Sandra Quiñónez, elegida por el presidente Horacio Cartes para ser la nueva Fiscal General, está vinculada a casos de criminalización de la lucha campesina.

Violentos allanamientos contra viviendas campesinas y acusaciones infundadas contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos son algunos de los hechos más resaltantes en el legajo de la fiscal Sandra Quiñónez, la elegida del presidente Horacio Cartes para hacerse cargo de la Fiscalía General de la República.

La fiscal Sandra Quiñónez tiene en su haber varias denuncias realizadas por Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos debido a prácticas atentatorias contra derechos fundamentales del ser humano. Durante un año y siete meses mantuvo en prisión a catorce dirigentes campesinos, entre ellos a Don Sindulfo Agüero, veterano dirigente de la Organización Campesina del Norte (OCN), de 70 años en ese momento. Tras todo ese tiempo en prisión los dirigentes fueron liberados debido a que no existía ninguna prueba que los vinculara con casos de terrorismo o secuestro como había asegurado Quiñónez. Por este fallo favorable a los campesinos el Juez Gustavo Bonzi fue perseguido y destituido de su cargo y la causa reabierta debido a las fuertes presiones de Quiñónez y el Ministerio Público.

No fue el primero, ni sería el último caso donde la candidata a Fiscal General actuaría de esa manera. Ya en enero de 2009 había encabezado violentos allanamientos contra comunidades campesinas del Norte del país; en Kurusu de Hierro recuerdan cómo niños y adolescentes fueron obligados a tirarse al piso en plena madrugada a punta de armas de fuego de la policía y bajo la atenta mirada de Quiñónez, “destrucción de cultivos de subsistencia, puertas y ventanas de las casas, hurto de celulares y amenazas de muerte” fue lo que dejó la fiscal a su paso por esa comunidad según relata un informe del Servicio de Paz y Justicia.

Al oscuro historial de la mediática agente fiscal se deben sumar los relatos de campesinos y campesinas quienes la señalan como responsable de graves hechos como la plantación de evidencias y su aval a abusos policiales durante procedimientos ejecutados en el norte paraguayo.

La agente del Ministerio Público también es recordada por haber convertido libros, panfletos y películas en “pruebas irrefutables” de la participación de campesinos en secuestros y actos terroristas. Además Quiñónez sostiene la teoría de que el Ministerio Público puede acceder a cruces de llamadas, escuchas telefónicas y otros datos privados sin ningún tipo de orden judicial; esta posición es duramente cuestionada por organizaciones vinculadas a la protección de los derechos digitales, como la plataforma TEDIC.

La fiscala Quiñónez también recurrió a declaraciones públicas como forma de criminalización, es así que de forma permanente señala que los habitantes de las comunidades rurales de los Departamentos de Concepción y San Pedro son parte del “apoyo logístico” del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), permanentemente estas acusaciones han alcanzado también a sectores políticos de izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos. Justamente la persecución al EPP y a sus supuestos apoyos logísticos han sido la principal excusa del Estado para perseguir a dirigentes sociales que luchan en defensa de sus territorios contra el avance del modelo agroexportador.

Para el investigador Abel Irala la fiscal Sandra Quiñónez actúa bajo la lógica del enemigo interno, lógica que viene del Plan Colombia y de la política “anti terrorista” del gobierno norteamericano, algo más bien parecido a la doctrina de Seguridad Nacional utilizada por las dictaduras militares del cono sur décadas atrás. “Usa esa lógica para atacar a comunidades campesinas que en realidad están en resistencia contra un modelo que los excluye y los empobrece” señaló Abel, autor de diversos estudios sobre el proceso de criminalización y militarización que vive el campo paraguayo.

Quiñónez es fiscal anti secuestro desde el año 2004, desde ese entonces viajó permanentemente a Colombia para recibir adiestramiento por parte de un Estado que ha recibido innumerables denuncias por violación a los DDHH en el marco del conflicto interno que vivió dicho país.

Cinco personas se encuentran secuestradas actualmente en Paraguay, nunca antes el país había vivido una situación de esta magnitud, lo que demuestra claramente el fracaso y el deficiente trabajo de Quiñónez y del Ministerio Público en materia de lucha contra este flagelo. Sin embargo esto no fue tenido en cuenta por el presidente Cartes al momento de elegirla, y esta elección podría tomarse como un premio por su destacada actuación en la persecución a luchadores y dirigentes y, a la vez, como un reaseguro de que el Ministerio Público seguirá siendo el brazo ejecutor de las políticas de criminalización de las luchas sociales.

Recordemos que la decisión final sobre la elección de Sandra Quiñónez para la Fiscalía General está en manos del Senado que antes de finalizar el mes de noviembre deberá resolver si presta o no su acuerdo para la designación de la cuestionada agente fiscal.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)