Hablar de la responsabilidad de las empresas transnacionales frente al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, habitualmente nombrados como los DESCA, es hacerlo sobre una relación altamente conflictiva. Relación de tensión permanente en la que, lo adelantamos ya, los segundos están perdiendo ante la expansión y dominio de las primeras. Relación también en la que éstas últimas tratan permanentemente de soslayar, ignorar o invisibilizar su responsabilidad respecto a la maltrecha situación de esos derechos. Pero empecemos por lo básico, por conocer y reconocer a los actores principales de este no idilio de amor.

Los actores I: los DESCA

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC inicialmente, ya que los Ambientales se incorporarán con posterioridad, forman hoy parte de la denominada como Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, ese conjunto de pactos y declaraciones que, conformado por los DESC más los Derechos Civiles y Políticos (DCP) y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen el abanico completo de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. De ellos, a su vez, se irán desarrollando toda una serie de tratados que recogen el reconocimiento de derechos en los diferentes campos de la vida humana y de la naturaleza en este planeta. Nos referimos así a los pactos y convenios sobre los derechos laborales, sobre la igualdad y derechos de las mujeres, sobre la eliminación de todas de discriminación racial, de la infancia, contra la tortura, etc.

Pero si bien lo anterior es el marco aprobado durante los últimos 70 años en el seno de las Naciones Unidas su desarrollo y, sobre todo, su ejercicio es la razón principal de un conflicto permanente que viene propiciado desde los diferentes actores responsables de su cumplimiento, estados y organismos regionales e internacionales especialmente, pero cada vez más las empresas transnacionales que también entran en juego con sus actuaciones violentando o ignorando esos derechos. Los DESCA hacen alusión directa a derechos como aquellos que tienen que ver con la educación, con el mundo laboral, con la salud, con la vivienda, con el acceso al agua, con el respeto a las diferentes culturas o a vivir en un medioambiente saludable, con aquellos derechos pertinentes para la salud sexual y reproductiva, para la igualdad entre mujeres y hombres, o con poder beneficiarse por igual de los adelantos técnicos y científicos. Podríamos decir, a modo de conjunción de consenso que son todos aquellos derechos que proveen al ser humano de la posibilidad de una vida digna en todas sus dimensiones. Y subrayamos esto último, pues es central para el siguiente elemento que nos interesa destacar.

Una aclaración importante en esta descripción de los instrumentos de derechos es señalar que habitualmente se ha venido considerando a los DESCA, y así se les cita en muchas bibliografía política, como los derechos de segunda generación, entendiendo a los llamados Derechos Civiles y Políticos como los de primera generación. Esta clasificación, no exenta de intencionalidad política, ha permitido una cierta interiorización en las sociedades del hecho de que los últimos están por encima, son más importantes que los primeros, esos que aquí nos ocuparán y preocuparán. Nada más lejos de la realidad y de la verdad, y un ejemplo creemos que visibilizará con claridad meridiana esta afirmación. El derecho a la vida se ubica entre los derechos civiles y políticos, sin embargo, los DESCA nos hablan del derecho a una vida digna. Es claro que el simple hecho de poder vivir es un derecho de primer orden, pero creemos que lo es igualmente ese otro derecho que generalmente los sistemas políticos y económicos dominantes ocultan, como es que toda persona debe de tener las condiciones éticas, psíquicas y materiales para una vida en plenitud, para una vida digna. Veremos que este es el eje del conflicto que nos ocupa en esa relación entre los DESCA y las empresas transnacionales.

Los actores II: las empresas transnacionales

Llamadas también sociedades corporativas o multinacionales, se constituyen hoy en día como el máximo poder económico en el mundo y, gracias a éste, podemos entender que cada vez con más fuerza se erigen también como el principal poder político en el planeta.

