Colombia da un paso atrás en sus avances respecto al tratamiento de los delitos y las penas al aprobar la cadena perpetua para delitos sexuales. La calidad del debate para esta nueva reforma a la estructura de la constitución pensada y construida como acuerdo de partidos, movimientos y diferencias en 1991, se redujo a exposiciones apasionadas y acuerdos de interés entre bancadas de partidos cuestionados unos y representantes recusados otros y en mitad de la pandemia y del encierro, que impiden el debate político de calidad, orientado a democratizar la democracia y a cerrar el paso al autoritarismo.

La cadena perpetua que inicia con el abuso sexual, incluido el del lenguaje, culmina con el hecho de violación y asesinato de niños, niñas y adolescentes que determina la pena. Al otro lado quedaron aisladas las iniciativas por el reconocimiento y aceptación legal de las libertades e identidades sexuales, cuya negativa aplaza la legalidad de este derecho humano y mantiene parte de las causas del problema que llevará al encierro definitivo a los abusadores a sabiendas que las cárceles son gestionadas como lugares para sobrevivir en indignidad, degradación de la condición humana y maltrato, proclives al delito antes que al arrepentimiento, la reparación moral o la rehabilitación.

El partido en el poder revivió con la cadena perpetua, la fórmula simplificada de la guerra en términos de estar de un lado o del otro, como amigo o enemigo y demuestra una vez mas que no desfallece en el recobro político del No a la paz. Revalida su idea de imponer leyes y penas populistas y absolutas, útiles para legitimar el poder y mantener temor colectivo. No resulta para nada impensable que pronto se anuncie en trámite la pena de muerte a opositores, adversarios y víctimas de purgas internas por traiciones, como históricamente ha ocurrido al final del espionaje.

La cadena perpetua resulta apasionante aplaudirla, por la ocurrencia continuada de hechos atroces irrefutables, que evitan detenerse en las causas de la violencia sexual u observar quienes son las víctimas y quienes los victimarios, que cambiarían el método de aplicación de una pena que se aleja de los derechos humanos y de las posibilidades para que el estado cumpla su función rehabilitadora. En las causas profundas del condenable delito, Colombia, no escapa a la sujeción a formas y métodos de violencias aprendidas que se replican. Detrás de cientos de fortunas y herencias, de los dueños de la riqueza y del poder, se esconde un pasado medieval en el que el “derecho de pernada”, asociado a diversas prácticas de abuso y servidumbre sexual, fue ejercido como cosa natural por hacendados, sus hijos, administradores o jefes políticos, en fincas y regiones, contra de mujeres en condición de dependencia u obediencia, afro, indígenas, campesinas, pobres, violentadas a voluntad de “patrones”, que las comunidades debieron aceptar para proteger su existencia y evitar su muerte o el destierro.

La desigualdad, la exclusión, el abandono son factores determinantes del estado de vulnerabilidad de las víctimas inermes de delitos de lesa humanidad como la violación y la tortura. Apenas hace dos décadas, se empezó a saber que parte de la política y actuar criminal de los paramilitares, era la repetición de prácticas aprendidas de violencia sexual como muestran los informes de feminicidios y violencias de género. Las mujeres y su sexualidad fueron parte del botín de su barbarie, y hay responsables también en todos los otros actores del conflicto, insurgencias y fuerzas armadas del estado. OXFAM revela que en Colombia :“489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora, se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor (Violación sexual y feminicidio, Azalea Robles). Los paramilitares, de los que Mancuso afirmó por esa misma época que ocupaban el 35% de los escaños del Congreso, cometieron miles de delitos de violencia sexual, que poco les sirvieron a los votantes de la cadena perpetua, como base de sus estudios para haber revisado las causas del delito y apostado por atacarlas sobre todo en los territorios donde las victimas claman paz y respeto por su dignidad. Es un error pretender aplacar el horror con otro horror similar.

La violación como arma de guerra para los paramilitares no fue un asunto de casos aislados, si no una política todavía vigente, porque los modos de acción y la caracterización del enemigo sigue mediado por el odio y la venganza, así lo promueve igual el partido en el gobierno que defendió la cadena perpetua. Las enseñanzas se replicaron. El apodado ‘Taladro’ al mando de Jorge 40, “además de usar ese elemento como arma de tortura aprovechaba su poder para abusar sexualmente de niñas; le gustaban las vírgenes”, un titular dice “violó 200 niñas y dejó 70 hijos, armó ejercito familiar” ; “el viejo y terror” ambos paramilitares llenaron de vejámenes al magdalena medio, hubo titulares en medios como que “624 casos de múltiples tratos crueles e inhumanos del que fueron víctimas decenas mujeres” dan cuenta de sevicia e “impunidad” (Dossier de feminicidios en el magdalena medio, eltiempo.com); los 54 casos de violencias aterradoras de los asesores militares americanos en Tolemaida, fueron ocultados por la “Inmunidad” y ahora retornan nuevos asesores de guerra de la misma estirpe (elmercuriodigital.es; vertigopolitico.com; Comisión de memoria histórica); y los escándalos sexuales de la DEA, tradicionales en época de convenciones de estado (semana.com); y titulares incontables del horror como: Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad, por ejemplo se dice que 'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina” (unidad-popular.over-blog.es).

El panorama de la violación parece endémico, es cruel y degradante como política, pero también como perversión particular, que fue la tipología que sirvió de base a los legisladores, para aprobar la cadena perpetua y del que Medicina Legal, dice que entre enero y abril de 2019 hubo ocho mil casos de este delito. “En la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor…. El monstruo existe…” (en: La ciencia dice no a cadena perpetua, pontifica U. Javeriana, Montaño, otros, 2019). Pagarán cadena perpetua los delincuentes de interés personal, la política de violencia sigue, no se toca, no se ataca, tampoco se protege a los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años que son el 22% de la población, del sistema de horror y los tratos crueles y degradantes que ocurren en el trabajo infantil (prohibido) del que participan 1.119.000 niños y niñas (DANE), vulnerables, agredidos y expuestos al consumo de drogas, la explotación y esclavitud sexual y la participación en delincuencia.

El retorno a la cadena perpetua, es un retroceso que atropella derechos y garantías conquistadas, además de poner en riesgo la capacidad del estado de derecho, para promover civilizadamente la convivencia. Esta decisión afecta negativamente la tradición humanista ganada, si se tiene en cuenta que en Colombia existió la cadena perpetua en la constitución de 1886 y fue abolida con la reforma de 1936 y restaurarla implica debilitar la constitución de 1991, pactada por una Asamblea Nacional Constituyente que vuelve al ser modificada, es desestructurada otra vez, abriendo paso a la totalitaria sentencia de que para castigar el horror basta aplicar un horror más fuerte.