El azar -que en ocasiones juega un papel en la historia- le otorgó sincronía a un artículo que escribí en junio de este año. Aludí tangencialmente al caso que llevó el fin de semana pasado a la renuncia del vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, descreyendo por entonces de la información circulante. Intentaba discurrir sobre los problemas de corrupción en los progresismos y el usufructo que las derechas hacían de ellos. En la semana previa a su escritura el semanario derechista “Búsqueda”, lanzaba su denuncia sobre el uso privado de la tarjeta corporativa que le otorgó la empresa estatal autónoma “Ancap”, cuando ejercía la presidencia de la misma. No sería la primera vez que ese y otros medios del establishment, intentaran desgastar al progresismo introduciendo información falaz o interpretaciones engañosas de ciertos datos. Aquel artículo se centraba en los dramáticos ascensos de la restauración neoliberal en Argentina y Brasil que cuentan con profusos e indisimulables ejemplos de corrupción. Pero enterado de la repercusión que iba cobrando en Uruguay el affair de las tarjetas corporativas introduje un único párrafo referido al asunto, del que extracto un fragmento que no sólo creo que tiene vigencia, sino que me permitiría alguna profundización de lo sugerido.

Allí sostuve que “(…) aunque por monto irrelevante, se induce a la sospecha de dolo y provecho indebido que es a la vez, advertencia y oportunidad. Advertencia de la estrategia de la derecha uruguaya en sintonía con los ejes señalados aquí, pero a la vez oportunidad, ya sea para probar con todo detalle, transparencia e inmediatez la falsedad de lo publicado -no sólo en sede judicial sino ante la opinión pública y sus compañeros de militancia- tanto como para que la fuerza política ajuste su scanner de honestidad para anticipar cualquier posible actitud inmoral en cualquiera de los ámbitos de intervención. Si algún acto de corrupción, por mínimo que fuera, es descubierto por la prensa, la oposición, o la sociedad civil, antes que por el propio Frente Amplio (FA), la lesión de credibilidad que sufrirá, será inevitable. Nadie debería estar más atento que el propio FA a cualquier posible desviación moral. Considero que la legitimidad frentista no depende tanto de la recomendación concreta que el tribunal de conducta política pueda emitir ante un posible acto innoble, sino de quién propicia su llegada a esa instancia”.

La oportunidad de probar la falsedad, fue sustituida por negaciones genéricas y balbuceantes del compañero Sendic, que no lograban más que darle verosimilitud a las sospechas realimentando de este modo la ferocidad del linchamiento mediático al que se lo fue sometiendo. Aquello que el Presidente Tabaré Vázquez llamó “bullying político”. Tampoco hubo oportunidad de que fuera previamente detectado por el scanner aludido porque evidentemente estaba apagado. La función pública continúa de este modo, sometida a la habitual opacidad. El Tribunal de Conducta Política (TCP), afirma en su dictamen que actuó de oficio (inciso d del numeral 3 y numeral 2, en adelante anotados entre paréntesis con números y letras cuando las hubiere) ante las versiones de prensa, contradiciendo además al propio involucrado que afirmó haber acudido a él por propia voluntad. Como también se contradijo en sus declaraciones a la prensa diciendo que desconocía cualquier reglamento sobre el uso de las tarjetas corporativas, siendo precisamente el autor del mismo en el año 2011 (4, d y 9, c).

Afortunadamente, la utilización injustificada de la tarjeta corporativa (8), cosa negada por Sendic (9, d), es por un monto tal que, desagregado en el tiempo, resulta insignificante, al punto que sustrayéndole las devoluciones que realizó, fue calculado en 14 dólares mensuales por el fundador de este medio, Federico Fasano, en diversos artículos. El TCP del FA, sin tanta avidez contable, coincidió en su dictamen en el carácter “moderado” de los gastos (9, e). De este modo, se disipa cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito o de ascenso en las condiciones o nivel de vida a través del uso de la tarjeta. Se trató de una utilización tan irrelevante para su economía cuanto la falsamente autoatribuida licenciatura en genética humana, para sus méritos políticos. Pero ambos episodios vividos por el ex vicepresidente, exhiben mendacidad, inseguridad, desprolijidad y extralimitación, algo muy ajeno al mérito político en las izquierdas. Lejos del “escándalo de corrupción” con el que titularon varios diarios de la derecha, particularmente argentina, la noticia de la renuncia vicepresidencial, se trata de un caso de ausencia de control y relajamiento de las necesarias autolimitaciones en el ejercicio de responsabilidades públicas, reforzadas por una discursividad pública elusiva y sinuosa.