Aunque sus inicios se remontan a las décadas finales del siglo XIX, es en el contexto actual de la globalización neoliberal cuando estos actores se transforman en auténticos protagonistas de dominación económica, política, social e incluso ideológica. Descripciones se han dado muchas y más o menos variadas, pero posiblemente lo más sencillo sea lo más acertado y comprensible para saber ante qué tipo de actores nos movemos. A todos y a todas nos vienen a la cabeza de forma inmediata multitud de nombres: desde Monsanto hasta Nestlé, desde British Petroleum hasta Toyota o Samsung, pasando por Coca Cola, McDonald’s, Apple o Walt Disney; pero también otras más cercanas como Telefónica, Repsol, BBVA o Banco Santander, ACS, Prisa, NH Hoteles o Endesa. Grandes empresas con extensiones considerables en el mundo que actúan en la práctica totalidad de sectores económicos de nuestra vida: energético, comunicacional, de alimentación y moda, farmacéuticos o bancarios, extractivistas o de automoción…

En suma, son grandes corporaciones empresariales que, con un país como sede central, operan en varios otros, extendiéndose por el mundo mediante filiales o franquicias, a pesar de lo cual se puede afirmar que se constituyen como una unidad económica, donde sus decisiones más importantes están centralizadas en manos de los consejos de administración que las dirigen. Por cierto, importante también aquí señalar que esas élites directivas son de forma abrumadora mayoritariamente masculinas, reforzando así el carácter patriarcal de estas estructuras que, en gran medida, controlan y dirigen la vida de las sociedades hoy en el mundo. Dominan la producción, la comercialización y la distribución de todo tipo de productos, así como la prestación de servicios en todos los sectores económicos antes citados. Pero también de alguna forma definen lo que tenemos que pensar, cómo nos divertimos o hacia qué dirigimos muchas de nuestras inquietudes y expectativas; esto lo consiguen mediante las transnacionales de la comunicación y el entretenimiento que hoy se funden en escasos grupos o holdings comunicacionales (The Walt Disney, Time Warner, Prisa, Vocento, Planeta...). Importante es que a pesar de su presencia en multitud de países las tasas de retorno de los beneficios regresan a la sede central en su inmensa mayoría, por lo tanto, no producen, aunque les guste decir lo contrario, un desarrollo destacable en esos segundos o terceros países en los que se asientan.

De esto último se podría inferir una cierta fidelidad de las transnacionales a sus países de origen y, aunque así pudo ser durante décadas hoy, en un marco de actuación globalizado que contempla la acumulación, concentración y expansión del capital para la obtención del máximo de beneficio, esto ya no es así. Por encima de las fidelidades nacionales están esos beneficios y esto explica la movilidad y deslocalización que muchas de estas empresas adoptan como estrategia. Ir allá donde es más factible obtener un máximo de beneficios es el horizonte perseguido. Evidentemente, incide en estas decisiones de movilización el hecho de que en determinados terceros países el costo de la mano de obra será mucho más barato, se le impondrá la no sindicalización para evitar protestas y huelgas, y se recortarán otra serie de derechos laborales. Mismo caso si hablamos de las exigencias de control medioambiental por el impacto agresivo de la producción, con unos estándares de exigibilidad fáciles de soslayar mediante corrupciones o modificación legislativas ad hoc.

De lo anterior se desprende claramente que el objetivo principal es la obtención de ese máximo beneficio y para ello definen actuaciones priorizando claro sus intereses económicos. Cuentan para lograrlo, caso de necesidad eso sí, con sus estados de referencia (donde tienen la sede central) que les dan cierta protección y defensa de sus intereses, de forma especial ante organismos internacionales como es el caso de la Organización Internacional del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Pero han desarrollado también lo que se puede denominar como la “estructura de la impunidad”, toda una serie de tribunales y organismos “ad hoc” controlados por ellas y donde dirimen sus diferencias y denuncias contra los estados. Por ejemplo, hoy una trasnacional puede denunciar a un estado por haber cambiado una ley y considerar que este cambio le perjudica (ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional). La denuncia será bajo la acusación del denominado “lucro cesante”, es decir, la cantidad de dinero que la empresa considera que perderá al verse obligada a subir el salario a sus trabajadores. Pero, además, el sostén de los intereses de estas estructuras empresariales por parte directa de los estados no queda limitado a los organismos antes citados sino que, cada vez más, también se produce por medios políticos (presión política sobre terceros países) e incluso militares (derribo de gobiernos, golpes de estado o invasiones). Es la protección de “nuestras empresas” para salir de la crisis o avanzar en el desarrollo y crecimiento de la economía, que tanta veces escuchamos en los discursos políticos.

