“Lo importante aquí es rechazar la idea de que todos los aspectos de la vida de una sociedad están determinados por su situación económica, idea que no corresponde con la realidad.”

Alain Touraine

La tesis fundamental de Keyes es que hay que aumentar el gasto agregado para generar más   empleo e ingresos monetarios de las personas, ya que sin ello la depresión económica persiste.  Los llamados economistas vulgares de nuevo cuño, incluso varios premios nobel de economía, dirían que las tesis de Keynes no funcionan ya que la depresión y el paro pueden darse incluso después de aumentarse el gasto e inversión pública. ¿Como puede suceder ello? El argumento muy en boga a finales de la década de los 70s, es que el Estado financia el gasto agregado con recursos de préstamos, por lo que aumentos de las tasas de interés provoca no solo una caída de la tasa de inversión real publica, sino también de la inversión privada.

Otro argumento es que el gobierno financia sus gastos no solo con endeudamiento e impuestos, sino con mayor emisión monetaria, por lo que aumenta la inflación, que erosiona los salarios y aumenta los costos de las obras públicas, por lo que hay que reducir el gasto reflejado en un ensanchamiento del déficit fiscal. Este argumento se ha impuesto como ideología monetarista neoliberal, incluso por sobre los criterios técnicos de mantener niveles de inversión pública real necesarios para estimular la demanda y aumentar el producto. Nadie niega la importancia de mantener tasas de inflación manejables, pero los fanáticos del FMI atan la política económica a este tabú monetario sin importar sus efectos e impactos negativos en la economía y población.

En el caso de Honduras, el FMI está por lograr tres ansiados sueños: a) liberalización total del mercado cambiario, para que el tipo de cambio (lempiras por dólar) se fije libremente entre oferentes y demandantes; b) reformas a la Ley Constitutiva del Banco Central para que Honduras adopte plenamente el régimen de metas de inflación; c) la privatización de la salud y seguridad social con apoyo de otros organismos multilaterales de crédito.

Estas metas de política económica y social, se persiguen independientemente de que el gobierno sea ilegitimo, autoritario y coludido con el crimen organizado y narcotráfico. Parece ser que democracia y política económica del FMI son incompatibles, en tanto se hace alusión como experiencia positiva a los grandes logros obtenidos por el gobierno de General Pinochet en Chile, durante los primeros años de su mandato de facto.

El FMI ha firmado con los gobiernos de Pepe Lobo (2010-2013) y Juan Orlando Hernández (2014-a la fecha), tres (3) acuerdos, orientados a estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto e inversión pública, precarizar el trabajo con la ley de empleo por hora, privatizar las empresas publicas ( ENEE y Hondutel principalmente), y la Salud y Educación, acompañado del despido de empleados públicos y la perdida de autonomía del Banco Central y Secretaria de Finanzas en el diseño de las políticas cambiarias, financieras y fiscales, pero curiosamente ha aumentado el endeudamiento de la economía ( más del 50%PIB), la pobreza y desigualdad. Estas recetas van acompañadas de la entrega de los recursos naturales al capital extranjero, y la proliferación del Extractivismo en minería, bosque, agua, biodiversidad, palma africana, camarón, etc. El presidente de Ecuador en retirada, Lenin Moreno, solo tiene que ver a Honduras y analizar los resultados de los “trancazos” liderados por el FMI, para intuir lo que pasará en su país en caso de copiar y aplicar las mismas recetas.

El FMI guarda silencio acerca de la corrupción en el país, y sigue apoyando la ejecución de la política de estabilización económica y ajuste estructural del gobierno ilegitimo de Juan Orlando Hernández (JOH), sin importar los costos para el país y población a futuro. Pero también, guarda silencio de las denuncias de narcotráfico y lavado de activos, donde están involucrados altos funcionarios del gobierno, diputados, empresarios, militares y dirigentes de organizaciones gremiales. Para el FMI un país es de confianza si cumple con las políticas recomendadas, no importando si este es un Narco Estado.

El endeudamiento y las remesas familiares, son la que sostienen la economía hondureña, sumado a los ingresos por exportaciones de café, palma africana y camarones. La realidad demuestra que hay que sumar los ingresos producto de la corrupción y narcotráfico, donde la mayor parte de los funcionarios, diputados y militares, se han convertido -en un periodo corto de tiempo-en grandes empresarios y nuevos ricos de Honduras, dueños de haciendas, cultivos, empresas hidroeléctricas y plantas térmicas. Este dinero estimula la economía, al generar mayor demanda de bienes de consumo; incluso, permite comprar dueños de medios de comunicación y periodistas, el financiamiento de las campañas políticas, tal como se ha demostrado en el juicio contra Tony Hernández por narcotráfico en Nueva York, hermano de JOH, contratación de una nueva policía militar del orden público al servicio del presidente y el sostén de una fuerza de choque (activistas pagados) capaz de enfrentarse a la oposición en defensa de su líder, y ganar elecciones fraudulentas.

EL FMI, tal como lo hace cuando los gobiernos no cumplen con la aplicación de las políticas económicas y sociales establecidas en los convenios de préstamo, ni con los objetivos-metas, debería invocar un principio de condicionalidad en los casos de gobiernos corruptos ligados al crimen organizado y narcotráfico, en el sentido de no apoyarlos con recursos frescos de la Banca Multilateral, ya que el FMI es el Gurdián de los mismos. Un argumento esgrimido por los políticos, es que, sino se apoya a este tipo de gobiernos, la corrupción y el narcotráfico se profundizan, al convertirse en gobiernos débiles institucionalmente, pero deseosos de enriquecerse rápidamente y darle “circo” a la población utilizando recursos financieros de dudosa procedencia. El problema es que este tipo de gobiernos, no aguantan la presión y duran muy poco en el poder; caso contrario, cuando tienen acceso directo a recursos de la banca multilateral y bilateral, avalados por el FMI, pero también acceso a recursos del crimen organizado y el narcotráfico tal como sucede en Honduras.

El fortalecimiento de los procesos democráticos debe ser uno de los objetivos de política de los OFIs, ya que la captura del Estado por políticos corruptos y coludidos con el narcotráfico, favorece la instalación de gobiernos autoritarios, centralistas y violadores sistemáticos de los derechos humanos. EL FMI y las agencias y organismos de cooperación agrupadas en el G-16 no dijeron nada o muy poco de las violaciones a la Constitución de la República y la captura de las instituciones públicas por JOH y su grupo, incluidas la Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia; más bien aplaudieron los logros obtenidos en estabilización económica, desligando la economía de la institucionalidad y política. Al parecer, el nuevo paradigma neoliberal con el FMI a la cabeza, es que gobiernos dictatoriales, corruptos y narcotraficantes son los mejores aliados para alcanzar las metas de estabilización económica primero, y de desarrollo después.

Tegucigalpa, 10 de octubre de 2019