En el discurso sobre el estado de la Unión, aquel gran campeón de los derechos que responde al nombre de Donald Trump ha tildado a Venezuela como “dictadura socialista” y se ha jactado de haber impuesto otras pesadas sanciones al país bolivariano y a Cuba.

Al mismo tiempo, el director de la CIA, Mike Pompeo, ha reconocido públicamente el rol de los servicios secretos en las decisiones tomadas por Trump contra el gobierno de Maduro: “La segunda y tercera ronda de las sanciones – ha admitido Pompeo – han seguido nuestras sugerencias”. Sanciones ad personam y también, desde el inicio de enero, de tipo económico-financiero, deseadas para asfixiar al país con un bloqueo similar al impuesto a Cuba y ahora recientemente reavivado luego de las aparentes “aperturas” de Obama. Privados y empresas estadounidenses o de países socios no pueden tener intercambios comerciales con Venezuela, de lo contrario se arriesgan a recibir las represalias del gendarme norteamericano.

La CIA impulsa también a la ruptura de los acuerdos comerciales relativos a la adquisición de petróleo venezolano. Los países neoliberales de América Latina -desde México a Colombia, desde el Perú a Honduras – se unen y se esfuerzan dentro del llamado Grupo de Lima para estrechar aún más el círculo. Europa está en la misma línea de los Estados Unidos y los acuerdos firmados con Cuba contra el bloqueo contienen el chantaje sobre los “derechos humanos” y la posibilidad de dañar, por esta vía, el eje entre Cuba y Venezuela.

Los venezolanos de Miami hablan abiertamente de “injerencia humanitaria”, allá piden a la “comunidad internacional” y explican de qué cosa se trata: “La injerencia humanitaria –dicen– es una ayuda militar para desarmar un gobierno”. Cae el último velo de hipocresía. El objetivo de los “manifestantes pacíficos” ha sido siempre sólo el de meter las manos en los gigantescos recursos de Venezuela, abolir la constitución que lo prohíbe y reconducir al país al “patrio trasero” de los Estado Unidos.

En Europa de la “duda y de la complejidad”, en cambio, “la injerencia humanitaria” es disfrazada de “intervención humanitaria”, evocando la imagen de una asistencia filantrópica a la que “los humanitarios” de la CIA y sus corifeos ciertamente no pueden eludir: como no se han eludido en Irak, en Libia, en Siria... Ni mucho menos podrían hacerlo si se encuentran confrontados a una feroz dictadura caribeña, representada por un presidente obsesivamente descrito como incapaz, ilegítimo etc. Un hombre solo al mando. Para colmo un ex obrero del metro. ¿Estamos bromeando?

No hace falta decir que para los cowboys norteamericanos como para los conquistadores europeos las únicas situaciones válidas y legítimas son aquellas de las “democracias representativas” que están comandadas por las pandillas del gran capital... No hace falta decir que la Carta Magna bolivariana, nacida de la Asamblea Constituyente de 1999, y su principios – confirmados por 24 elecciones en las que la participación siempre ha superado el 60-70% - es poca cosa:  se la puede borrar a las buenas o a las malas.

Y por lo tanto está bien presentar como héroes a aquellos que lanzan granadas sobre las instituciones, y dejar fuera de la puerta a los familiares de las víctimas de las violencias de la extrema derecha. Que el Parlamento Europeo haya llegado a otorgar el premio Sájarov al neonazi Lorent Saleh y a sus compadres golpistas dice tanto sobre la credibilidad de los “conquistadores”, en cuyo interior está quien pretende expulsar de Europa a todos los embajadores venezolanos.  El diplomático venezolano destinado a España ya ha sido mandado en base al criterio de “reciprocidad”. Una “reciprocidad” asimétrica: porque Caracas había expulsado al jefe de la diplomacia española acusado de fomentar la desestabilización, mientras el gobierno bolivariano nunca ha financiado a quien quisiera botar bombas en las plazas españolas.

Que un golpista como el exalcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledesma, huido al extranjero luego de haber sido liberado por “motivos de salud”, viaje libre y saludablemente por los cuatro ángulos del planeta para pedir la intervención armada contra su país, indica con cuantas lenguas viperinas hablan los Estados Unidos y la vieja Europa a propósito de “lucha al terrorismo”.

Uno de los primeros a exaltar a Ledesma, en América Latina, ha sido otro campeón de la ética y de derechos humanos, el banquero que gobierna a Perú, Pedro Pablo Kuczynski: aquel que para salvarse de las investigaciones por corrupción, ha negociado el indulto al dictador Fujimori y deja pudrirse en las cárceles a los prisioneros políticos enfermos, de más de ochenta años.

