Han transcurrido ya 43 años desde que Marruecos expulsara a España del Sáhara Occidental y la sustituyese, a sangre y fuego, en su papel de potencia colonial y país ocupante.

Esta maniobra fue llevada a cabo con el asesoramiento estratégico y el visto bueno de Henry Kissinger, exsecretario de EE.UU, y se instrumentó mediante la tristemente célebre Marcha Verde, con la que el rey de Marruecos empujó a 350.000 súbditos civiles sobre la frontera noroeste del Sáhara Español (1975). Días antes, y sin publicidad alguna, tropas militares marroquíes penetraban en el territorio saharaui por la frontera noreste.

Hassan II hizo un aprovechamiento abyecto de la agonía del dictador Franco, que moriría el 20 de noviembre de 1975 y cuyo régimen caduco se hallaba extremadamente debilitado por la larga lucha de las fuerzas democráticas contra la Dictadura.

Enfrentado a la tesitura de una más que posible matanza de civiles (los integrantes de la Marcha Verde) y la amenaza de una inminente guerra con Marruecos, el Gobierno español –paralizado por la agonía de Franco- optó por retirarse, cediendo al chantaje alauita, incumpliendo sus obligaciones internacionales, dejando paso libre a las tropas marroquíes y abandonando a los saharauis (ciudadanos españoles entonces) en manos de su peor enemigo.

Tras la Marcha, la invasión y la ocupación del Sáhara Occidental se “formalizó”, el 14 de noviembre de 1975, mediante unos ilegales “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, en virtud de los cuales España cedía temporalmente la administración (no la soberanía) del territorio saharaui a Marruecos (las dos terceras partes del territorio, en el Norte) y Mauritania (el tercio restante, en el Sur), comprometiéndose a abandonar su provincia africana en febrero de 1976.

A partir de esta última fecha estallaría la guerra de Marruecos y Mauritania contra el Frente POLISARIO. Los militares marroquíes, ebrios de delirio, persiguieron y bombardearon a la población civil saharaui, tanto en sus asentamientos como en su huida en desbandada a través del desierto, perpetrando una horrible masacre dirigida a eliminar a todo un pueblo y obligando a buena parte de la población superviviente a traspasar la frontera de Argelia y refugiarse en la zona más árida del desierto (los campamentos de Tinduf), donde sobrevive ejemplarmente desde entonces, habiendo constituido su propio Estado en el exilio: la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Desde entonces, la ONU (tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad) ha aprobado decenas y decenas de resoluciones sobre el Sáhara Occidental, reconociendo reiteradamente el derecho del Pueblo Saharaui a su autodeterminación y exhortando a Marruecos a abandonar un territorio que no le pertenece y sobre el que no ostenta ningún título de soberanía, como había dictaminado el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya.

En España, tras la muerte de Franco, los primeros gobiernos de la Transición a la democracia y los partidos de la oposición, apoyaron al Frente Polisario y al Pueblo saharaui en su lucha contra el invasor y en apoyo de un referéndum de autodeterminación.

En 1991, tras 16 años de guerra, la mediación de la ONU y la OUA logró el cese el fuego, acordándose en contrapartida la celebración de un referéndum de autodeterminación, (para lo que se creó la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), compromiso que fue aceptado por Marruecos. Pero desde esa fecha, en que España y Marruecos firmaron un Tratado de Amistad y Cooperación, se inició un giro en la posición oficial española, que se mantiene hasta hoy y que resulta inexplicable para la mayor parte de la sociedad española, ampliamente solidaria con la causa saharaui.

Tras diversos intentos de solución al conflicto, siempre desbaratados por las élites gobernantes en Marruecos, finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, el 30 de abril de 2007, la Resolución 1754, emplazando a Marruecos y al Frente POLISARIO a entablar negociaciones directas para lograr una solución política definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental. En el marco de dicha Resolución, el Secretario General de la ONU invitó a las partes a una primera ronda de negociaciones, en junio de 2007, en Manhasset, cerca de Nueva York. La segunda ronda tuvo lugar en agosto. Y una tercera, en enero de 2008. Esta vez, se había planteado celebrarla en la ciudad suiza de Ginebra, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y también del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), organismos a los que tantas veces han tenido que recurrir los representantes legítimos del Pueblo saharaui para denunciar las reiteradas tropelías del régimen marroquí. Pero la celebración de dichas negociaciones en una ciudad europea como Ginebra hubiera atraído la atención de toda Europa; y no es descartable que Rabat, Washington y París presionaran para que, finalmente, se celebrara en New York, lejos de Europa y de África, en el propio campo de juego de los poderosos, influyentes y multimillonarios grupos de presión (lobbies) marroquíes de que hablan expertos como Frank Ruddy, Tomás Bárbulo o Carlos Ruiz Miguel. Las diversas rondas celebradas concluyeron sin apenas avances.

Muy recientemente, a finales de septiembre de 2018, el Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el expresidente alemán Horst Köhler, invitó al Frente POLISARIO y a Marruecos, y también a los países vecinos Mauritania y Argelia, a mantener conversaciones previas en Ginebra, previstas para principios de diciembre y que deberían marcar el relanzamiento del proceso de paz en el Sáhara Occidental, estancado desde 2012. Y a finales del pasado mes de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINURSO por seis meses más, hasta el 31 de abril de 2019, respaldando la gestión de Horst Köhler y presionando a las partes para lograr una solución justa y duradera.

Las líneas que siguen rebaten las pretensiones de los gobernantes marroquíes, refutando, punto por punto, los términos expuestos en un artículo publicado en el diario español EL PAÍS, que confundió a la opinión pública española y colmó las iras del amplio movimiento de solidaridad con el Pueblo saharaui.

Las pretensiones marroquíes

El mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba su –hasta entonces- última resolución sobre el Sáhara Occidental (abril, 2007), el diario EL PAÍS publicaba, en sus páginas de Opinión, un artículo de Bernabé López García (BLG) titulado “Aplazar la utopía, defender la dignidad”, que, en esencia, trataba de justificar la posición del Gobierno marroquí sobre el futuro del Sáhara Occidental. Argumentaba el autor que la oferta marroquí (el plan de autonomía presentado por Marruecos en abril de 2007) constituía una oportunidad histórica única para que el Pueblo Saharaui y su territorio del Sáhara Occidental se integrasen en Marruecos, en una región de autonomía limitada bajo soberanía marroquí.

Luis Portillo Pasqual del Riquelme

Doctor en Ciencias Económicas, exprofesor de la Universidad Autónoma de Madrid (España)