El pasado 18 de julio fueron secuestrados 5 líderes garífunas del departamento caribeño de Atlántida Triunfo de la Cruz, a unos 220 km al norte de la capital Tegucigalpa, por sujetos - con chalecos antibalas - de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar quienes después de violentarlos los arrastraron sin paradero reconocido.

Dentro de los activistas afectados se encuentran: Alberto Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de la comunidad y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH); Suami Aparicio Mejía García; Rafael Juárez; Milton Joel Martínez Álvarez; Gerardo Mizael Rochez Calix.

Cesar Benedith, de la Organización Fraternal Negra de Honduras Ofraneh, denunció a Radio El Progreso: Se llevaron a tres compañeros de la comunidad. Se llevaron al Presidente del Patronato, Sneider Centeno, se llevaron a Milton Martínez y Suany Álvarez, que eran defensores del Comité de Tierras de la comunidad […]No podemos decir porque no tenemos ninguna sospecha, ninguno de nuestros compañeros anda en malos pasos, nos dedicamos a defender nuestros territorios nada más.

De igual forma, Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), hizo lo propio en su cuenta twitter: En esta dictadura, mafiosa, corrupta y asesina, maquinarias de la muerte están incólumes y fortalecidas. En medio de la pandemia del Covid-19, llegó un grupo armado a Triunfo de la Cruz y se llevó entre otros al dirigente Sneider Centeno. Exigimos su pronta aparición y con vida.

Como lo señalamos en nuestro artículo anterior Crímenes contra la humanidad en Honduras: ¿Alguien dice algo?¹, aludiendo a la Carta Abierta del 22 de julio firmada por 82 activistas internacionales y 81 organizaciones y colectivos:² la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2015 denunció al Estado hondureño por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros» y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó «la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y2006.³

A esta denuncia la CIDH añadió demandas al Estado hondureño las cuales exigen 1) reconocer las tierras de la comunidad y darles el título de propiedad comunal; 2) regresar todas las tierras robadas a la comunidad; 3) otorgar una compensación por los daños; 4) asumir un compromiso de responsabilidad, ofrecer una disculpa pública y comprometerse a respetar los derechos humanos. ¡Todo esto al día de hoy ha sido en su totalidad no considerado!

Entonces, nos preguntamos:

Así como los acuerdos de paz son incumplidos a nivel internacional ante la prevalencia de la industria de las armas y el negocio de las guerras ¿De qué valen denuncias y demandas de organizaciones de derechos humanos – no vinculantes – si al final los regímenes antidemocráticos gozan de impunidad y protección como de la OEA y ONU para no cumplirlas? ¿No será que estas organizaciones, así como la CIDH, cumplen con hacer las denuncias y luego se lavan las manos cual Pilatos ante la omisión de regímenes represores protegidos de Washington y megas corporaciones de la agroindustria, minería y turismo?

Una vez más se comprueba la relación existente entre regímenes que patean el tablero de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con la presencia colonialista de regímenes como los EE.UU y “protectorados” como el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández denunciado por corrupción y colusión con el narcotráfico. Nos queda claro que el método de intimidación y asesinato selectivo – aplicado por estas impunes redes del crimen gubernamental – son exactamente iguales: disparen y luego pregunten.

Las fuerzas policiales y militares protegen el inicuo orden establecido y tienen como consigna desmantelar toda organización e intimidar y aniquilar todo signo de democrática denuncia. Según Miriam Miranda: El problema son estos policías que envían a la calle que pueden accionar ante la denuncia pública de un ciudadano […] Cómo vamos a confiar en una policía que es la que te violenta tus derechos, te maltrata, te quita tu libre circulación y, sobre todo, se atreve a amenazarte […] No podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir denunciando la corrupción y criminalización de los defensores de los Derechos Humanos en Honduras.

¡Los pueblos tienen la palabra!

25/07/20