La comunidad de Sexta Línea, Yvype-Lima Departamento de San Pedro fue desalojada de forma violenta en dos ocasiones en el lapso de 2 meses, 23 de mayo y 14 de junio de 2018. Un menonita llamado Jorge Maties Derksen reclama las tierras del INDERT (sin títulos) como suyas, para posteriormente alquilar a sojeros brasileños para plantación de transgénicos. Denuncian a la abogada Natalia Maldonado por realizar falsas acusaciones en contra de campesinas y campesinos, y señalan también a Javier Alfonso Cáceres, personal del menonita, quien funge de abogado o ingeniero dependiendo de la necesidad del momento, y acompaña todos los procedimientos de desalojo de las familias.

Durante el segundo desalojo se presentó un documento de allanamiento que indica como armas o “componentes”; machete, foiza, machetillos. Las sencillas herramientas de trabajo de los campesinos son sindicadas como peligrosas armas, demostrando claramente y más que nunca la verdadera intención de criminalizar las luchas de los campesinos por un pedazo de tierra.

Breve historia de la comunidad

En mayo del 2017 luego de una asamblea comunitaria donde participaron 100 personas decidieron ocupar unas 317 hectáreas de tierras del INDERT, en total 65 familias resolvieron construir juntas una comunidad campesina donde pudieran trabajar la tierra, entendiendo el acceso a la tierra y territorio como un derecho.

La comisión en la que están organizadas/os fue reconocida por tres instituciones del Estado: Municipalidad de Lima, Gobernación de San Pedro y el INDERT. Durante un año desde la entrada a las tierras que comenzaron a construir sus casas y producir alimentos para autoconsumo, lograron en solo un año abastecerse con una variedad de alimentos que demuestran cómo su trabajo genera soberanía alimentaria, entre ellas podemos citar: mandi´o (mandioca), avatí moroti (maíz blanco), avatí pyta (maíz rojo), kumanda (poroto), zapallo, calabaza, manduvi (maní), banana.

En todo momento han recibido el acompañamiento del intendente municipal, Abogado Juan Manuel Ávalos.

Primer desalojo

El 23 de mayo a las 6h30 entraron a desalojar con orden del juez Fermín Vergara presentado por un Oficial de Justicia, acompañado por Ricardo Ayala, jefe de orden comisario quien tiene a su cargo la jefatura, ambos de Santa Rosa del Aguaray, un total de 12 patrulleras y 100 efectivos policiales que venían de diferentes distritos: Nueva Germania, San Vicente, Resquín, Jejui, San Pablo Kokuere, Guayayvi.

Explicaron que realizarían el desalojo de cuatro inmuebles e indicaron a las familias que saquen las casas antes de que pase el tractor para que luego puedan volver a reutilizar esos materiales, pero no se les explicó que a pesar de tener un orden de desalojo para 4 inmuebles, terminaría destruyendo las 65 casas de la comunidad, dejando en la calle a las 65 familias sin casa, sin alimentos, sin ropa.

Es una situación que pareciera de cuento, pero es una realidad que cada vez más familias son criminalizadas por luchar por un pedazo de tierra. Los desalojos crueles, violentos son la constante en Yvype Sexta Línea. Según el relato, civiles acompañados por policías procedieron en los dos desalojos: quemaron las casas y carpas con las escasas pertenencias de la gente adentro: camas, cubiertos, cocina, plancha; abrigos y mantas; otras fueron destruidas con tractor y por si fuera poco “cortaron el horcón con motosierra para evitar que pudieran volver a levantar la casita”, relató una de las víctimas.

Destruyeron la producción de consumo de mandi´o, avatí moroti, kumanda, zapallo, manduvi, banana, y por si fuera poco también robaron las mercaderías existentes y la moto de uno de los pobladores. Entre los testimonios podemos recoger uno en especial, que nos encoge el corazón y nos hace preguntarnos hasta donde puede llegar la crueldad humana disfrazada de justicia y defendiendo intereses particulares, muy lejanos al desarrollo del país. “Pe ha ´ärömina por favor, los niños lloraban, las señoras se desmayaban y lloraban por la impotencia al ver como sus cosas eran quemadas” explicaban que como podían trataban de salvar algunas de sus pocas pertenencias.

Luego del desalojo forzoso fueron visitados por una abogada de la reforma agraria del INDERT y el ingeniero Sanabria, residente de San Pedro quienes manifestaron su desconocimiento del procedimiento de desalojo que la fiscalía había realizado en compañía de fuerzas policiales.

Ante los ojos de campesinas y campesinos una vez más ocurrió la destrucción de las casas y la producción, las familias se refugiaron en la escuelita y la iglesia de la comunidad.

Segunda Orden de desalojo

El 14 de junio a 6 años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty – uno de los episodios más crueles de la historia reciente de nuestro país, que concluyó con un juicio plagado de irregularidades contra campesinas y campesinos- alrededor de las 14:30 hs, con una temperatura de 8°C, se procedió al segundo desalojo de la comunidad de Yvype Sexta Línea. Esta vez el Fiscal Alberto Torres Flores, en compañía del comisario Ricardo Ayala, llegó con una orden de allanamiento, para buscar armas (azadas, machetes y foizas) y cuadernos como pruebas. A pesar de no tener la potestad de desalojar, volvieron a hacerlo con toda la crueldad y el ensañamiento que podían demostrar, con un refuerzo de 10 patrulleras y 60 policías, además de civiles motosierristas y tractoristas, frente a 65 familias con niños, niñas, mujeres embarazas y adultos mayores, volvieron a destruir todas las pertenencias de las familias campesinas, deteniendo a algunos y dejando en el más absoluto desamparo a los pobladores en uno de los días más fríos del año.

Situación actual de las familias

Las niñas y niños tienen miedo cada vez que ven efectivos policiales, las madres deben pensar cómo hacer para calmar ese miedo luego de los desalojos. En la zona están apostados efectivos policiales realizando controles, existe temor de enviar a los hijos a la escuela o realizar alguna actividad necesaria que implique movilidad debido a la persecución constante que afecta a cualquier persona que entre o salga de Sexta Línea.

Las familias desalojadas, hoy duermen en la iglesia de la zona y reciben alimentos y frazadas pero que aún no son suficientes luego de perder casi todas sus pertenencias y bajo los árboles se refugian para preparar la olla popular.

Este no es un hecho aislado, en un país donde el 85 % de las tierras está en manos del 2, 5 % de propietarios principalmente latifundistas dedicados al agronegocio y la ganadería a gran escala. Es así que las campesinas, campesinos e indígenas que pretenden continuar defendiendo su tierra y territorio son perseguidos, imputados, criminalizados en marañas de injusticias.

Apoyo de la Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes Ambientales

La Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes Ambientales, compuesta por BASE-IS, la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y apoyada por la Unión Europea y Diakonía, se encuentran realizando un acompañamiento a las familias campesinas afectadas por este desalojo y que están luchando por acceder a un pedazo de tierra. En este marco se han realizado visitas y acciones jurídicas para garantizar el respeto a los derechos humanos de campesinos y campesinas.

Asunción, 22 de junio de 2018

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)