Los políticos más importantes de Perú, entre ellos todos los expresidentes desde 2001 y dos candidatas a la presidencia, han sido cercados por las pruebas sobre su participación en la corrupción de la trasnacional brasileña Odebrecht, que alcanzó ahora a la exalcaldesa de Lima, la centroizquierdista Susana Villarán.

El caso Villarán está siendo usado por los políticos y la prensa de la derecha, comprometida hasta el cuello con el escándalo Odebrecht, para intentar desacreditar a la izquierda en su conjunto. Cuando se trata de políticos y funcionarios de la derecha, ésta acota las responsabilidades y las individualiza, en el caso de Villarán pretende extenderlas a toda la izquierda.

Villarán, desvinculada de la izquierda desde que terminó su gestión municipal, ha dicho que la agrupación con la que llegó a la alcaldía y sus colaboradores no sabían de sus tratos bajo la mesa con las empresas brasileñas, y que solo estaban al tanto de esas movidas ella y su gerente municipal, José Miguel Castro, también con prisión preventiva. La izquierda cuestionó con dureza a Villarán y no ha dudado en calificar sus acciones como “un delito”.

El juez Jorge Luis Chávez ordenó su prisión preventiva por 18 meses, acusada por lavado de activos, asociación para delinquir y cohecho pasivo, cargos por los que, con las penas acumuladas, podría recibir más de 20 años de prisión. Villarán, que gobernó la capital peruana entre 2011 y 2014 al frente de un movimiento de izquierda, está sindicada de haber recibido financiamiento oculto para dos campañas electorales a cambio de favorecerlas en obras contratadas con la municipalidad que ella dirigía.

La fiscalía indica que los aportes ocultos recibidos por la ex alcaldesa llegaron a diez millones de dólares, tres millones entregados por Odebrecht y los otros siete por OAS, Villarán ha reconocido solamente el aporte de cuatro millones –los tres de Odebrecht y uno de OAS– para la campaña contra la revocatoria de su mandato. “Yo sabía de los cuatro millones recibidos. Siempre supe de los aportes”, dijo Villarán en una entrevista, sorprendiendo con su tardía confesión.

La ex alcaldesa aseguró que no le entregó nada a las empresas brasileñas a cambio de sus generosas contribuciones de campaña. La fiscalía dice lo contrario: indica que los aportes de campaña fueron a cambio de millonarios beneficios otorgados a estas empresas en dos importantes obras viales.

Cuatro presidentes fueron acusados: Alejandro Toledo se fugó del país, Alan García buscó asilo y meses más tarde se suicidó, Ollanta Humala tiene comparecencia restringida, Pedro Pablo Kuczynski cumple detención domiciliaria, mientras la líder fujimorista Keiko Fujimori está bajo arresto preventivo desde octubre en una prisión para mujeres. A esa misma cárcel llegó el miércoles Susana Villarán.

El juez Chávez sostuvo que el arresto preventivo es la única forma de evitar que Villarán obstruya las investigaciones pendientes por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero. “Se ha advertido en la imputada Susana Villarán peligro de obstaculización y ocultamiento de prueba, y se ha encontrado un comportamiento continuo de faltamiento a la verdad”, señaló el magistrado.

De acuerdo con documentación y testimonios de exdirectores en Perú de OAS y Odebrecht -concesionarias de la Municipalidad de Lima- ,Villarán y el entonces gerente municipal, José Miguel Castro, solicitaron a las constructoras financiamiento para una campaña destinada a evitar la destitución de la alcaldesa en 2013 y para la campaña por su reelección en 2014.

Odebrecht tenía la obra Vías Nuevas de Lima y OAS, la Línea Amarilla. Las compañías habían renegociado a su favor, con la administración Villarán, los montos de los peajes en dichas vías. El actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo este miércoles que convocaría a una sesión con los regidores para plantear la nulidad de dichos peajes.

Pese a que durante más de un año, en los interrogatorios ante los fiscales Lava Jato y en declaraciones a la prensa, Villarán y el exgerente municipal negaron haber recibido fondos de las constructoras brasileñas, el sábado Villarán declaró a una radio de Lima que siempre supo que los cuatro millones de dólares con los que pagó la campaña en contra de su destitución procedían de esas compañías.

“Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo Villarán al justificar que lo hizo para evitar que una mafia, que se oponía a la reforma del transporte, se apoderara de la Municipalidad de Lima. La exalcaldesa añadió que fue “un grave error” permitir a empresas con proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña.

Villarán, la primer mujer alcaldesa de Lima por elección popular (2011, con el partido Fuerza Social), solo reconoció haber recibido cuatro de los diez millones de dólares que habrían llegado a Perú vía los intermediarios brasileños que transportaban los dólares.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

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