La República de Panamá ha tenido cuatro constituciones (1904, 1941, 1946 y 1972). La última Constitución Política ha sido reformada varias veces. El presidente Juan Carlos Varela anunció la semana pasada que hará las consultas necesarias para convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. El tema ha estado presente desde la invasión militar norteamericana a Panamá en 1989 (casi 30 años). En aquel entonces, y a lo largo de las tres décadas que han seguido, los gobernantes nunca se pusieron de acuerdo para qué querían un nueva Constitución (faltaría la orientación de la Embajada). El plan de Varela es introducir una quinta papeleta en las elecciones que se realizarán en mayo de 2019. En la actualidad, las elecciones contemplan cuatro papeletas: Presidente de la República, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. La quinta papeleta sería para elegir 60 constituyentes.

¿Cuál es el procedimiento para seleccionar los 60 ungidos? ¿Cómo serían elegidos?

La falta de respuestas para estas preguntas y otras deja mucho que desear. ¿Después de las elecciones le corresponderá a los constituyentes tomar las riendas del país? El orden político que resulte de la Asamblea Constituyente determinaría el futuro del país. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente puede invalidar las elecciones de mayo de 2019 (Presidente y diputados) y, además, destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogados como Raúl González, del Movimiento Alternativa Popular, tiene varios años des estar impulsando la quinta papeleta para convocar una Constituyente originaria. Sin embargo, el mecanismo que el plantea es muy diferente al señalado por el presidente Varela. El profesor González propone que en las elecciones de 2019 se le pregunte al electorado (ciudadanía) si quiere que el nuevo Ejecutivo convoque a la elección de una Asamblea Constituyente. Si el pueblo vota a favor de la Constituyente se harían las elecciones.

En todo caso, el debate (a soto voce) en torno a la Constituyente tiene dos grandes fallas. Una de forma y otra de fondo. La de forma es la falta de transparencia. Mientras que el presidente Varela y su partido conservador – Panameñista - quiere dar un ‘paquetazo’ con la selección de los constituyentes, la oposición aspira a sacar a Varela del juego político. Los partidos de oposición (neo-liberales) tienen el 80 por ciento de los diputados en la Asamblea. Neutralizan las iniciativas gubernamentales.

Más preocupantes, aún, son las fallas de fondo. El presidente Varela y su equipo, al igual que los sectores que están en la oposición, no saben para qué estarían convocando a una Constituyente. Una nueva Constitución tiene como objetivo ‘refundar’ la República. ¿Pero que nueva República quieren los gobernantes conservadores y la oposición neoliberal parlamentaria? Qué decir de los voceros de la llamada ‘sociedad civil’ ¡Que todo cambie, para que todo siga igual!

Gobierno, oposición y sociedad civil se ponen de acuerdo y cantan, en coro, que se necesita una nueva Constitución para acabar con la corrupción, con la criminalidad, el presidencialismo, clientelismo y otros males que les incomoda. Desafortunadamente, ninguna Constitución puede acabar con esos males. Todos saben que la corrupción no es un problema constitucional (es un problema criminal). Igual el presidencialismo. Este es un mal que se desprende de las luchas internas entre las fracciones que controlan el poder político y económico. El presidencialismo es una figura no-constitucional que se crea para asegurar la repartición excluyente de la res-pública (corrupción).

La Constitución de 1946 y la de 1972 (que es un calco de la primera) son documentos que tienen un fuerte contenido social, según los especialistas. Es decir, la estructura de la República y las instituciones que son creadas por la Constitución tienen un objetivo: resolver los problemas sociales. Las reformas de 1983 y 1994 fueron concebidas – después de la muerte de Torrijos y la invasión norteamericana, respectivamente - para atenuar ese objetivo, pero no lograron eliminar lo esencial. El texto está vigente.

Las constituciones de 1946 y 1972 tienen capítulos que les garantizan a los panameños el derecho a un trabajo bien remunerado, a una vivienda decente, a servicios de salud y a una educación gratuita. El problema es que no se cumplen con los artículos de la Constitución. Es obvio, hay que crear las condiciones políticas para que se respete la Constitución ¿Los gobernantes quieren eliminar el contenido social de la Constitución? Si la respuesta es negativa, entonces deben decir qué quieren.

10 de mayo de 2018

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

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