Ni se entiende ni se pretende entender que la modificación de las relaciones de tenencia de la tierra debe ser acompañada por un esfuerzo desde el Estado”.

Gilberto Ríos

Recién nos enteramos del sensible e inesperado fallecimiento de Gilberto Ríos, una autoridad en temas agrarios y defensa de los derechos humanos en Honduras; padre de Gilberto Ríos Munguía, secretario de Relaciones Internacionales y dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE) que coordina Manuel Zelaya Rosales. El suceso acaecido en la Habana, Cuba, tomó por sorpresa a dirigentes de dicho partido y a miembros de organizaciones de derechos humanos, ya que Gilberto dirigía FIAN-Honduras, una organización dedicada a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades campesinas e indígenas, cercenados por políticos, empresarios y compañías transnacionales con la ejecución de proyectos extractivos y de despojo de los recursos naturales.

Conocimos a Gilberto a finales de la década de los 70s, con la creación del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER), de cual fue fundador, directivo e investigador en temas agrarios, dada su formación como Técnico en Desarrollo Agrario (TDA). Esta organización tenia con objetivo “promover la organización del pequeño y mediano productor y fortalecer aquellos grupos de la Reforma Agraria hondureña en proceso de consolidación productiva y social, apoyándolos con servicios de educación, organización, capacitación y asistencia técnica, tecnología y crédito solidario; reivindicando el derecho de las familias campesinas, en especial mujeres, por la tierra y la `protección de los recursos naturales.

EL IHDER, todavía vigente, se constituyó en el brazo técnico del Instituto Nacional Agrario (INA) y de organizaciones campesinas no patronales, en la aplicación de la política y ley de reforma agraria en Honduras, promulgada en un gobierno militar de corte populista en la década de los 70s. Un trabajo importante de Gilberto fue el fortalecimiento del Programa de Capacitación Campesina de la Reforma Agraria (PROCCARA) ejecutado por el INA.Igualmente, la defensa de los derechos humanos en la década de los 80s, ya que estas acciones a favor de los campesinos fueron vistas con actos subversivos por empresarios y militares en los gobiernos de Roberto Suazo Córdova (1982-1985) y José Simón Azcona ( 1986-1989), curiosamente dos (2) gobiernos del Partido Liberal, un partido de las “milicias” eternamente jóvenes, cuyos dirigentes se convirtieron en “gendarmes” de la política de contrainsurgencia y seguridad nacional del gobierno norteamericano.

En la década de los 90s, con el ascenso al poder de Rafael Leonardo Callejas ( 1990-1993), que espera sentencia en EEUU por actos de corrupción, y el ajuste estructural, Gilberto no solo denunció los efectos negativos en el agro nacional de esta política neoliberal, sobre todo la venta de tierras por los campesinos, sino también la parálisis agraria con la eliminación de las causales de afectación, privatización de los servicios de apoyo a la producción, aumento del costo del crédito y el debilitamiento del INA y las demás instituciones de apoyo a la política de reforma agraria. Estas denuncias y documentación de los impactos negativos de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992, considerada la contrareforma agraria, siguieron en el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina (1994-1997), sumado a la defensa de los derechos campesinos.

En el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), Gilberto Ríos atendió el llamado de Aníbal Delgado Fiallos, director del INA, acerca del relanzamiento de la Reforma Agraria en Honduras, mediante un plan piloto en la Zona del Bajo Aguan, cuna de la reforma agraria. La creación del Movimiento Campesino del Aguan (MCA) primeramente y después del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), fueron el resultado de estos esfuerzos, donde también participó activamente el padre jesuita Peter Marchetti, que fue expulsado del país por orden de Miguel Faccusse, uno de los mayores productores de aceite de palma africana de la zona. Pero también Gilberto cuestionó dos (2) leyes nefastas para el país y agro nacional: La Ley de Minería, que permitía el uso indiscriminado de cianuro por las empresas extranjeras, y la Ley de Inversiones Agrícolas que autoriza el sobre/techo agrario, o sea la posesión de tierras por los terratenientes más allá de lo permitido por la ley de reforma agraria e incluso por la LMDSA.

El presidente Ricardo Maduro (2002-2005) dio continuidad a estas políticas neoliberales, fortaleciendo la institucionalidad para promover y desarrollar la competitividad del agro nacional con mayor participación de los medianos y grandes productores, la empresa privada y compañías extranjeras. El gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), curiosamente eliminó la Ley de Minería, pero no la LMDSA ni la ley de inversiones agrícolas, ratificando el RD-CAFTA; lo cual se considera el principal vacío de su política agraria, focalizada en subsanar la mora agraria acumulada, o sea pagar a los terratenientes la tierra en conflicto en posesión de más de 400 familias campesinas. Estas acciones fueron denunciadas por Gilberto Ríos, ya que consideraba la imposibilidad de desarrollar el agro nacional con justicia y equidad, expulsando y criminalizando la protesta campesina, manteniendo intacta la estructura agraria y sus relaciones de poder derivadas.

Con el golpe de Estado (junio de 2009), se inició un retroceso progresivo en el agro nacional, ya que se entierran todos los intentos por construir un proceso de reforma agraria posible, aun cuando en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) se devuelve y entrega a MUCA parte de la tierra en poder de los terratenientes, pero pagándola a precios de mercado por el gobierno. Gilberto apoyó estas acciones, pero denunció el alto costo de la tierra para los campesinos que debería ser pagada con los ingresos generados, controlando las empresas privadas el circuito de comercialización y exportación, con prácticas nocivas para el ambiente. En la actualidad, MUCA está a punto de perder las tierras, ya que tienen una alta mora con la banca prestamista, por lo que deberán ser devueltas a los empresarios a precios de gallo muerto.

Gilberto Ríos, desde FIAN-Honduras, ha venido denunciado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los desalojos y muertes de dirigentes campesinos e indígenas en todo el país, al aprobarse una nueva ley de minería y zonas de empleo y desarrollo (ZEDEs), que sumadas a la LMDSA, Ley de Inversiones, RD-CAFTA, Leyes ambientales y de generación de energía renovable, entre otras, dan sustento a un modelo neoliberal extractivista y/o acumulación capitalista por despojo de los recursos naturales y vidas humanas, destructor de las economías campesinas y bienes salarios.

Descansa en paz amigo, otros seguirán tu lucha silenciosa pero efectiva en defensa por la tierra y derechos de los campesinos e indígenas de Honduras.

Tegucigalpa, 3 de octubre de 2019