La relación tormentosa

Se puede inferir de todo lo anterior que la relación entre empresas transnacionales y el ejercicio de los DESCA es, en el marco de la globalización neoliberal, como un choque de trenes, pero en el que uno es de juguete y el otro viene a ser un “alta velocidad”.

Cuando el objetivo básico, ya lo hemos dicho, radica en la maximización de los beneficios, es de entender que, por ejemplo, los derechos de los/as trabajadores, de la naturaleza o el fortalecimiento y extensión de los servicios sociales, no sean rentables para esas empresas, sino que los ven como obstáculos para esa obtención de beneficios. Se reducirán o eliminarán aquellos ámbitos de interés económico que se consideren deficitarios, generalmente los denominados como servicios sociales. Igualmente, se empujará hacia la privatización de todos aquellos sectores económicos estratégicos que en algún momento estuvieron en manos de los estados, que fueron públicos, convirtiéndolos ahora en privados. Las normas y fines no serán ya para la mejora de las condiciones de vida de la población, a través de una redistribución de la riqueza o de reinversiones públicas sino, una vez más, para la obtención del máximo beneficio posible, ahora dirigida a las arcas de estas estructuras empresariales.

El llamado adelgazamiento de los estados y de los sistemas democráticos es una constante. Tiene que ver con que los primeros pierden su rol de definidores de las políticas económicas y de la subordinación de éstas a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones respectivas. Los estados quedan con un carácter de casi meros administradores de los intereses de las élites económicas, por ejemplo, aprobando las leyes necesarias para las privatizaciones o para las llamadas mejoras a la inversión privada (reducción de impuestos), lo que permite entender mejor la pérdida del valor de la política entre la población. La clase política y sus decisiones se supeditan ahora plenamente a la economía y, sobre todo, a los intereses de las élites económicas. Y esto dibuja un escenario donde la democracia y los derechos humanos, especialmente los DESCA, también se estrechan pues se convierten en obstáculos. Tener que orientar fondos públicos hacia estos derechos (educación y sanidad pública, universal y gratuita, viviendas accesibles, agua para todos/as, condiciones laborales justas….) aumentar los impuestos a quienes más ganan (en lo que nos ocupa en este texto, a las transnacionales), activar políticas de redistribución de la riqueza y otras muchas medidas que tienen que ver con los DESCA, sin perder de vista tampoco los derechos civiles y políticos, son actuaciones no rentables para el sistema neoliberal ni para sus agentes sustentadores, por lo que se eliminarán, causando empobrecimiento en un lado de la balanza social mientras aumenta la riqueza en el otro lado. Por ejemplo, no hay más que hacer un repaso somero a cualquier informe reciente sobre distribución de la riqueza y comprobamos que en la última década, la de la crisis en el estado español, el número de multimillonarios se ha quintuplicado mientras el empobrecimiento de cada vez más capas de población aumenta (muchas personas no llegan a fin de mes ni teniendo un empleo, dada la precarización de los mismos), lo que da lugar a que la brecha de la desigualdad con la crisis haya crecido ostensiblemente.

Este poder económico concentrado en cada vez menos manos consigue fácilmente que los estados aprueben normas, reglas y leyes que le benefician. Las transnacionales no entran hoy en los países como en las épocas del colonialismo, es decir imponiendo “a sangre y fuego” su poder para la explotación de los territorios. Por el contrario, se valen de la aprobación de esas leyes, nacionales e internacionales, que permiten su entrada posterior sin obstáculos y “cumpliendo la ley”. Un ejemplo más. Se aprueban leyes mineras que establecen para estas empresas el pago del 1% de impuestos sobre los beneficios obtenidos; conclusión: se llevan la práctica totalidad de los beneficios, dejan los territorios generalmente contaminados y expoliados, no generan el desarrollo anunciado y las poblaciones locales quedan en peores condiciones de vida, pero cumplen la ley.

