La detención del prófugo de la justicia desde mayo de 2019, Emilio Lozoya Austin, en Málaga, España, el miércoles 12, suscitó muchísimas reacciones y puntos de vista entre ellos los de los partidos Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano con los que es muy difícil no estar de acuerdo sólo por la falta de consistencia a la hora de ponderar sus alcances y consecuencias para los presidentes de los institutos, figuras claves de sus gobiernos y otros.

Si tales opiniones no son bien sopesadas porque como casi siempre, se trata de que cada partido aparezca, no que realmente lo sea, como el más exigente, el que va más a fondo y se confronta más y mejor en forma declarativa con el presidente Andrés Manuel es mucho mejor. Como si la Fiscalía General de la República y su titular, Alejandro Gertz Manero, no fuera un órgano autónomo y un fiscal independiente tal y como lo decidió el Senado y es a ella y a él a quienes corresponde demostrar con pruebas sólidas en los tribunales los presuntos ilícitos cometidos, después de que el exdirector de Petróleos Mexicanos sea extraditado a México.

Veamos. El PAN, en la voz de su coordinador de la bancada en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks exige ir hasta el fondo del mal uso de recursos públicos y señalar a los responsables del nivel que sea, llegar hasta sus últimas consecuencias, como dice el lugar común; sólo le faltó decir “caiga quien caiga”, sin reparar que su antecesor en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, presidente del partido blanquiazul, fue un decidido promotor de la red de “moches” que tenían que entregar los alcaldes panistas para gestionarles la obtención de recursos. Para no hablar del gran asalto cometido por la “pareja presidencial”, Vicente Fox y Marta Sahagún, además de los hijos de ésta, desde las aduanas mexicanas, Pemex y muchas instituciones saqueadas por el gobierno del cambio a plena luz del día.

En la disputa declarativa Samuel García Sepúlveda –senador que se disfraza de taquero y de lo que sea necesario para ser gobernador de Nuevo León por la franquicia Movimiento Ciudadano que administra desde siempre Dante Delgado–, sentencia que “ahora falta Enrique Peña”, porque –ciertamente– representa la cabeza de la corrupción. Exigimos profundamente (sic) que se vaya a la cabeza”. De pasadita Samuel García pide al Grupo de los 10 (dueños de Nuevo León) que no dediquen 20 millones de pesos en “la farsa” de la rifa del avión presidencial. Seguramente los prefiere para su campaña, así sea la décima parte.

Lo explica mucho mejor y sin afanes politiqueros porque tiene que hacer su chamba y realizarla muy bien, el doctor y fiscal Gertz Manero, la captura del exdirector de Pemex tiene un “valor extraordinario”, ya que este caso debe observarse como “un asunto vinculado a toda una estructura de poder”.

Y, finalmente, Ángel Ávila Romero quien administra los restos de lo que fue extraordinario negocio político y mercantil de los Chuchos y asociados, confió que con la captura, extradición y juicio de Lozoya se pueda aclarar “por fin si hubo o no financiamiento ilícito a las campañas electorales del 2012, cuando se eligió a Enrique Peña Nieto como presidente. Opinión para suscribirse y que está en franco desacuerdo con la conducta política de Jesús Ortega y Jesús Zambrano de cerrar filas con EPN en el Pacto por México y olvidarse de los entre 3 y 4 millones de votos que compró y de los que, excepto el obradorismo, no muchos ciudadanos se dieron por enterados.

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