Las detenciones de adolescentes palestinos de entre 13 y 17 años, es política habitual de Israel. Durante 2017 fueron capturados por la policía y el ejército 483 menores, según la organización israelí HaMoked que denuncia malos tratos y torturas en un escenario de apariencia legal. La mayoría permanece en las cárceles de Megiddo y Ofer en estado de aislamiento respecto a sus familias. Algunos fueron detenidos por lanzar piedras a los soldados ocupantes, otros por usar el Facebook para “incitar” a la resistencia. En este contexto ha sido detenida recientemente Ahed Tamimi, de 16 años, por abofetear a un soldado que formaba parte de una patrulla que asaltó su casa familiar. Los militares lo hacían una vez más como represalia a una familia comprometida con el fin de la ocupación.

Francamente, es un escándalo que un país que goza del estatuto de demócrata, otorgado por sus aliados occidentales, se pueda permitir actuar de esta manera con total impunidad. No es por consiguiente ninguna exageración afirmar que el estado de Israel es una anormalidad ya que práctica justo lo contrario que promete la democracia: Hace prisioneros a menores de edad y no reconoce sus derechos; destruye viviendas palestinas y lleva a cabo desalojos forzosos a modo de castigos colectivos; durante años ha practicado la tortura como algo legal y hoy día consentida; utiliza la figura de “pruebas secretas” para mantener prisioneros a activistas contra la ocupación; legaliza retroactivamente asentamientos de colonos construidos en terrenos privados palestinos; aplica restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, procediendo a cierres indiscriminados de algunas zonas palestinas; continúa bloqueando la franja de Gaza, ya por diez años.

En este escenario el estado de Israel no quiere testigos y está procediendo a expulsar a ONG extranjeras, muchas de ellas defensoras de los Derechos Humanos. Pero a pesar de este esfuerzo por invisibilizar una represión digna de una dictadura, algunas ejecuciones extrajudiciales de menores fueron denunciadas por Amnistía Internacional: Mahmoud Shaalan, de 16 años, fue abatido a tiros por soldados israelíes en un puesto de control de Ramala en febrero de 2016; Mohammed Abu Khalaf, fue muerto a manos de la policía de fronteras israelí en Jerusalén Oriental en ese mismo mes, y Maram Abu Ismail y su hermano Ibrahim, de 16 años, abatidos a tiros en un puesto de control de Qalandia en abril de 2016 por contratistas privados que trabajaban para el Ministerio de Defensa israelí.

El caso de la adolescente Tamimi es alucinante. Su caso es uno de entre los más de 500 arrestos anuales a menores. Lo que ocurre es que ella se atrevió a dar una bofetada a un soldado que estaba violentando su casa y por ello le juzgará nada menos que un Tribunal Militar de doce cargos que se le imputan. Su detención fue llevada a cabo cuatro días después de los hechos, cuando el gobierno sionista creyó que Israel había sido humillado por una valiente niña. Es evidente que ella no representaba ninguna amenaza para unos soldados perfectamente equipados y que su castigo desproporcionado pretende ser ejemplar en el peor sentido de la palabra. El sionismo exige proseguir su ocupación sin la menor resistencia de los ocupados.

Con ese objetivo los tribunales militares israelíes realizan procedimientos injustos en el trato a los prisioneros palestinos. En muchos casos la ignorancia de los marcos y leyes por parte de los palestinos y la ausencia de abogados conducen a sentencias muy altas. Niños que han arrojado piedras reciben sentencias absolutamente desproporcionadas, se les imponen grandes multas y fianzas que sus familias no pueden pagar. Al mismo tiempo, Israel emplea de forma extendida la detención administrativa contra los palestinos; diversos estudios indican que un 40% de los varones palestinos ha pasado alguna vez por una cárcel israelí. Dicha detención puede prolongarse durante seis meses y prorrogarse una y otra vez. Es así como en la actualidad de los actuales prisioneros sólo el 25% se encuentran encarcelados con sentencia condenatoria.

Las condiciones sanitarias son deplorables; Israel ha impuesto nuevas condiciones a las visitas, permitiendo sólo las de los padres y negando este derecho a hermanos y hermanas mayores de 16 años; las detenciones administrativas (detenciones sin cargos y de forma indefinida), junto con otras condiciones que son claramente contrarias a los convenios internacionales, son generalizadas. Vale la pena mencionar que unos mil prisioneros no han podido recibir visitas de sus familiares en los últimos tres años, siendo los abogados su único contacto con el exterior, una o dos veces por año. Esto ha tenido un impacto destructivo en la situación de los prisioneros. Israel ignora el derecho internacional humanitario relativo al trato dedicado a los prisioneros. Esta política ha incluido tortura a personas enfermas y discapacitadas.

La justicia de los ocupantes no entiende de derechos de la infancia: en el pueblo de Hussan, en el área de Belén, en un momento dado había 40 niños encarcelados de un total de 75 personas originarias de esa población. En la prisión de Telmod, 60 niños prisioneros fueron destinados a compartir celdas con prisioneros criminales que amenazaban la vida de los jóvenes palestinos. En algunos pocos casos, los menores palestinos fueron violados; su comida y ropas fueron robadas.

Como resultado de los cierres militares, toques de queda y reocupación, los palestinos no tienen ingresos y por ello las familias palestinas no pueden contratar abogados para defender a sus hijos e hijas antes los tribunales israelíes. A cada familia particular le cuesta entre 4.000 y 5.000 dólares contratar un abogado para representar y visitar a su hijo/a encarcelada.

Me parece sensato afirmar que mientras este drama humano que es al mismo tiempo expresión de una injusticia flagrante no se solucione con la libertad general de los hombres y mujeres prisioneras en cárceles israelíes, la paz no podrá avanzar.

La ocupación conlleva detenciones arbitrarias; permanencia indefinida de miles de prisioneros sin acusaciones concretas; aislamiento en cárceles inaccesibles para los familiares, a veces secretas. Del lado de las víctimas el 27 de septiembre de 1993 se creó la Sociedad de Prisioneros Palestinos. El concepto de la organización cristalizó dentro de las prisiones y fue desarrollado por los prisioneros mismos después de su liberación. Mejor que otros, los prisioneros liberados reconocen la necesidad de una institución nacional de base que se ocupe de los problemas de los encarcelados y sus familias. Abierta a todos los prisioneros palestinos, la Sociedad está compuesta por hombres y mujeres que han sufrido cárcel y sus empleados son los mismos ex prisioneros. La Sociedad de Prisioneros Palestinos trabaja en cooperación con otras organizaciones de derechos humanos en la atención a los presos políticos. En cierta ocasión visité sus oficinas en Belén.

Los miles de hombres y mujeres palestinas que resisten la ocupación merecen una vida mejor: el fin de la ocupación, la creación de dos estados; la libertad que el sionismo y una parte del mundo les niega.