Acaba de realizarse una consulta ciudadana sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Lo primero que hay que destacar es que la consulta es convocada por el gobierno electo, que apenas ganó hace casi tres meses, frente al pasmo del actual gobierno, al que le aún quedan cinco semanas, pero que al parecer ya tiró la toalla.  

Un nuevo gobierno que no acaba de nacer y otro que no acaba de fenecer y que no tiene, del todo, las riendas del poder. Expectativas, a favor, como se demostró el 1 de julio, y en contra, de quienes esperan un viraje.

El asunto del AICM involucra variados intereses en el que se resalta la contradicción campo-ciudad. El aeropuerto como símbolo de modernización, con lo que significa en términos de inversión y turismo. Del otro lado, pero ocupando el mismo espacio, las comunidades en resistencia, que lo ven como un símbolo más de despojo a las comunidades, parte de antiguos agravios en torno a la tierra y del territorio, por un modelo extractivista y depredador, con su secuela de consecuencias ambientales.

Un típico ejemplo dentro del proceso de acumulación por desposesión: desposesión de la tierra, del territorio y de los recursos que contienen. Recuérdese que a los habitantes de San Salvador Atenco se les ofreció siete pesos por metro cuadrado, cuando su valor es de miles de dólares, inmersa la comunidad en la vorágine inmobiliaria y financiera.

No es el único conflicto que existe. En medio de una violencia que no cesa, estamos en presencia un éxodo de migrantes, empujados por su propio ciclo de violencia política y económica, de tránsito hacia los Estados Unidos trumpianos; en principio, migrantes indeseables porque no van de shoping, ni a Mayami o a Las Vegas. Un éxodo que ha despertado prejuicios adormilados: racismo y clasismo. El otro como “extraño enemigo”, como reza el himno nacional.

Las agresiones a defensores de derechos humanos y ambientales son permanentes. Pobladores de Juchitán, Oaxaca, esperan una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancele un megaproyecto de Eólica del Sur –la más grande de su tipo en América Latina, más tomando en cuenta “la simulación de consulta que encabezó la Secretaría de Energía”, en abierta violación a los derechos colectivos de la comunidad zapoteca.

Organizaciones encabezadas por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, subrayan que “han sido criminalizados y amenazados, antes, durante y después de la consulta por su oposición al proyecto, (ni) tampoco información completa sobre los impactos del proyecto y sus alternativas para las comunidades”. Dicha circunstancia se ratifica en el Informe 2017 para México por Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Se ganó el 1 de julio, pero la lucha sigue.