El poder de las transnacionales. El caso Guatemala

Hasta aquí unos apuntes respecto a las principales características que acontecen en eso que hemos denominado al principio de este texto como el no idilio de amor entre transnacionales y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir de ahora pretendemos, para una mejor comprensión de las ideas expuestas, bajar un peldaño y, como suele decirse, pisar tierra.

Las siguientes páginas se centran en Guatemala, siguiendo en gran medida una parte del informe “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”. Intentaremos mostrar con la claridad posible de unos pocos párrafos la situación de este país centroamericano en las últimas décadas y el proceso de entrada en el mismo de las transnacionales así como sus consecuencias más evidentes. Consideramos que este caso nos permite visualizar las aristas de esa relación tensa entre estas estructuras empresariales y los DESCA. Sin embargo, es importante señalar también que, de alguna forma, Guatemala se ha convertido en el paradigma de lo que acontece en la mayor parte, por lo menos, del continente americano. Por eso, las referencias directas a este país, podrían ser, con matices y complementaciones necesarias, consideradas las mismas que para cualquier otro país. Podríamos hablar así del caso Honduras, el de Ecuador, Chile, Haití, Perú... La forma de operar por parte de la mayoría de empresas transnacionales es muy similar de un lugar a otro ya que lo hacen en un mundo globalizado en el que las normas, reglas y leyes las están poniendo ellas. Por lo tanto, los efectos sobre la vida digna de las personas y pueblos, el respeto o irrespeto a los derechos es una constante en la mayoría de los países. Entremos en materia.

1996 marcó un punto de inflexión en la historia de este país centroamericano. La firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla ponían fin a un conflicto armado de 36 años que arrojaba cifras realmente brutales (400 aldeas arrasadas, 200.000 muertes, 1 millón de personas desplazadas, 250.000 refugiados en los países limítrofes). Se ha escrito mucho sobre los significados más importantes de esos Acuerdos de Paz y, aunque siempre hay que subrayar el hecho positivo de que pusieron fin a una guerra brutal de 36 años, también éstos supusieron en gran medida la generación de las condiciones que el sistema neoliberal necesitaba para asentarse en Guatemala y, por extensión, en el área centroamericana. Así lo explicitan hoy cada vez más sectores y movimientos sociales afirmando que “vistos en el momento actual, los Acuerdos de Paz se firmaron en realidad no como una solución al conflicto, sino más bien para crear las condiciones para la implantación del modelo neoliberal. De ahí que desde un principio se empezaran a privatizar los servicios públicos y el Estado comenzara a delegar en las empresas privadas sus obligaciones básicas. Dejó de responder por su población y, por el contrario, comenzó a garantizar la inversión y la propiedad privada de las empresas nacionales y extranjeras.”

La anhelada inserción de Guatemala a los sistemas democráticos y a un tiempo de mayor justicia social pretendía en realidad la entrada de sus élites económicas al mercado mundial y buscaba la resolución de sus desequilibrios comerciales y el aumento de su crecimiento económico, no para el beneficio de las mayorías, sino en exclusividad para las minorías altamente enriquecidas del país. En la última década del siglo XX, superada la etapa en la que las dictaduras militares habían sido el denominador común en el continente, estos objetivos requerían un país pacificado, que no necesariamente en paz ni con la demandada justicia social cumplida, y poner en curso las políticas que en esos años se denominaban en todo el continente como de ajuste estructural (primera fase de las políticas neoliberales).

