Esta discusión para que sea saludable, debemos comenzarla cuestionando la idea socialmente instalada de sanciones, de manera que permita de identificar lo que en realidad son y su propósito real. 

En el marco del derecho contemporáneo de occidente, hablar de sanciones implica afirmar del posible resultado de un proceso en el sistema de justicia, el cual debe garantizar una serie de derechos para quienes son imputados. En el campo político nada más alejado de este axioma. Lo que socialmente se ha venido entendiendo como sanciones son en realidad medidas coercitivas unilaterales de un Estado contra otro Estado, que incluye sus instituciones, las personas que lo representan y empresas estratégicas bajo su control o que operan en su territorio, de las cuales se sospecha una relación con este o con una determinada política que desarrolle.

Estas medidas son por naturaleza arbitrarias y discrecionales, adecuándose a una orientación –política- diseñada por quien dirige el Estado, digamos emisor; y que solo son posibles gracias a que este asume que tiene una posición de ventaja en alguno o varios campos, como el geopolítico, económico, militar o político.  

La motivaciones para imponer medidas coercitivas unilaterales son variadas, pero en los últimas décadas estas han sido implementadas cuando el Estado que las promueve, cuenta con pocos apoyos de otros Estados y su capacidad para influenciarlos es baja o supone altos costos, en función de sus objetivos. También se utiliza cuando las posibilidades de oposición -política, económica o social- en el terreno son limitadas, en relación al actor político que gobierna parte o la totalidad del Estado agredido; bien sea por sus propias capacidades o las del contexto donde opera.

La implementación de medidas coercitivas unilaterales busca –entre otros fines- criminalizar al oponente político y por ello es complementada con una narrativa política, que es masificada por las empresas de comunicación, que obviamente tienen que estar bajo la influencia del Estado emisor. En síntesis, son medidas políticas, que pueden tener un sustento legal en el territorio Estado que las promueve, pero en el derecho internacional carecen del mismo, pues violan un principio vital: la soberanía nacional de los pueblos.

El propósito fundamental de las medidas coercitivas unilaterales es afectar la gobernabilidad de un actor político en un sistema social determinado, por lo cual son variadas, encontramos las políticas y las económicas, que contemplan las financieras y las comerciales. En general se van implementando de manera escalada, hasta el bloqueo como forma superior.

En efecto las medidas coercitivas unilaterales afectan la gobernabilidad, pues limitan las capacidades de relación de los Estados de los países que son objeto de ellas, quienes en concreto ven disminuidos los ingresos y con ello la disminución de las condiciones de vida de la población en general, que se constituye en el gran afectado en todos los escenarios.

II

En el caso venezolano las medidas coercitivas unilaterales vienen siendo impulsadas fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos de América, secundado por la Unión Europea y Canadá. De manera marginal encontramos a los ejecutivos gubernamentales de los países que conforman el “Grupo de Lima” (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile). El gobierno estadounidense ha implementado estas medidas desde 2006, según Manuel Sutherland (2020:17), y de acuerdo a Oscar Shemel ya sumas más de 300 acciones, las cuales han evolucionado de políticas, a financieras y ahora a comerciales, sin excluir las acciones diplomáticas de intervención en asuntos nacionales.

Estas medidas son repudiadas por la población venezolana, de hecho la empresa encuestadora Hinterlaces ha revelado que el 81 % de las venezolanas y los venezolanos rechaza los que socialmente, se entiende por sanciones, que como se insiste, debe denominarse como medidas coercitivas unilaterales. Mientras una parte de la oposición venezolana al chavismo reitera la necesidad de que continúen, lo que evidencia de manera expresa, su incapacidad de avanzar políticamente con sus propias capacidades, además de su desconexión con la percepción generalizada de la población.

A nivel global muchas empresas de comunicación, forman parte del aparato propagandístico al servicio de esta política de agresión contra Venezuela, logrando construir un relato que criminaliza al gobierno bolivariano, y dentro de él, una justificación para desarrollarlas. Para contrarrestar esta situación la Cancillería del gobierno bolivariano de Venezuela ha sostenido estrategia de denuncia en todos los foros mundiales, sobre las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, exponiendo desde los costos en ingresos, hasta las consecuencias en la vida de las personas.

