El carácter fallido y el tono payasesco de intento de golpe de estado en Venezuela, tanto como el posterior llamado a la movilización para quebrar la unidad militar no puede culminar en sensaciones de victoria o meras celebraciones. El fiasco no vela ni los llamamientos al golpismo, ni las operaciones diplomáticas o de opinión pública. Durante los acontecimientos, toda la prensa hegemónica dedicó sus tapas, bajadas y primeras páginas a acompañar la asonada, alentándola. Las embajadas amigas de los usurpadores estuvieron alertas, cuando no participaban de la logística y la posible recepción de visitas, como en el caso de López, para vergüenza del PSOE español que muy próximamente debe formar gobierno y una de sus chances está hacerlo por izquierda, ahora con la espina de un confeso golpista bajo su protección.

En el plano comunicacional, se vienen produciendo graves deslizamientos hacia la justificación de las formas más crueles de barbarie mediante simples axiomas. Por ejemplo, la punta de lanza en varios de los medios, que en nuestra región reproduce el aristocrático diario La Nación de Buenos Aires, es Andrés Oppenheimer para quién el gobierno de Maduro “es una dictadura”, definida a través de asertos sin matices ni prueba alguna, y en consecuencia su derrocamiento a cualquier costo no puede siquiera ser llamado golpe sino levantamiento militar por la restauración democrática. El diario Clarín acompaña esta tendencia también mediante expertos extranjeros. Consulta a la prestigiosa” abogada Rocío San Miguel quien preside la ONG Control Ciudadano que realiza supervisión de la ciudadanía en “temas de seguridad nacional, defensa y FFAA”. Allí sostiene que el golpismo encuentra la dificultad de las prebendas y corrupción de la aristocracia castrense con sus dudas respecto a una posible amnistía, el destino de sus cuentas en el exterior, a diferencia de los rangos inferiores, que padecerían las mismas penurias que el resto de la población y simpatizarían con Guaidó. Sólo al pasar, remata el artículo sosteniendo que “no es menor el hecho de que una parte de la población aún mantiene su apoyo al chavismo”, como si el apoyo popular resultara una anécdota de color ajena a la democracia.

En The Washington Post Guaidó reconoció haber sobreestimado el apoyo que tenía dentro del ejército (aparentemente nulo) aunque lejos de desalentarlo en la vía golpista declara abiertamente que “tomaría cualquier oferta de Washington para una votación en la Asamblea Nacional”. Más explícitamente, expresa que el parlamento que preside autorice y legitime una intervención armada estadounidense. Entretanto el régimen que Guaidó caracteriza como régimen “liberticida” le permite a sí, moverse libremente dentro y fuera del país, llamar a movilizaciones y sublevaciones golpistas, engañar a guardias con el fin de liberar otros golpistas, como a López, participante del golpe de 2002. Tanto o más criminal resulta la especulación, a la sazón fallida, de que la asfixia económica y los padecimientos populares, ayuden al golpismo. De este modo, el apoyo a las sanciones financieras estadounidenses, la expropiación de activos públicos en el exterior, sólo profundizan el sufrimiento de las grandes mayorías sin permitir golpe alguno.

Sin embargo, más allá del fracaso práctico de las hipótesis sobre las que desplegaron sus acciones los golpistas, particularmente desde el 23 de enero con la autoproclamación de Guaidó, la formulación de las mismas junto a las exhibiciones militares crecientes de Maduro, confluyen en el reconocimiento de la creciente influencia militar en la gestión chavista, mucho más aún que la original con la que el propio Chávez suplió la ausencia de partido al momento de asumir y comenzar la transformación de Venezuela. Como sostiene lúcidamente Temir Porras (ex jefe de Gabinete de Maduro en la cancillería) en un artículo del diario El País de Madrid previo al último intento golpista, “suponer que en un país donde la veneración patriótica del Libertador Simón Bolívar es un elemento fundacional de la Nación y de sus FFAA, una solución consensual podía surgir del candidato preferido e incondicionalmente apoyado por EEUU, es simplemente desconocer la historia de América Latina”. Pero la militarización de cualquier régimen deber ser un motivo de preocupación, cualquiera sea éste, por lo que supone de debilitamiento de la autonomía y control ciudadano a favor de una casta necesariamente burocrática, autoritaria y verticalista, con intereses autonomizados y escasa transparencia y control. Aún si se presume de izquierdas o progresista.

La ausencia de escrúpulos para convocar al golpismo de buena parte de los países occidentales, incluyendo varios latinoamericanos situados en las nuevas olas derechistas, no están exentas de la influencia militar en su seno, aunque no se trata de un fenómeno homogéneo. Imposible eludir la mención del gobierno de Bolsonaro siendo él mismo un ex capitán y su vice un ex general, pero el hecho de que la tercera parte de sus ministros sea militar y cientos de ellos hayan sido nombrados en las segundas y terceras líneas de decisión gubernamental lo afirma elocuentemente. En Paraguay el Presidente no sólo es militar sino el hijo del secretario privado del dictador Stroessner. Pero la podredumbre llega inclusive hasta el Uruguay.

Ha emergido un nuevo partido con la candidatura presidencial del destituido comandante en jefe del ejército Manini Ríos, en momentos en que los más altos rangos actuales se niegan a condenar el Terrorismo de Estado, a pesar de no haber participado de él por razones generacionales, mientras uno de los más mendaces y aberrantes torturadores, Gavazzo, se solaza justificando sus crímenes en la prensa.

Sin duda el camino es el diálogo y la negociación, pero quienes los promueven, como Uruguay, no pueden ser neutrales ante el terror golpista.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador

Universidad de Buenos Aires

Publicado en Caras y Caretas (Uruguay), 13/5/2019