La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra --sin ningún parentesco con este redactor-- dio lo que podría ser la primera muestra de autonomía e independencia respecto del titular del Ejecutivo federal, al reunirse con los familiares de los cuatro universitarios mexicanos asesinados y una herida, el 1 de marzo de 2008 en Santa Rosa de Yanamaru, Sucumbíos, Ecuador, a manos de las fuerzas armadas de Colombia, encabezadas por el entonces ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos –amigo del escritor Carlos Fuentes– y el comandante supremo Álvaro Uribe Vélez.

El ataque causó la muerte del canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Édgar Devia (comandante Raúl Reyes) –cuando promovía una iniciativa pacificadora junto con el gobierno de Francia–, 21 guerrilleros muertos y un herido, además de un soldado muerto durante la Operación Fénix que involucró a 82 elementos de élite, dos Embraer EMB 314 Súper Tucano y cuatro helicópteros Black Hawk, así como más de más de 3 000 hombres (incluyendo las reservas que no lucharon). Se trató de una gran acción del Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional de Colombia, en territorio ecuatoriano, en contra de un campamento guerrillero en el que se encontraban cinco universitarios mexicanos que realizaban una visita, después de asistir a una deliberación pública y legal en Quito.

Los familiares de los jóvenes asesinados por tropas colombianas –Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, y la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez–, le recordaron a Piedra Ibarra que en diciembre de 2008 interpusieron una queja ante la CNDH, pero nunca obtuvieron respuesta, como es natural, pues la presidía el muy conservador José Luis Soberanes, Felipe Calderón detentaba la Presidencia de la República y hacía ostentación de su amistad institucional e incluso personal con Uribe Vélez, hoy bajo investigación por su presunta relación con las masacres paramilitares, sus nexos con el paramilitarismo y narcotraficantes; son 28 procesos judiciales ante la Corte Suprema que no avanzan contra un violador sistémico de los derechos humanos, senador y hombre fuerte de Colombia.

La titular de la CNDH asumió el compromiso, el viernes 17, para atender el caso y garantizarle a las víctimas sus derechos a la justicia y la verdad, la reparación integral del daño y recibir garantías de no repetición.

El problema es complejo porque involucra a dos países de la Alianza del Pacífico (Colombia y México), al Ecuador presidido por el converso Lenín (sic) Boltaire (sic) Moreno, y Venezuela; mas el derecho humanitario no debe aplicarse en dependencia de los costos geopolíticos, no por la CNDH.

Los agraviados por el colombiano Álvaro Uribe informaron a Piedra que desde la masacre de Sucumbíos realizan acciones jurídicas y políticas, además de reunirse con instancias de gobierno y organismos de derechos humanos dentro y fuera de México, sin obtener respuestas por las autoridades del país. Y que entre sus peticiones está el reconocimiento público de México de calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del gobierno mexicano ante las omisiones y retrasos en las investigaciones. Y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abra el archivo político del caso para el conocimiento de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas Sucumbíos; dé acceso al expediente jurídico para conocer su estatus, y brinde las garantías necesarias a Lucía Morett.

¿En dónde están los que auguraban la pérdida de la autonomía de la CNDH bajo la presidencia de María del Rosario? Y todo porque a los panistas se les hizo bolas el engrudo en la negociación en lo oscurito con Ricardo Monreal.

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