El Congreso peruano aprobó la “Cuestión de Confianza” planteada por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salvador del Solar, sobre cinco proyectos de ley vinculados a la reforma política que promueve el presidente Martín Vizcarra, y se salvó de su disolución y la convocatoria a nuevas elecciones.

En el conteo, 77 parlamentarios votaron a favor de las reformas, 44 en contra y tres se abstuvieron. La Cuestión de Confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. El único que puede presentar una Cuestión de Confianza al Congreso es el Presidente del Consejo de Ministros.

Con esta aprobación el Congreso deberá evaluar y aprobar las reformas propuestas en la primera legislatura y respetando la “esencia” de los proyectos, según lo que solicitó el primer ministro Salvador Del Solar. El presidente Vizcarra aseguró que "El rumbo trazado continúa. Seguimos trabajando y poniendo como siempre el Perú primero.

La fujimorista Fuerza Popular votó dividida, las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio y Apra habían adelantado ya su rechazo al pedido del Ejecutivo, mientras que: Cambio 21, Bancada Liberal, Alianza para el Progreso y Peruanos por el Kambio respaldaron la cuestión de confianza.

El casi “ultimátum” presidencial, sembró la confusión, tanto en los predios del fujimorismo más agresivo, como en la izquierda y los movimientos populares. El Presidente había cuestionado cinco decisiones recientemente adoptadas por el Parlamento.

Éstas eran la protección a la inmunidad parlamentaria usada para blindar a delincuentes y corruptos; la habilitación para que puedan ser candidatas personas sentenciadas por delitos similares; la imposibilidad de hacer elecciones internas en los partidos para promover candidaturas que no sean impuestas por las cúpulas; la poca voluntad mostrada para la eliminación del voto preferencial; la resistencia a asegurar la participación igualitaria de las mujeres en los comicios y la incapacidad de proscribir el uso del dinero sucio en las campañas electorales.

Vizcarra afirmó que la inmunidad debe desaparecer, o regularse de otro modo, para que no sirva como escudo protector para delincuentes; los sentenciados por estos delitos no puedan aspirar al desempeño de funciones sometidas al reconocimiento electoral; los candidatos sean promovidos en los partidos en comicios internos democráticos y justos; el voto preferencial sea eliminado; las mujeres tengan “cuota de género” que asegure su participación igualitaria en las listas parlamentarias; y el financiamiento abierto de los colectivos partidarios sea proscrito por ser fuente de corrupción y otros.

De ahí que la aprobación del “pedido de confianza” garantiza solo que continúe un diálogo desigual, ante la amenaza de que Vizcarra disolviera el Congreso y convocara a elecciones en cuatro meses.

Verónika Mendoza, la joven lideresa del progresista Nuevo Perú, aseguró que quienes respaldaron este pedido priorizaron su sueldo e inmunidad. "La mayoría parlamentaria se aferra a su sueldo y su inmunidad. Nos toca movilizarnos desde la ciudadanía para impedir que los blindajes continúen y exigir una verdadera reforma política que ponga freno a la corrupción y le dé voz a quienes hoy no la tienen", escribió en Twitter.

Para el analista Gustavo Espinoza, a la mafia que controla el poder en el Perú le conviene que las cosas sigan igual, porque en unas nuevas elecciones sus posibilidades electorales serían francamente remotas.

Y recordó que la voz de las masas, diversa, no siempre homogénea se expresó en las calles: para algunos de los Núcleos de Colectivos, basta con derrotar a la mafia, para otros, hay que asegurar “que se vayan todos”. Hay quienes piden “elecciones ahora” y. otros que se combata a la delincuencia, y que se acabe con los favoritismos, pero todos coinciden en respaldar a los fiscales que ya pusieron tras las rejas a varios poderosos.

El Ejecutivo, a través del primer ministro Salvador del Solar, presentó un nuevo proyecto de ley que plantea modificar la inmunidad parlamentaria e insistió que sea la Corte Suprema de Justicia y no el Congreso la institución que decida sobre el levantamiento de la inmunidad.

Actualmente, el Congreso tiene la competencia de evaluar los pedidos de levantamiento de inmunidad, y está encargado de determinar si estos están motivados por persecución política o venganza personal. Entre 1996 y 2006, el Poder Judicial envió 111 expedientes solicitando el levantamiento de inmunidad. De ellos, se devolvieron por requisitos formales el 16.21%; quedaron pendientes de trámite 36% y se rechazaron 42%. Solo fueron declarados procedentes el 4%.

Precisamente, Del Solar mencionó el caso del congresista prófugo Edwin Donayre, quien fue blindado por el Parlamento y escapó de la justicia. Además, pidió al Pleno «enviar señales claras de que los políticos no tenemos corona y que debemos rendir cuentas ante la justicia cuando sea necesario».

Aída García Naranjo, educadora, cantante y dirigentes socialista, señala que la cuestión de confianza presentada por el gobierno de Vizcarra, fue otorgada por "cuestión de sobrevivencia" de la clase política desprestigiada aprofujimorista que buscará aferrarse al poder que ostenta, maquillando para ello las cinco normas "mínimas" nuevamente presentadas por el Ejecutivo y se mantendrá de espaldas a la ciudadanía, que demanda cambios profundos.

La mayoría fujimorista antirreforma aferrada al poder legislativo se concentrara en impedir el cierre del Congreso, hoy clamor ciudadano, aprobando textos referidos a las cinco iniciativas presentadas y desnaturalizando así la reforma política en su esencia, basados en la vieja práctica de que "el papel aguanta todo", añade.

“La reforma que el país necesita requiere renovación de la propia clase política, abriendo un nuevo sistema de representación, más allá de la redacción de "nuevas normas" maquilladas que usará la vieja clase política para salvar su poder. Una auténtica reforma requiere sobre todo la renovación de los actores políticos y de cambios profundos de cara al país y no solo de las normas político electorales”, señala García Naranjo.

Por su parte, la organización popular La Junta señala que nada que adecente la política y mejore la calidad de vida podrá ser gestionado por este Congreso corrompido y de espaldas a la gente que, como es el reclamo popular, debe cerrarse. “No podemos continuar maquillando la constitución fujimorista. Es imprescindible un nuevo pacto que nazca de las necesidades y expectativas de las millones de peruanos honestos que amamos al Perú”, indica, tras reclamar una Asamblea Constituyente Popular.

-Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

http://estrategia.la/2019/06/06/presidente-de-peru-vizcarra-logra-confianza-del-congreso-este-se-salva-de-su-disolucion-y-todo-sigue-igual/