Es necesario recordar que 1973, con el inicio de la dictadura pinochetista en Chile, supuso en cierta forma, la señal de salida para la experimentación práctica de la doctrina neoliberal. Serán precisamente los conocidos desde ese momento como “Chicago boys”, los alumnos aventajados del teórico del neoliberalismo Milton Friedman, quienes se trasladan desde Estados Unidos a Chile para este trabajo. Era ahora posible pues la eliminación de la oposición política, sindical y social garantizaba que estas nuevas medidas se podrían imponer sin protestas. Acabando la etapa de las dictaduras, el ensayo se traslada ya a las nuevas democracias (Bolivia…) que habían seguido el modelo español de la transición de la dictadura a la democracia pero sin alterar las estructuras ni el poder de las élites económicas. En los años 90 Centroamérica con los conflictos guerrilleros todavía en curso era el último espacio territorial del continente donde se imposibilitaba la implantación del neoliberalismo. Por eso, en gran medida los procesos de paz responden, entre otros, a este interés. En Guatemala, además, incidirá el hecho de que la guerra (genocidio maya) ha implantado el terror de forma persistente entre la población y gran parte de los liderazgos sociales han sido eliminados. Esto facilitará que con los acuerdos de paz las medidas neoliberales se vayan imponiendo sin excesiva oposición, con todo lo que supondrá de recortes de derechos, especialmente los sociales, económicos y ambientales, pues respecto a los civiles y políticos la nueva era sí trae consigo una cierta apertura.

Los principales elementos en el ámbito económico ahora serán: la apertura de las fronteras y, con ello, la liberación de los impuestos a la importación de productos; privatización de los sectores económicos estratégicos y de las empresas públicas con importantes márgenes de ganancia, muchas de las cuales ya han sido compradas por capital nacional y transnacional; creación de los medios para el fomento y desarrollo de los productos llamados “no tradicionales”; eliminación del gasto social para los servicios de salud y educación; y cambios, adecuación y elaboración de las leyes necesarias para la sustentación del nuevo modelo.

Todo este sistema, además de para el capital transnacional, es altamente ventajoso para finqueros y terratenientes quienes, por otra parte, habían salido de la guerra y de los Acuerdos de Paz sin ver mermados sus privilegios. Solo un dato ilustrativo de esta situación, quince años después de firmados los acuerdos la situación era la siguiente: “se mantiene un sistema desigual de distribución y acceso a la tierra, dejando a los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad, particularmente ante la concesión de proyectos de desarrollo (…), la producción a gran escala aún cubre el 70% de la tierra cultivable, la cual es controlada por el 2% de los terratenientes, mientras que los campesinos propietarios de pequeñas parcelas, principalmente indígenas, solo acceden a un 2,5% de esta tierra”. En los últimos años la concentración de la tierra mantiene un proceso de aumento, especialmente con la implantación de cultivos agroindustriales que ha llevado en muchos casos al desplazamiento forzado de comunidades (soja, palma africana, caña de azúcar). Este es el contexto perfecto, y así exigido, para la entrada y actuación de las transnacionales en Guatemala en el marco del asentamiento del sistema neoliberal.

Vale de nuevo para ilustrar la situación la metáfora ya antes señalada sobre el choque de trenes desiguales. Debemos imaginar ahora ese choque de trenes entre dos concepciones claramente antagónicas, como son la visión indígena (mayoritaria en Guatemala) y la neoliberal (mayoritaria solo entre las élites del país). Ésta última encarna la introducción forzada del modelo capitalista y su concepto de uso y explotación de los territorios (tierra para producir) y de sus recursos naturales. La explotación se caracteriza ahora por métodos que buscan una menor inversión, en el más corto espacio de tiempo pero para la consecución de mayores rentabilidades, lo que se traducirá en explotación abusiva, esquilmación de esos recursos, contaminación y destrucción e irrespeto absoluto a los derechos de la tierra, los pueblos y las personas. En realidad, más que choque de trenes supone, en esta coyuntura, el paso arrollador de una apisonadora (neoliberalismo) que ignora totalmente la existencia de los pueblos indígenas y, sobre todo, esa visión propia del territorio de éstos, que va más allá de conceptualizar a éste meramente como una mercancía, un producto explotable, siendo el espacio que, además de sustento, da identidad y dignidad a las personas y pueblos.

Así, usando las palabras de éstos últimos, “las corporaciones transnacionales están invadiendo nuestros territorios y apropiándose arbitrariamente de todas las vidas que existimos en él. Necesitan de nuestros territorios, de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestros bosques, de nuestro aire y también de nuestras vidas y conocimientos para implantar su nuevo sistema mundial de producción, de consumo y de mercado global. Para ellos los indígenas, junto con nuestros territorios, ecosistemas y la biodiversidad somos sólo la “materia prima” para ser privatizada, procesada y vendida en los mercados mundiales.”

