Tía María, un gran proyecto minero cuprífero de la transnacional Southern, ubicado en el sur de Perú, ha despertado una activa resistencia social de los pobladores dl valle del río Tambo, que puede desembocar en un grave conflicto y en una bomba de tiempo para el presidente Martín Vizcarra.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra apoya el proyecto, que demanda una inversión de mil 400 millones de dólares para producir 12 mil toneladas diarias de cobre, y señala la importancia que tiene para una economía que casi ha detenido su crecimiento. Nuevamente se enfrenta el modelo de desarrollo depredador de los recursos naturales, en manos de trasnacionales, con proyectos de desarrollo económica, social y ambientalmente sustentables.

El rechazo de agricultores y pobladores del entorno del proyecto de explotación de cobre se debe al temor a daños ambientales y a la falta de credibilidad de la empresa. El proyecto está pendiente de la licencia y la empresa presiona por su otorgamiento con una vasta campaña publicitaria y de medios de prensa, políticos y empresarios neoliberales.

La Junta de Agricultores del valle del Tambo presentó un recurso judicial de nulidad de la aprobación del previo estudio de impacto ambiental y argumenta que carece de validez porque se basa en tres informes diferentes y hasta contradictorios.

Sin embargo, reconoce como necesario que el proyecto obtenga la llamada licencia social, es decir que sea aceptada por la población, lo cual se perfila muy difícil pues los intentos de ponerlo en marcha han causado permanentes protestas, reprimidas con saldos de muertos y heridos.

El gobierno intentó posponer el año pasado el proceso, supuestamente mientras se esperaba la licencia social necesaria para iniciar sus funciones. Sin embargo, un trámite administrativo le da luz verde a la minera Southern para iniciar acciones –cuando lo crean conveniente- mientras esperan una licencia social que, con el paro que se verifica en Islay a cuestas, parece no llegará.

La posible afectación del próspero valle del Tambo, cerca del yacimiento por explotar, es el principal motivo de la oposición de la zona. Ahora, la licencia de construcción se ha convertido en un parteaguas en este conflicto socioambiental que lleva diez años sin solución alguna.

Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente, señala que la licencia anunciada primero por Southern y luego por el gobierno, solo es un trámite administrativo, que deja patente el enfrentamiento: el gobierno le dice sí a la minera y genera una preocupación mayor en las comunidades del valle del Tambo y de la provincia de Islay.

La buena relación que Vizcarra espera con los vecinos, dedicados principalmente a la agricultura, parece imposible porque hoy en la desembocadura del río Tambo se encuentra con los desmanes provocados hace tiempo por Southern Perú Cooper Corporation, que ha dejado desastres ambientales que aún tienen efectos. 

La molienda de mineral será de 100 mil toneladas por día para luego montarlo y transportarlo en faja transportadora ubicada a unos 8 o 9 kilómetros. Para ello, la minera tiene que realizar un tajo abierto en el yacimiento de La Tapada, el más importante de Tía María, ubicado a 1.800 metros, cerca del río Tambo.

Por su parte, el exviceministro De Echave recordó los antecedentes negativos de la empresa, como la presentación de un primer estudio de impacto ambiental rechazado por deficiente y por los cuestionamientos a la legalidad del segundo estudio. Southern, ante protestas registradas en 2015, negoció con dirigentes sociales un soborno para que cesara la oposición a Tía María, cuya puesta en marcha abriría la puerta a operaciones de otras empresas, según temen los pobladores.

Los dirigentes agrarios van más allá en sus cuestionamientos, al señalar que el proyecto incluye el yacimiento Tía María y otro más grande en Islay, La Tapada, y la empresa admitió previamente que proyecta invertir en la zona ocho mil millones de dólares.

Para De Echave, más que preocuparse por obtener la licencia de construcción, Southern debería hacerlo por lograr la licencia social pues, si no la tiene, no podrá ejecutar el proyecto, salvo que pretenda imponerlo por la fuerza, lo cual debe hacer el gobierno, según sugieren algunos políticos y analistas neoliberales.

La protesta social por Tía María tiene 10 años presente en la gente de Islay, con muertos por el enfrentamiento con la policía, y bajo amenaza de los llamados dueños del Perú que solo les interesa cuantos puntitos del PIB.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien emplazó al gobierno para revocar la licencia, dijo que se está enfrentando un conflicto muy grave y que hace tiempo pudo haberse evitado con un diálogo adecuado.

Los pobladores tienen motivos sólidos para oponerse, pues el proyecto prevé el tránsito de 100 mil toneladas diarias por la zona y utilizará gran cantidad de ácido sulfúrico, lo que afectará el medio ambiente. ‘La población tiene el legítimo derecho de sospechar que su valle puede morir’, advirtió Giesecke.

El optimista viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, ofició de portavoz de la empresa trasnacional y señaló que ésta está dispuesta a un acuerdo por el cual, una vez obtenida la licencia de construcción, se abstendrá de iniciarla ‘hasta que se logre un consenso suficiente y estén todos seguros de que va a ser una minería responsable y no va a afectar la agricultura.

Lo que teme Vizcarra es que por un puñado de dólares pueda explotar nuevamente el país.

-Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/07/17/tia-maria-proyecto-minero-trasnacional-una-bomba-de-tiempo-para-vizcarra/