El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, sindicado de nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, afronta un proceso judicial por manipulación y soborno de testigos que está en manos de la Corte Suprema de Justicia CSJ, mientras crece el asesinato de líderes campesinos y populares, y se teme por un recrudecimiento del paramilitarismo y el terror paraestatal.

La citación a indagatoria a Uribe por parte de la CSJ es un hecho judicial y político de gran trascendencia, ya que visibiliza los múltiples casos en que el expresidente, su hermano Santiago y muchos de sus amigos y colaboradores, aparecen relacionados con la conformación y las acciones criminales de grupos paramilitares desde la década de los años 1990.

Crímenes que han recrudecido en las últimas semanas, a escasos días de la asunción presidencial de Iván Duque, un ahijado político de Uribe, con el asesinato de campesinos y líderes y lideresas sociales, hechos que el gobierno se ha abstenido de esclarecer hasta el momento.

Esta situación es consecuencia del fallo en su contra a la denuncia que instauró en esa misma Corte contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro.

El analista Fernando Dorado señala que éste es un acontecimiento que marca la vida política del país porque el ex–presidente notificó su renuncia al Senado “para afrontar con dignidad su defensa” cuando la CSJ ratificó esa decisión. A partir de allí pululan en los medios de comunicación y entre la gente del común las conjeturas sobre el futuro de Uribe, del nuevo gobierno y del país.

Los sectores leales a Uribe, con apoyo de la prensa hegemónica, han cerrado filas detrás de su figura, mientras que para otros es el fin del proyecto político del uribismo-paramilitarismo, que podría hacer fracasar desde el vamos el gobierno de Duque, mientras los institucionalistas confían en que la CSJ, un órgano plural, puede y debe asumir su juzgamiento, garantizando el fortalecimiento del estado de derecho.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, afirmó que continuará el proceso sobre los falsos testigos y señaló que Uribe está llevando a cabo una “campaña tenebrosa” contra la Corte Suprema de Justicia, a la que no respeta. Anunció que llevará este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pedirá una visita del relator especial de la Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, y constate la “persecución en contra de los magistrados”.

Gustavo Petro, excandidato centroizquierdista a la presidencia afirma que la renuncia presentada por Uribe al Senado es una jugada para evadir la investigación de la Corte Suprema, un intento que ya han hecho muchísimos parlamentarios parapolíticos. Un método de evasión de la justicia que parte del análisis: que jueces y fiscales de menor jerarquía que los que hay en la Corte Suprema son más influenciables y comprables.

“Y así, ese tipo de procesos tan duros como el del vínculo de un gran político entre comillas al narcotráfico y al asesinato logra salir impune, como ha sucedido. Tenemos un 97% por ciento de impunidad en estos casos, del aparato que ha asesinado a centenares de miles de colombianos”, añadió.

Y lo peor, es que hay una parte de la sociedad colombiana, acicateada durante décadas por el ocultamiento de la verdad y las falsas noticias de la prensa hegemónica, cree que eso estuvo bien, que eso es lo que tienen que hacer los gobernantes: “con tal de matar comunistas bienvenido sea que nos gobiernen los narcotraficantes y que rompan los principios básicos del derecho de gentes y de la democracia”.

Según Petro, el Congreso es soberano de aceptar o no renuncias y si éstas son irrevocables hay un plazo de un mes para que sea aceptada. El Congreso puede, la pregunta es ¿quiere?, agrega Petro en una entrevista con Semana, donde afirma que la bancada parlamentaria del llamado Centro Democrático se acaba sin Uribe. “Casi podríamos decir que Duque como presidente existe por Uribe”.

Varios analistas señalan, asimismo, que en lugar de defender la institucionalidad (promociona la inocencia de Uribe) irrumpe en las competencias de la Corte Suprema: un jefe de Estado no puede hacer eso a menos que quiera declarar a Colombia una tiranía, que era la sospecha y la denuncia que hicimos en plena campaña electoral cuando como candidato se atrevía a hablar de una reforma a la justicia en pos de supeditarla al Gobierno”, señaló Petro.

Siendo diputado, en 2005, denunció a varios dirigentes políticos de ser inspiradores, cómplices o gestores de grupos paramilitares y denunció, entre ellos, al embajador de Colombia en Chile y a un jefe de las Autodefensas detenido en Caracas por planear un atentado contra el presidente Hugo Chávez.

Dos años después denunció al paramilitarismo en Antioquia cuando se divulgó la foto de Santiago Uribe, hermano de Álvaro, con los narcotraficantes hermanos Ochoa en un grupo paramilitar que se llamaba La Escopeta, y después de Los Erre, en la región de Titiribí, responsables de la masacre de centenares de jóvenes, algunos de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín: tiraban sus cadáveres a una represa llena de cocodrilos para que desaparecieran los restos.

La investigación se la ha encomendado la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía a una sala de interceptaciones legales. Uribe logró tener incidencia en esa sala y destruir parte de las pruebas contra él.

Y ante el hecho y la evidencia constatada por la Corte Suprema de destrucción al interior de la Fiscalía de piezas procesales es que toma la decisión de tener un organismo de interceptaciones diferente bajo sus órdenes. Según investigaciones de prensa, la Fiscalía contó con colaboraciones judiciales de cuerpos de inteligencia, eventualmente el MI-6 británico.

Nuevas masacres y amenazas

En la tarde del último lunes, un grupo de hombres encapuchados y en motos arremetieron con armas de fuego contra un grupo de campesinos que se encontraban en un local en el casco urbano del municipio El Tarra. Entre los nueve campesinos asesinados se encontraba el presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 84, Frederman Quintero que a su vez era presidente del Comité Veredal de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Los pobladores no se explican cómo, siendo el Catatumbo una de las regiones que cuenta con más de 15 mil integrantes de la fuerza estatal entre militares y policías, no se hubiese evitado o detenido a los responsables que cometieron la masacre a plena luz del día.

En la ciudad de Florida (Valle del Cauca) el 27 de julio se denunció un panfleto que reitera amenazas -proferidas por paramilitares que dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)- contra 11 líderes y lideresas sociales que integran organizaciones campesinas e indígenas, y contra otros procesos organizativos como Marcha Patriótica y las Zonas de Reserva Campesinas.

La red de medios alternativos y populares denunció que entre los amenazados se encuentra el líder campesino José Otero, y señaló que lo preocupante de estas amenazas es que evidencian un trabajo de inteligencia detallado de las actividades de las lideresas y líderes declarados objetivo militar. Saben, por ejemplo, quiénes han denunciado los hechos en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, y quiénes permanecen o han abandonado sus territorios de origen.

Es claro que el paramilitarismo actúa en Valle y Cauca, y que utiliza nombres fachada como Águilas Negras o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, utilizando diversas estructuras armadas para cumplir su cometido, sin que a la fecha el Estado tome medidas para evitar los cientos de asesinatos contra líderes y lideresas sociales, algo que se agrava por su postura de negar la existencia de la estrategia y política paramilitar en país.

- Camilo Rengifo Marín es economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).