La ocupación de estos espacios se realizará a cargo de grandes empresas de capital extranjero (norteamericano, incluyendo al canadiense, y europeo), vinculadas siempre al capital local, principalmente para la construcción indiscriminada de hidroeléctricas, pero también para la implantación de hidrocarburíferas, mineras, forestales y agroganaderas extensivas (grandes fincas). Todas ellas llevándose las enormes ganancias que supone tener un país barato (impuestos insignificantes para estas empresas) y sin ninguna obligación de mejora para las condiciones de vida de las grandes mayorías. Además, éstas últimas nunca serán consultadas, tal y como establecen instrumentos internacionales de derechos humanos como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (derecho de consulta) o la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a través del libre consentimiento informado previo, como requisitos antes de cualquier implementación de actuación en los territorios indígenas, siempre que dichos proyectos afecten de forma evidente el presente y/o futuro de las comunidades.

Aunque también se ha escrito y denunciado mucho sobre las actuaciones de las empresas transnacionales en la totalidad del país, es difícil obtener un listado completo de éstas, sus nacionalidades y los beneficios que obtienen dado, en unos casos el ocultismo de los ministerios y agencias que intervienen o, en otros, el enmarañamiento o falta directamente de la información disponible. Sin embargo, si hay algunos datos muy reveladores, que tienen una relación directa con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En noviembre de 2015 se contabilizaban en Guatemala hasta un total de 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo y otros 20 proyectos en estudio para iniciar su construcción en breve. Esto en un país donde muchas de las comunidades expulsadas de sus asentamientos por éstos y otros megaproyectos no cuentan con electricidad. Luego, la construcción de hidroeléctricas no responde nunca a cubrir las necesidades de esta fuente de energía de la población guatemalteca. Por el contrario, gran parte de esa electricidad será destinada a otras actuaciones como las explotaciones mineras, agroindustriales o para su exportación hacia el resto de Centroamérica en lo que se han dado en llamar los grandes polos de desarrollo económico de esta área geográfica (Plan Puebla-Panamá, Corredor Mesoamericano…), siempre bajo la planificación y dirección última de los Estados Unidos.

Un ejemplo ciertamente escandaloso es el que hoy representa la construcción del denominado complejo hidroeléctrico Renace, sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz y que tiene como uno de sus protagonistas principales a la transnacional española ACS (Actividades de Construcción y Servicios). Esta empresa tiene como presidente a Florentino Pérez que, además, es uno de sus principales accionistas y también presidente conocido del Real Madrid. La alianza para esta acción en Guatemala lo es con CMI (Corporación Multi Inversiones) que, a su vez es uno de los principales grupos económicos del país. Pues bien, Renace supone la construcción de cinco represas en cadena sobre unos 30 kilómetros del río Cahabón. Cuando esté totalmente concluido este complejo se calcula que producirá hasta un 13% del total de energía eléctrica de Guatemala. Nunca se ha consultado a las más de 30.000 personas del pueblo q’eqchi que se están viendo afectadas, que pierden el acceso al agua del río que usan para el consumo diario de ellas mismas y de los pocos animales que tienen, además de para los escasos cultivos. Pero más sangrante aún, respecto a los DESCA, es el hecho de que Renace se construye en el municipio de San Pedro Carchá que encabeza el listado de municipios con menor índice de electrificación (sobre un 32%) del país, y no recibirá ni un kilovatio de lo que pronto se producirá en su territorio expoliado.

Pero toda esta situación, como ya se ha indicado, no sería posible si las clases altas y los sucesivos gobiernos guatemaltecos no respaldaran plenamente estas actuaciones propias y de transnacionales. Por eso, es necesario que las estructuras institucionales del estado y los servicios que éstas prestan, estén al servicio del sistema. Para ello los procesos de privatización de lo público y la aprobación de las leyes que permiten la entrada fácil y sin casi obligaciones de las transnacionales, son elementos imprescindibles. A continuación otro caso que ejemplifica en gran medida la forma habitual de proceder de estas empresas y también su relación con los DESCA:

