discurso, tuvo la sensibilidad suficiente para identificar que los resultados de la política neoliberal fueron en extremo perniciosos para el grueso de la población que habita en México. Y, sin embargo, a pesar de ser consciente de ello, optó por reafirmar que cualquier intento de restitución de ese régimen es legítimo, y por lo tanto hay que respetarlo y justificarlo. En el extremo del absurdo (aunque de absurdo no tiene nada), valdría la pena, quizá, pensar si ese tipo de aseveraciones es justificable, válido y legítimo tratándose de los esfuerzos de restauración de regímenes políticos como el fascismo y el nacionalsocialismo europeos; o, para expresarlo en experiencias propias de América, ante las pretensiones de restaurar la política de las dictaduras cívico-militares de la segunda mitad del siglo XX.

En todos esos casos, por ejemplo, personeros, ideólogos y voceros del fascismo, el nacionalsocialismo o el autoritarismo sin duda alguna podrían argumentar que una restricción, de cualquier tipo, impuesta a sus intereses es, por defecto, una muestra de autoritarismo, de nazismo o de fascismo: en cualquier caso, muestra de intolerancia ante la diversidad, la multiplicidad, la heterogeneidad y la pluralidad de posiciones políticas, culturales, económicas, históricas, etc., que convergen en una sociedad, cualquiera que ésta sea. De argumentos así, de hecho, es que se han valido movimientos conservadores y fundamentalistas como los anteriores para fortalecer sus posiciones de fuerza en el espacio público y la lucha política institucional. Así es como se explica, en gran media, el ascenso reciente de las extremas derechas en Europa y América en los últimos años, pues en donde tiene lugar esa resurrección el camino recorrido para conquistar congresos locales y nacionales, ministerios y secretarias de Estado o, en última instancia, jefaturas de Estado y/o de gobierno fue horadado por una férrea defensa de la tolerancia y de márgenes cada vez más amplios de libertad de acción y de expresión para esas corrientes.

Posiciones posmodernas contemporáneas, además, partiendo del principio de que la libertad es una suerte de tiranía en defensa de la individualidad, han procurado solucionar los problemas en rededor de la tolerancia argumentando que todas las posturas son válidas: todas las ideologías, todos los intereses, todas las políticas, todos los modelos económicos y de gobierno, etcétera. No importa, en ese argumento, que la defensa de toda la diversidad por su pura defensa signifique consentir en que es tan válida la postura de un racista como lo es la de su víctima.

En esos casos, no obstante, habría que recordar la manera en que, luego de finalizada la Guerra Civil Europea, a mediados del siglo XX, la segunda mitad de esa centuria estuvo marcada por la insistente exigencia de las clases dominantes, en cada Estado-nacional de Occidente, de mayores niveles de tolerancia social respecto de sus políticas belicistas, de sus campañas de terror mediático y de sus políticas de represión social, so pena de que, de no tolerarse la violencia estatal, las guerras y los despojos empresariales, Occidente podría llegar a perderse en el limbo de la imposible consecución de principios morales y políticos superiores como la paz, la seguridad internacional y la estabilidad económica (vgr. Herbert Marcuse: La tolerancia represiva). Y es que, en ese sentido, exigir, como se hace desde esas posturas posmodernas hoy tan populares por todos lados en la vida social, que se toleren las guerras de agresión y/o las intervenciones extranjeras (armadas, políticas, económicas o diplomáticas) en las sociedades americanas simplemente porque son formas de entender la vida tan legítimas como todas las demás supone carecer de la capacidad de identificar objetivamente lo que es un proyecto de dominación y lo que es uno de emancipación.

Es decir, sostener que lo que para un sector de la sociedad significa emancipación y para otro eso mismo quiere decir opresión es sinónimo de defender un grado soberano de embrutecimiento en el que se vuelve imposible hacer cualquier valoración ética y política sobre lo que significa la explotación, el racismo, el clasismo, el sexismo, etcétera. Para decirlo con todas sus letras, pues, habría que recuperar, ante este tipo de posturas que lo defienden todo en abstracto, vaciando a los conceptos de su contenido ético y político, una compresión de la tolerancia en la que una condición de posibilidad indispensable para su realización y puesta en práctica efectiva es el ejercer, también, intolerancia ante aquellos proyectos colectivos, aquellas formas de gobierno y plataformas económicas que se edifican sobre la instauración de jerarquías, de ejercicios de poder y de violencia con efectos constrictivos, restrictivos y disuasorios sobre la libertad personal y colectiva, por un lado; y la justicia social, por el otro.

En el caso del presidente de México, por ello, la principal tarea que tiene la izquierda, si es que pretende hacer de éste un gobierno comprometido con la izquierda, con la libertad, la democracia y la justicia social (los tres principios en conjunto y no sólo uno o un par de ellos al margen de los restantes) es demandar posturas intolerantes ahí en donde lo que se pretende restaurar o instaurar es un régimen de consecuencias perniciosas para su realización. Dejar las cosas al arbitrio de los tiempos y a la supuesta supremacía del convencimiento retórico como estrategia política olvida que el convencimiento popular dio origen lo mismo al nacionalsocialismo que al estalinismo (la mayor contrarrevolución sufrida por la izquierda a manos de un proyecto político que navegó con banderas de izquierda), y que no es siempre la fuerza de la razón la que triunfa cuando lo que se movilizan son sentidos comunes de masas enormes en sociedades desiguales.

Y es que sí, la derecha en México (ya sea que sus siglas sean PRI, PAN o PRD), en efecto, lleva los dos últimos años de sus existencia política-institucional lidiando con una serie de derrotas (ideológicas, políticas, morales, si bien no económicas) que no le han permitido ponerse en sus pies de nuevo y disputar en serio el botín que el lópezobradorismo conquistó en los comicios del 2018. La propia búsqueda de una alianza entre supuestos antagónicos ideológicos da cuenta de ello y de la desesperación que les llevó a calcular que la simple suma de los padrones y de las bases partidistas fieles a cada plataforma bastará para vencer en las siguientes votaciones (por simple aritmética). La cuestión es, no obstante, que incluso si ese proyecto conservador llega a conquistar de nuevo las posiciones perdidas hace dos años, y todo cuanto le fue arrebatado es restituido, en el nivel de las masas, del grueso de la sociedad, las posturas ideológicas radicales y fundamentalistas no se van a detener apenas con observar que sus representantes populares volvieron a ganar.

Es necesario pensar que procesos sociales así no están delimitados por los márgenes temporales de los calendarios electorales. Mirar a Europa y al resto de América debería de bastar para comprender que pequeños grupúsculos hace un par de lustros o de décadas fueron el germen de las nuevas ultraderechas que inundan todo Occidente, con bases sociales convencidas de que sus posiciones políticas e ideológicas son las mejores, y deben ser defendidas, garantizadas aseguradas en su ejercicio y toleradas en su expansión, aunque entre esas actitudes ante la vida se hallen la xenofobia, el sexismo, la discriminación, el racismo y el clasismo más perniciosos.

Seguro la importancia que le confiere el presidente a la tolerancia de las posturas más reaccionarias de la oposición se explica por el hecho de que en este país, y en el resto de América, ha sido la propia izquierda y sus proyectos emancipatorios, de libertad, democracia y justicia social el principal objetivo de campañas sistemáticas de terror e intolerancia, dificultando la consecución de sus ideales y su cristalización en alternativas de gobierno consolidadas. Sin embargo, ello no justifica, en ningún sentido, tolerar en abstracto. Mucho menos en tiempos tan violentos como los que se viven. No es legítimo restituir «lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia».

Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zco

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