Sin embargo el desperdicio de la oportunidad que consideraba por entonces abierta, podría ser recuperado en adelante. En primer lugar porque el TCP mostró que no se deja influenciar por la investidura (término que alude a la dignidad) de quien resulte sujeto de sus intervenciones, emitiendo en este caso un juicio unánime y demoledor. Algo impensable en cualquier otro partido político del país y seguramente inédito a nivel internacional. También porque al actuar de oficio recupera la iniciativa para el propio FA. Luego porque la propia crisis política obliga ahora a extremar los controles sobre la conveniencia de los posibles gastos de los jerarcas como ya ha tomado nota el Presidente Vázquez solicitando a sus asesores la redacción de un reglamento de rendición de gastos para los funcionarios del poder ejecutivo. No debe soslayarse que el dictamen del TCP explicita la ausencia de control sobre la pertinencia de los gastos (10, f) y el incumplimiento del reglamento existente (6). El hecho de que se ciña al poder ejecutivo no excluye que algo muy similar se propicie desde el FA hacia el poder legislativo y los entes autónomos. Por último porque es el propio FA el que puede exhibir con orgullo que, si bien fue la prensa quien descubrió la irregularidad, resultó posible porque desde el año 2008, en pleno gobierno frentista y propiciada por él, se sancionó la ley de Acceso a la Información Pública que posibilitó el conocimiento de este hueco en el funcionamiento del Estado, reconocido por el propio vicepresidente, según el dictamen del TCP (7).

No hay parangón alguno con el caso argentino, pero no deben minimizarse los posibles efectos políticos. Sin duda es indispensable la rectitud ética de los funcionarios, pero mucho más lo es que la naturaleza del sistema político la propicie y en caso de desviación la exhiba y sancione. De lo contrario puede llegarse al absurdo de votar políticos ricos porque no tendrían necesidad de robar, como se generalizó en algunos sectores del electorado de aquella orilla. La izquierda uruguaya debe dar cuenta de auténtica austeridad, rechazando el boato y la ostentación tan comunes en el mundo diplomático. El capital retribuye las gestiones administrativas de los políticos de su sistema, premiándolos con suntuosidades cuasi monárquicas y lujos excéntricos, ajenos a la vida popular. Para rechazarlos no hace falta sólo ideología, sino también entereza moral.

El rechazo de privilegios o la austeridad no necesariamente refracta a los poderosos, ni la aceptación de sus lisonjas y agasajos los ata a los jerarcas con independencia de sus beneficios. Embajadores, poderosos empresarios o hasta presidentes extranjeros no rechazaban concurrir al “quincho de Varela” (donde el ex presidente Mujica solía recibirlos) que no deja de ser un galpón con alguna mejora, en el que se servían asados como en cualquier encuentro popular, regados con un vino mediocre. A esos invitados, les interesan los negocios, la cercanía con el poder y los resultados contables, mucho más que la pompa de la que pueden disfrutar cotidianamente en sus respectivos ámbitos.

Los privilegios, la opacidad sobre ellos y las múltiples tentaciones, se encuentran estructuralmente enclavados en la organización de los estados-nación, la que a su vez vela su responsabilidad sistémica transfiriéndosela a los sujetos individuales, cuando algún límite excedido, toma estado público.

Para no verse obligados a la renuncia, los dirigentes de izquierda, deberían estar predispuestos al renunciamiento.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 17/9/2017