Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de América del Norte han tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de lo victoria, la ley suprema de las naciones. Que el Litoral es rico y vale muchos millones, eso yo lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que, si no lo valiera, no habría interés en su conservación.

Abraham Konig, Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, 1900

El 1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, falló por 12 votos contra 3 en favor de Chile en el proceso judicial que venía enfrentando a los 2 países vecinos desde 2011, pero cuyas raíces históricas se remontan al siglo XIX.

El fallo fue contundente en contra de las argumentaciones esgrimidas por el equipo jurídico representante del Estado Plurinacional de Bolivia, un fallo que probablemente no se esperaba ni en el escenario más pesimista boliviano, ni en el más optimista chileno.

La sentencia de La Haya sin duda cierra un ciclo, que comenzó en 1879 cuando Chile invade militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, y en una guerra que dura 4 años, le arrebata a Bolivia 120.000 km2 ricos en guano, salitre, bórax, cobre y plata.

Cuando Bolivia nace como República independiente de la mano de Bolívar, contaba con 400 kilómetros de costa, articulados en 2 provincias, La Mar y Atacama, que contaban a su vez con 4 puertos, Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además de dos poblaciones interiores, Calama y Antofagasta.

La Guerra del Pacífico tuvo como objetivo, como la mayoría de las guerras actuales, hacerse con el control de recursos naturales estratégicos para la economía de cualquier nación, y culminó en un vergonzoso tratado que las elites políticas y económicas chilenas obligaron a sus pares bolivianas a firmar la sentencia “[…] quedan reconocidos de dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste…”.

Las consecuencias de la privación de la soberanía territorial a la que fue sometido por Chile, se calculan, según la investigación “Bolivia: un país privado de litoral”, en hasta el 1’5% del PIB anual, que actualmente vienen a ser en torno a 1.500 millones de dólares en pérdidas para el Estado boliviano.

Sin embargo, durante 100 años el Estado chileno ofreció en incontables ocasiones, intercambio de documentos y negociaciones, incluso al máximo nivel como el Acuerdo de Charaña (1975) entre los dictadores Pinochet y Banzer, negociar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia.

Y en eso llegó Evo, y el 23 de marzo de 2011, anunció lo que ningún otro Presidente boliviano se había atrevido a hacer, llevar a los tribunales internacionales la injusticia del enclaustramiento al que Chile había sometido a Bolivia.

La estrategia era clara, no tocar el injusto Tratado de 1904, pues el Pacto de Bogotá, que confiere jurisdicción a la CIJ impide impugnar negociaciones y tratados anteriores a la firma del Pacto, en 1948. Y sin objetar el tratado, basarse en una formula jurídica progresista e innovadora, la de los derechos expectaticios. Esta estrategia plantea que el intercambio de propuestas, y declaraciones unilaterales, generaba expectativas y podía constituirse en un acuerdo internacional con derechos y obligaciones. Por eso, en vez de pedir a La Haya que dictaminase una determinada franja X o Y de territorio, pedía se obligase a Chile, en base a las propuestas previas, a negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia.

La estrategia impulso además la unidad nacional en torno a la demanda boliviana, cohesionando la identidad nacional y sumando a oficialistas y opositores, representados en todos los ex presidentes y ex cancilleres de Bolivia, convocados e informados permanentemente por Evo, quien además nombró como vocero de la causa marítima al ex Vicepresidente de Sánchez de Lozada, el historiador Carlos Mesa.

Si embargo, la sentencia de La Haya, realizada desde el positivismo jurídico, aunque no niega la reivindicación histórica boliviana, echa por tierra la posibilidad de una posible negociación con Chile asumiendo que las pruebas (documentos) presentados por Bolivia, no obligan a Chile a negociar, aunque deja algunos resquicios. En su párrafo 176 se afirma que “La conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su dialogo e intercambios, `para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas”.

Asimismo, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, Presidente de la CIJ, afirmó en la lectura de la sentencia que “a pesar de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto”.

El escenario que se abre ahora no es sencillo, Chile ya ha anunciado, en reunión de ex presidentes, que esperan tener en 2019 un presidente electo (que no sea Evo) con quien conversar. Pero es muy difícil que el país que para muchos es el Israel de Sudamérica, más amigo de Estados Unidos que de sus vecinos, pueda querer negociar siquiera una salida al mar sin soberanía. Mar privatizado y en manos de 7 familias chilenas que explotan sus recursos naturales. De momento, para incluso comenzar a hablar, Chile ya ha puesto sus condiciones: respeto al Tratado de 1904 y acatamiento del fallo de la CIJ.

Bolivia por su parte, debe comenzar a explorar las 2 salidas que tiene en el horizonte. Hacia el Pacífico por medio de la concesión del Puerto de Ilo, firmada con Perú en 1992, y hacia el Atlántico la salida vía Puerto Busch, basada en un tratado con Paraguay de 1932 que le permite el libre transito vía Paraguay y Argentina hasta el océano.

Asimismo, es probable que el gobierno de Evo Morales dé un nuevo impulso a la propuesta de corredor ferroviario interoceánico, que conectaría, pasando por Bolivia, el puerto brasileiro de Santos, con el Puerto de Ilo en Perú. El interés chino en este Canal de Panamá terrestre es más que notable.

Recorrer la vía de la demanda marítima era una obligación para la nueva Bolivia que desde 2005 ha ido recuperando su soberanía política, económica y también territorial (mediante la expulsión de la DEA o USAID, por ejemplo). Que se haya sufrido una derrota en un tribunal cuya finalidad última es mantener el orden geopolítico no va a detener a un Estado cuya Constitución dictamina, en su artículo 267 que: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.”.

Además, no podemos olvidar que, como nos recuerda el entrañable Coco Manto, ex Embajador de Bolivia en México, en las causas justas no hay derrotas, solo victorias postergadas.