La injerencia “humanitaria” podría llegar por mar y por tierra. La CIA sabe que puede encontrar buenos pretextos, como demuestra el largo rastro de sangre dejado en el siglo pasado y renovado en este siglo en la guerra sucia en Colombia, en las masacres en México o en Honduras en camino hacia una nueva dictadura. Desde los confines con Colombia, la infiltración de las bandas paramilitares en Venezuela es continua. Y ahora se está tratando de crear una ola de “prófugos” para justificar “la intervención humanitaria”. Las maniobras conjuntas en la Amazonia, en las que, por primera vez el Brasil de Temer ha consentido la participación de las tropas estadounidenses, ya ha preparado el campo con el pretexto de prevenir “catástrofes”. Y desde las bases militares de USA en las islas de Curazao y Aruba, los aviones espías sobrevuelan las grandes instalaciones petroleras de Venezuela en el occidente del país.

La Exxon Mobil desde hace tiempo ha iniciado las perforaciones en las aguas del Esequibo, disputada entre Guyana y Venezuela. Desde el  primero al siete 7 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ex Ceo de la multinacional, está viajando a México, Argentina, Perú y Colombia: “para aumentar la presión sobre Venezuela de Nicolás Maduro”. Mientras tanto, con perfecta coincidencia, ha llegado la decisión ONU sobre el contencioso histórico del Esquivo: que ha sido enviado la decisión de la Corte Penal Internacional, en lugar de la solución pacífica de un mediador nombrado por la ONU, como prevé el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La OEA de Luis Almagro y todos los acólitos de los Estados Unidos ya han dicho que no reconocerán las elecciones presidenciales en Venezuela. Elecciones que las derechas han pedido constantemente anticipar, pero que ahora rechazan. La Asamblea Nacional Constituyente, máximo organismo plenipotenciario, votado en julio sobre todo para traer la paz a Venezuela, ha invitado a la autoridad electoral (el CNE) a fijarlas a finales de abril. Pero, las derechas saben que no tienen un candidato fuerte que unifique a todos sus componentes. Están esperando que se decida el empresario millonario Lorenzo Mendoza, para repetir el esquema inaugurado en Italia con Berlusconi.

Para ganar tiempo tratan de irse por las ramas en República Dominicana, donde se están desarrollando las negociaciones con el gobierno bolivariano. Luego de más de 300 invitaciones al diálogo por parte de Maduro, las derechas han aceptado sentarse a discutir, pero jugando, como siempre, en varias mesas con una opción preferencial por la violencia golpista. Y por eso, se ve el baile de las declaraciones: “firmamos, no firmamos, vamos, no vamos...” y así parloteando.

La misma cantaleta sobre las candidaturas a las elecciones y sobre la inscripción al registro electoral por parte de sus formaciones. Según la ley, los partidos que no han participado en elecciones precedentes deben demostrar la propia persistencia. La Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto, ha ordenado a las siglas que han boicoteado las precedentes elecciones, registrarse nuevamente en el CNE. Y esta trayectoria se ha concluido a finales de enero.

Algunos partidos como Acción Democrática, lo han hecho, pero otros – los extremistas de Voluntad Popular y Primero Justicia - habrían querido jugar una vez más sobre varias mesas: invitando como formaciones singulares al boicot, pero inscribiéndose todos juntos como Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El Tribunal Supremo de Justicia, máximo organismo encargado del equilibrio de los cinco poderes constituidos existentes en Venezuela, por lo tanto, ha declarado la expulsión de la sigla de las próximas presidenciales.

La MUD – ha legislado el TSJ - “reagrupa diversas organizaciones políticas, algunas de las que ya están convalidadas y otras no”, y con su participación violarían “aparentemente la prohibición de doble militancia, establecido en la disposición No. 4 de la sentencia No. 1 del 5 de enero del 2016 en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.

Desde los partidarios de la “intervención humanitaria” o de los defensores de las democracias procesales han partido ya los ataques al “dictador Maduro”. Sobretodo porque los sondeos dicen que de todas maneras sería el mejor ubicado en la carrera para las presidenciales, respecto a otros candidatos de las derechas – ya anunciados – como Henry Falcón o Ramos Allup. En los medios italianos, ya ha parido un circo similar a aquel que se desencadenó luego del anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que ahora también concurren componentes alineados con la extrema izquierda que fetichiza los procedimientos y no sabe reconocer los términos del conflicto de clase.

Como ya ha sucedido en otros países de Europa, Venezuela entra en la campaña electoral: en modo explícito o indirecto, es necesario decir que el socialismo es democracia. Más se hace ver Venezuela como un monstruo, menos se ven las plagas del capitalismo. En Italia, más de 5 millones de personas viven en pobreza extrema y el 30% de la población está “en riesgo”. En compensación – dice una investigación de la Ong Oxfam – a mitad del 2017 “el 20% más rico de los italianos detentaba más del 66% de la riqueza nacional neta, el sucesivo 20% controlaba el 18,8%, dejando al 60% más pobre apenas el 14,8% de la riqueza nacional”. O sea: “la cuota de riqueza del 1% más rico de los italianos superaba en 240 veces aquella detentada en total por el 20% más pobre de la población”.

Antes de intervenir sobre inexistentes “catástrofes humanitarias” en Venezuela -donde la crisis no pesa sobre sectores populares – ¿no sería el caso de ocuparse de aquellas muy concretas provocadas por el capitalismo en nuestra casa?

Traducción Gabriela Pereira

Publicado en La Città Futura