Primero el planteamiento formulado por el presidente Andrés Manuel durante la mañanera del viernes –un mecanismo informativo e institucional que muchos comentaristas critican, pero las ven y/o escuchan–, en Ciudad Juárez, dirigido a la Casa Blanca y sus agencias de seguridad respecto a que “Nada de estar administrando la información: ‘A ver, detengo a un delincuente, le saco la sopa y nada más castigo o doy a conocer lo que conviene. Lo que no conviene a mi estrategia, a mi política, no’. Eso no queremos que siga sucediendo, queremos que sea parejo”.

Sin duda que es plausible, digno del más amplio apoyo de los mexicanos por encima de filias, fobias y mezquindades partidistas o de otro género, mas no sé si también resulta realista frente a un imperio que acaba de dictar cátedra como súper policía del mundo, ubicado en la antesala de una campaña electoral en la que pujan por la reelección de Donald Trump, y por ello capaz de generar una coyuntura de guerra sin aportar ninguna prueba sobre los motivos y razones para agredir a Irán al asesinar a Qassem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, durante una visita oficial del general más importante de esa nación soberana e insubordinada a Washington durante cuatro décadas.

No existe peor lucha que la que no se emprende y mantiene a corto y mediano plazos, y por ello conviene tener presente que el sistema judicial y extrajudicial estadunidenses para combatir el trasiego de drogas ilícitas gira alrededor de la delación de los acusados, a los que convierte en “testigos protegidos” para obtener todo la información necesaria para involucrar a terceros y chantajear a gobernantes de todos los niveles sobre cualquier tema del interés estadunidense.

No fue el caso de Joaquín Guzmán Loera y unos cuantos mexicanos más que tuvieron los tamaños y entereza para no declararse culpables desde el arranque del show de los fiscales y jueces, y por ello permanecerán en cárceles en condiciones infrahumanas para el resto de sus días.

Casi todos transan, el caso más reciente es el de Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón que presuntamente recibió decenas de millones de dólares para proteger al Cártel de Sinaloa, mientras el dueto de tecnócratas propagaba una guerra contra el tráfico de narcóticos. Y el que transa avanza en USA. Informan los que saben y no presumen de ser expertos, que los capos delatores reciben todo tipo de facilidades en la prisión, la abandonan pronto y forrados de dólares, convertidos en empresarios y con nuevo rostro físico.

Con 27 millones de adictos y 66 millones de alcohólicos en EU y sin expectativas de que disminuyan las cifras porque la alienación es consustancial a modelo de dominación; con la lavadora de recursos ilícitos más grande y eficiente de la aldea y que despacha desde Wall Street; con el uso y abuso de la guerra contra las drogas decretada el 21 de junio de 1971 por el belicista Richard Nixon y empleada hasta la actualidad como instrumento de la geopolítica estadunidense; con ello y más resulta comprensible aunque no justificable que los administradores del imperio no tengan interés en combatir el problema sino en administrarlo debido a que a corto plazo les da muy buenos resultados, pero con costos irreversibles a la larga.

Tal contexto podría explicar, quizá, que la reciprocidad informativa que exige López Obradora a la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado es legítima y pertinente, pero harto complicada de conquistar.

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