Unos de los aspectos en debate, es la magnitud del impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Quienes las emiten reducen su letalidad, relativizan el impacto en quienes son afectados (el gobierno bolivariano, sus representantes y las empresas con las que tienen relaciones comerciales) e invisibilizan los costes sociales. Quienes son objetos de ellas, tienden discursivamente a sobredimensionar los efectos y usarlos como justificación para muchos otros problemas. En síntesis, es otro aspecto en el debate político, veamos algunos datos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) emitió un informe que calcula el costo económico para Venezuela de las medidas coercitivas unilaterales entre 2013 y 2017, estimando que alcanza los 350.000.000.000 de dólares americanos o el equivalente a año y medio del producto interno bruto aproximadamente.

En términos sociales según el experto independiente en derechos humanos, Alfred de Zaya “Se puede decir que a la fecha más de 100 mil venezolanos han fallecidos producto de las medidas coercitivas unilaterales, decenas de miles de venezolanos han fallecido por no tener acceso a las medicinas".

Manuel Sutherland, en un informe realiza para Provea, que titula “Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela”, minimiza las consecuencias de las acciones de los Estados Unidos de América y concluye que ya la crisis económica estaba gestada y que el impacto de las mismas solo la agrava.  

El ejecutivo venezolano, representado por el Canciller Jorge Arreaza; recientemente ha acudido a la Corte Penal Internacional y ha presentado una querella contra el ejecutivo de los Estados Unidos de América. Igualmente se promueve en Venezuela desde hace poco se desarrolla la campaña “Las sanciones son un crimen”, con el fin de proponer un relato alterno al dominante, sobre este asunto.

Las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales implementadas fundamentalmente por los Estados Unidos de América contra Venezuela, son terribles, pues se expresan cotidianamente en las vidas de las personas; pero no son las únicas. Afirmar lo anterior no desconoce los errores de gobierno bolivariano en el manejo de la crisis, desde una perspectiva histórica, lo cual no exime de responsabilidad al Estado agresor.

III

Hay un lado más oscuro de las medidas coercitivas unilaterales y este es, la existencia de todo un entramado en el sistema financiero internacional, que con cierta permisibilidad de quienes las promueven; está dispuesto a sortear las dificultades para realizar operaciones comerciales, a cambio de comisiones, que en condiciones normales sería imposible de pagar.

Las medidas coercitivas unilaterales son el escenario propicio para que la proliferación de empresas buitre se conviertan en los operadores por excelencia. La consecuencia práctica es, que el bien que el país puede vender por un dólar, por ejemplo; debe rematarlo y acceder a una fracción del valor de mercado y con esta debe ir a comprar lo que necesita y por el contrario debe pagar un alto precio. En decir, la pérdida neta es increíble. No se cuestiona esta práctica, ni las entidades que se lucran con ellas. Esto nos revela otra dimensión de esta agresión contra nuestro pueblo, en forma de robo de nuestras riquezas.

En este escenario la labor de contraloría se hace más difícil, pues muchas operaciones se asumen con discrecionalidad y muchas veces al margen de sistema institucional, ya revelar sus detalles permite al Estado emisor afinar las medidas coercitivas que implementa.

Sobre este último elemento podemos referir los acuerdos con el gobierno iraní para adquirir combustibles, así como refacciones para las refinerías y aditivos para la fabricación en Venezuela. Se mantuvieron en secreto y una vez hechos públicos, el gobierno de los Estados Unidos de América comenzó a proferir amenazas a la operación. ¿Cuánto costó la operación? , ¿Cómo se pagó? Y otras preguntas, no tienen, ni tendrán respuesta.

Asimismo, apunto que en los últimos meses se ha hecho público que hay empresas que están implementando acuerdos que buscan cambiar petróleo por alimentos, frente a las limitaciones que tiene el ejecutivo venezolano para comercializar su recurso fundamental. Por ahora no hay confirmación oficial de voceros del gobierno bolivariano.

De estarse dando esta práctica, es conveniente apuntar que incluso programas como “Petróleo por alimentos”, que se ofertan como medidas “humanitarias”, terminan sucumbiendo a esta macabra lógica, como ocurrió en Irak, en el año 2003, que solo fue posible conocer gracias a las denuncias del ahora reportero y escritor Michael Soussan.

Jesús A. Rondón

Sociólogo

@JesusRondonVen