A 33 años de haber sido refrendada, la Constitución Política de la República de Guatemala ha sido el marco para la reproducción de un régimen político que excluye a las mayorías sociales, como los pueblos originarios, el campesinado, las mujeres y la juventud, y de un modelo económico que reproduce la condición de miseria en la que viven millones de guatemaltecas y guatemaltecos.

El pacto entre oligarquía, casta militar y partidos políticos, que configuró y dirigió el Estado contrainsurgente y autoritario —y que en buena medida lo sigue caracterizando—, logró la redacción de un texto constitucional que le abrió la posibilidad a un nuevo período de oxigenación del régimen político, en el cual dichos sectores controlan y orientan la política de Estado en función de sus intereses.

Ciertamente la Constitución fue refrendada en consulta popular, pero también es cierto que en ese referendo no emitieron su voto alrededor de 200,000 personas asesinadas y desaparecidas forzosamente, un crimen de Estado que sucedió incluso durante el proceso constituyente. A ellas se suman los miles de ciudadanos que fueron obligados a desplazarse en el territorio nacional o fuera de este como refugiados o exiliados, así como aquellos que no estaban siquiera empadronados o que no tuvieron la posibilidad de movilizarse a los centros de votación debido a la lejanía de estos. Así se constituyó la exclusión de sujetos colectivos como los pueblos originarios, fuerzas políticas reprimidas desde 1954 y amplios segmentos sociales, los cuales no pudieron participar en la contienda para elegir constituyentes y, por consiguiente, estuvieron imposibilitados de incidir en la formulación y negociación constitucional.

Es claro que hoy estamos ante un Estado que continúa capturado por las élites económicas, militares y políticas, así como por estructuras criminales de distintos tipos y extracciones sociales. Las sucesivas crisis institucionales devenidas de tal captura, de la aplicación de políticas neoliberales, del despojo de los bienes comunes, de la corrupción ampliada y de la criminalización y represión de la protesta social configuran un Estado que se aleja absolutamente de los fines constitucionales del bien común, la justicia, la igualdad y la paz social.

 La Constitución y su desarrollo en la legislación ordinaria configuran y sirven de marco para la reproducción de una estructura económica históricamente injusta, enraizada en el despojo y la explotación. Es eso lo que sirve de cimiento al modelo económico controlado por una clase social minoritaria, gestionado de forma oligopólica desde el mercado y el Estado, basado en salarios de miseria y en rezagos industriales, tecnológicos y educativos. Un modelo que produce riqueza extrema, facilita la fuga de capitales a manos del capital transnacional y reproduce la extrema pobreza. Son este marco constitucional y este modelo económico los que explican el porqué de la pobreza en la que sobrevive el 67 % de la población, de la desnutrición crónica que padece cerca del 50 % de los niños menores de cinco años, de la expulsión de miles de jóvenes que se ven obligados a transitar por caminos de muerte en busca de empleo fuera del país y del círculo vicioso de la inseguridad como negocio lucrativo protegido por el mismo Estado.

 Esta es una Constitución con un fundamento contrainsurgente, con una orientación claramente liberal-conservadora, que niega la existencia de sujetos colectivos como las clases populares, los pueblos indígenas y otras mayorías y minorías sociales. Por ello está siendo cuestionada al punto de que han emergido propuestas para fundar un nuevo Estado, las cuales proponen como punto de partida la modificación de la actual Constitución a través de un proceso en el que tales mayorías y sujetos históricamente marginados sean protagónicos en la gestación de un acuerdo de nueva sociedad.

Sin duda, quienes están conformes y se benefician con la actual Constitución se oponen férreamente a esta idea, tal como quedó demostrado en el veto a la intención de reformarla para reconocer el pluralismo jurídico. Es por ello que una nueva Constitución solo será posible con un cambio radical en la correlación de fuerzas.

Así como la actual Carta Magna fue el resultado de un pacto entre oligarcas, militares y partidos del régimen que reprodujo la exclusión de las grandes mayorías, un nuevo documento constitucional solo será posible a partir de la creación de las condiciones objetivas y subjetivas para un nuevo sujeto histórico (por definición diverso) que logre constituir e instituir un nuevo contrato social.

www.plazapublica.com.gt