Con la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, en el gobierno de Álvaro Arzú, en 1998 (dos años después de los Acuerdos de paz) la empresa española Unión Fenosa se quedó por 50 años con la concesión de la distribución de energía eléctrica, a 20 de los 22 Departamentos de Guatemala. Se violaba la constitución en su artículo número 130 que establece la prohibición del monopolio. Y para ocultarlo, la multinacional creó las sub-empresas: Deocsa en el occidente y costa sur, Deorsa en el norte y oriente del país. Desde entonces su actividad se amplió a otras áreas relacionadas con la energía, como el gas y las telecomunicaciones. Pasó a tener la propiedad de un 90,83% de Deocsa, un 92,84% de Deorsa, un 100% de Guatemel (comercializadora) y un 100% de Decsa, sociedad tenedora a su vez del 90% de Recsa, Redes Eléctricas de Centroamérica (empresa de transporte de energía). En el año 2011 el fondo de inversión Actis del Reino Unido compró a Unión Fenosa las acciones de Deocsa y Deorsa e inició un proceso de transformación que incluyó su cambió de imagen y denominación comercial. La suma de ambas empresas pasa a denominarse Energuate, aunque sigue existiendo la figura legal de Fenosa Deocsa Deorsa.

La obligación de la concesión en principio era llevar electricidad a todas las comunidades de los departamentos donde opera. Pero en el año dos mil empezaron a darse anomalías, como contadores irregulares, lecturas erróneas de los mismos, precios abusivos, apagones constantes causando pérdidas de productos perecederos como carnes y productos lácteos, riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos electrodomésticos, cambio de contadores buenos por irregulares, sabotajes al sistema de baja y alta tensión para echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados por re-conexión. Desde el año 2008, la población ha interpuesto un mínimo de 90.000 denuncias ante la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica. A lo largo de 7 años, se buscó el dialogo con la empresa.

La respuesta de Unión Fenosa, fue el menosprecio, prepotencia, amenazas y la represión, primero cortando el servicio eléctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia, criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población. En diciembre de 2009, a petición de Unión Fenosa el gobierno decretó el estado de sitio en el departamento de San Marcos, restringiendo una serie de garantías constitucionales.

A modo de conclusión parcial

En demasiadas ocasiones las conclusiones se plantean como aquellas que fijan verdades y que cierran el círculo de lo tratado. En esta ocasión creemos mejor hablar de conclusiones parciales, como aquellas que extraemos de la situación descrita en los párrafos anteriores, pero de forma inacabada pues creemos que aún hay mucho por escribir, hay mucho por hacer en la solución de ese nudo que hoy son las relaciones entre transnacionales y derechos. Dicho de otro modo, hay una responsabilidad en las organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, campesinas por seguir dando pasos en el horizonte necesario por voltear la relación. Hemos hablado de cómo la búsqueda del máximo de beneficio a cualquier precio en el marco de la globalización neoliberal por parte de las transnacionales está suponiendo una pérdida evidente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de civiles y políticos, para las grandes mayorías. Hay que cambiar está relación de subordinación; los derechos humanos, todos, los individuales y colectivos, deben de primar sobre el interés exclusivo por la obtención de beneficios que hoy alejan a nuestras sociedades de sistemas verdaderamente democráticos y de justicia social, donde la brecha de desigualdad se estreche hasta lograr su desaparición.

Es vital para la vida digna de las grandes mayorías romper con las asimetrías que han crecido entre transnacionales y estados pero, sobre todo, entre las primeras y las sociedades, generando situaciones continuadas de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas y de la naturaleza. Porque las actuaciones de las transnacionales coleccionan ya un amplio abanico de responsabilidades sobre la situación del medio ambiente, sobre la crisis climática, sobre la salud y educación de las personas, sobre el acceso al agua, a una alimentación sana, respecto a proveer sociedades donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, sobre los derechos y condiciones laborales, en suma, sobre la vida y como la canción que nuevamente han puesto de moda las grandes movilización en Chile contra el neoliberalismo, por el derecho de vivir en paz, con todo lo que esto supone para las personas y los pueblos.

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Jesús González Pazos

Mugarik Gabe

Noviembre 2019