Desde cualquier ángulo que se le observe 35 588 víctimas mortales de la violencia en México durante 2019 son muchos paisanos, si nos atenemos a las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 20 de enero, lo que significa un crecimiento de 1.8 por ciento respecto al año anterior. Pero no tiene sustento que se trata del mayor número de muertes violentas cometidas desde la Revolución mexicana, como juró en Palacio Nacional el periodista-espectáculo Jorge Ramos.

El gabinete de seguridad y el mismo presidente Andrés Manuel aseguran que lograron estabilizar la tendencia creciente de la tasa de homicidios y todo indica que así es, aunque tiene sus asegunes porque el importantísimo punto de inflexión logrado y que la comentocracia –los damnificados del rating y la publicidad gubernamental– olímpicamente ignora que es una noticia muy buena, pues quedan en el pasado tres años consecutivos de crecimiento de dos dígitos con el gobierno Enrique Peña Nieto, pero simultáneamente la estabilización se produjo en un nivel de casi 100 homicidios diarios –incluidos los feminicidios– por día, lo que constituye una tasa anual todavía demasiado alta.

El crecimiento de 1.8 por ciento en el número de víctimas mortales de la violencia resulta muy bajo si es contemplado el incremento demográfico de 2019 en alrededor de 1.3 por ciento. Sin embargo, sí estableció una marca histórica que está muy distante a las de entre 1931 y 1960 porque fueron muy superiores a las del primer año del gobierno de López Obrador, de acuerdo con datos del especialista auténtico Alejandro Hope, ahora que abundan los expertos en seguridad pública. Es un experto del que el defensor del dogma neoliberal, Leo Zuckermann, hace escándalo porque no asesora a la Cuarta Transformación.

La extraordinaria partidización del vital tema de la seguridad pública en la disputa política que sostienen los adversarios de la 4T, encabezados por una afinada orquesta de opinadores que cada vez analiza menos y descalifica más, como en los monólogos de Es la Hora de Opinar, impide que el asunto se valore en sus matices y contradicciones.

Por ejemplo, por qué en el último año de gobierno de Felipe Calderón (2012) se produjo una tendencia a la baja en los crímenes dolosos con la misma estrategia de “guerra contra el narcotráfico” y con Genaro García Luna como máximo jefe policiaco súper corrupto y en connivencia con el Cártel de Sinaloa frente al resto de las bandas criminales.

También por qué se mantuvo la misma tendencia a la baja en los primeros dos años del sexenio de Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio como jefe máximo del sector, funcionario que presumía sin el menor recato los avances como los “más altos en la historia de la humanidad”. Lo que no le sirvió para amarrar la candidatura priista a la Presidencia de la República. Ahora sé que él explica que la pérdida de liderazgo de Peña a partir de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no le permitió reponerse los cuatro años restantes y esto obstaculizó mucho el combate al crimen organizado. La desbordada corrupción institucional seguramente fue otro factor.

Hasta ahora localizo otra explicación que es muy atendible y la autoría es del mismo Alejandro Hope quien postula: “Detrás de las cifras nacionales, existe una enorme diversidad regional… Estas diferencias deberían de servir de recordatorio que el delito violento es un fenómeno dominado por mecanismos locales”.

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