Vivimos nuevamente en tiempos donde es común observar en lo social y lo político hechos al margen de la ley y de los mínimos preceptos morales y éticos. En la administración de lo público desde el más humilde de lo que deberían ser servidores públicos, hasta los más altos cargos están en alguna “vuelta” para “resolver” su situación, mientras que la tarea que tienen encomendada se posterga indefinidamente. ¿Y qué decir de los privados?, siempre buscando la manera de evadir hasta la más mínima regla para aumentar la utilidad.

Tiempos donde la denuncia en el mejor de los casos es un grito enmudecido y en el peor le cuesta la vida a quien ose promoverla obstinadamente, en un sistema judicial convertido en un pantano donde cualquier causa queda sumergida, salvo que existan socios o como dicen por ahí “padrinos mágicos” que la impulsen. Tiempos en que el poder ciudadano, conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; es un órgano en los hechos castrado Así que nos queda un pueblo que constantemente, a pesar de su grado de conciencia, está forzado por las circunstancias a optar por convertirse en cómplice, que es lo que termina pagando para sobrevivir un día, una semana más.

En este escenario el presidente Maduro convocó al pueblo a participar en unas jornadas que le propusieran medidas, a ser consideradas en una estrategia de rectificación del gobierno bolivariano. En consecuencia la burocracia partidista instalo estos espacios, en medio de una sensación generalizada de escepticismo, en parte porque de los organizadores se perciben como responsables algunas de las situaciones denunciadas una y otra vez, además que se considera que la dirección de la revolución paulatinamente está perdiendo la capacidad de escucha. Previa declaración de “leales siempre, traidores nunca”, para estar libre se sospechas, la militancia chavista fundamentalmente participó de una larga letanía de deseos, denuncias y propuestas, que se encuentran en momento poco claro, en tanto esta iniciativa como noticia se enfrió; pero que se supone se le harán llegar al presidente en su debido momento.

Los actores que se oponen al chavismo ni siquiera se plantean una revisión, estimo que consideran que un escrutinio de sus acciones y escuetas propuestas serían sometidas a una demoledora critica que no están dispuestos a escuchar y muchos menos a asumir, además que sería un nuevo momento para ajustar cuentas entre quienes hacen vida en este sector de la vida política del país. En una perspectiva más amplia qué sentido tiene revisarse, si la política la deciden gobiernos e intereses foráneos.

Siempre es oportuno que el liderazgo de la revolución bolivariana demande la exposición de medidas para mejorar, ahora ¿Qué tan viables son las propuestas para mejorar con los elevados niveles de impunidad reinantes? Uno de aspectos postergados en los últimos veinte años ha sido justamente una estrategia sistemática y coherente para adecentar el sistema de administración de justicia, a pesar de los cambios legislativos existentes.

Hoy es imperativo para rectificar construir una correlación de fuerzas necesarias para neutralizar las conductas lesivas al interés colectivo y establecer responsabilidades ajustadas a derecho. Si se quiere rectificar con determinación, es clave comenzar a trabajar por un sistema de justicia al servicio de los intereses del pueblo trabajador y un poder ciudadano que tenga carácter vinculante. Con impunidad no es posible rectificar. Combatir la impunidad sigue siendo una tarea pendiente del pueblo venezolano y de los actores políticos que esgrimen representar sus intereses de su ciudadanía.

-Jesús A. Rondón es Sociólogo, @jxrondon