El secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, pidió ayer a la Fiscalía que investigue a dos ONGs que financiaron ilegalmente al oligárquico partido ARENA. Se trata del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” y la llamada Fundación Libertad y Progreso.

Según denuncia el funcionario presidencial, el Centro “Rodríguez Porth” donó (entre los años 2001 y 2015) 12 millones de dólares a ARENA. Dicho monto supera el total de ingresos reportados, que fue apenas 8 millones de dólares; es decir, donó más dinero del que recibió.

Además de esta anomalía, Rodríguez señala que la referida entidad no debía hacer donaciones a ningún partido, pues en sus estatutos está definida como una organización “apolítica”.

Recordemos que el “Centro Rodríguez Porth” está señalado de lavar 10 millones donados por Taiwán, que terminaron en cuentas bancarias de ARENA para financiar la campaña del 2004; lo estableció una comisión especial de la Asamblea Legislativa, la misma Fiscalía y el Juzgado Séptimo de Instrucción. El dinero era para ayudar a las víctimas de los terremotos de enero y febrero de ese año.

Mientras tanto, la Fundación Libertad y Progreso, que donó 8 millones de dólares al partido oligárquico, no existe en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación.

Al financiamiento ilegal de las fundaciones “Rodríguez Porth” y “Libertad y Progreso”, se suma el financiamiento ilícito con fondos públicos efectuado a través de la corrupción del ex presidente Antonio Saca, quien entregó 7.6 millones de dólares de los fondos reservados de Casa Presidencial a ARENA. Saca entregó después otros 2 millones a ARENA para la campaña electoral del 2009.

En tal sentido, los hechos denunciados por el secretario Rodríguez constituyen motivos adicionales para desinscribir a ARENA. A estas alturas está más que demostrado que el partido de las élites oligárquicas del país utilizó dineros ilícitos provenientes del peculado, lavado de dinero y otros delitos.

Por eso toda la población honrada, decente y trabajadora debería movilizarse a presionar a la Fiscalía para que proceda inmediatamente contra ese partido intransparente, corrupto y criminal. Esto implica enjuiciar a todos sus ex funcionarios y dirigentes corruptos, aplicarle extinción de dominio para recuperar los fondos robados o malversados y pedir su desinscripción al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ojalá que así sea.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)