Otra batalla por el derecho de consulta y los derechos colectivos, frente a empresas, instituciones estatales y un modelo económico violento, se desarrolla este domingo 27 de agosto en Santa María Cahabón. 195 comunidades deciden sobre la permanencia de los proyectos hidroeléctricos Oxec 1 y 2, en un proceso al que el Estado no otorga validez.

La disputa tiene como telón de fondo el reglamento de consultas (Guía de Estándares básicos para la consulta a pueblos indígenas, promovida por el Ministerio de Trabajo), la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 26 de mayo que anula la consulta previa, y la presión empresarial.

En Cahabón, Estado y empresas marcan líneas rojas:

1. El gobierno organiza la consulta, no las comunidades.

2. La consulta se reduce a un área de influencia, determinada por el propio Estado (11 comunidades para la empresa y el Ministerio de Energía y Minas, MEM, 195 para las comunidades).

3. Las comunidades no deciden si quieren o no proyectos: apenas tienen la potestad de dialogar para llegar a acuerdos sobre dichos proyectos.

Y la guinda del pastel: la empresa Oxec –empresas en general- tiene permiso para continuar operando, aunque no haya realizado consulta previa y genere violencia: criminalización, burla de los estudios de impacto ambiental, destrucción ambiental, desvío de los ríos Oxec y Cahabón, apropiación del agua de las comunidades, deforestación, secamiento del cauce provocado por su actividad.

Desarrollo violento e impuesto

Una consulta restringida, sin posibilidad de decir no, organizada por una institución parcializada (MEM), no es consulta. Es una burla a las comunidades y una reinterpretación de los derechos, a la baja y a la medida de los poderosos. La alianza empresas-gobierno, con la versión retrógrada de la Organización Internacional del Trabajo en el papel de “colaborador eficaz”, amenaza no solo la consulta comunitaria de Cahabón, sino el fundamental derecho de decisión y libre determinación de las comunidades, es decir, la capacidad irrenunciable de decidir sobre todos los asuntos que les conciernen.

La restricción de derechos no es nueva, pero la agresividad del planteamiento en este momento, refuerza dos tendencias: una de carácter estructural, otra ligada a la coyuntura reciente.

En cuanto a lo estructural, la fulminación del derecho de consulta fortalece una concepción elitista del sistema político, y la continuidad sin mutaciones (solo reajustes y reconfiguraciones) del despojo, que no tiene en cuenta los derechos de las personas y menos los derechos y la preservación de la naturaleza, el agua, el ambiente, los ciclos de la vida.

En cuanto a lo coyuntural, Cahabón y la negación de la consulta para favorecer a una empresa extractiva-destructiva, revelan la incapacidad de las elites de entender que el viejo pacto constituyente-empresarial-militar tiene que dar paso a un nuevo pacto social, con los pueblos como actores y sujetos protagonistas.

Otro ejemplo: la apuesta por la infraestructura y la construcción de carreteras como motor económico  (anunciada recientemente por los empresarios, FUNDESA 2017) , hace borrón y cuenta nueva de la corrupción existente en este ámbito y reclama el apoyo estatal, constituyendo otro indicador y una nueva vuelta de tuerca, sin cambios, del modelo de desarrollo excluyente.

Desde la capital hasta Cahabón: la lucha por la transformación estructural y la democracia de los pueblos

La disputa en Cahabón y en todo el país (Monte Olivo, San Juan Sacatepéquez, San Rafael Las Flores, Casillas, pueblo xinka, La Puya, norte de Huehuetenango, San Marcos) derrumba puentes, si alguna vez hubo, entre este Estado corporación, funcional a un capitalismo destructivo, y el modelo propio de las comunidades, en construcción y reconstrucción, de raíces históricas.

Por ello, la negación sistemática de los derechos de los pueblos, para favorecer un modelo empresarial privatizador y mercantilizador, obliga a plantear con más fuerza todavía la transformación raizal de este Estado y este modelo. En este sentido, la consulta de Cahabón dibuja un hilo con la actual coyuntura de crisis y cambios (el ciclo político iniciado en 2015, marcado por disputas de elites, movidas geoestratégicas, indignación y resistencia social) y plantea algunos debates y retos.

Debates. No estamos solamente ante una crisis del sistema político, sino del modelo económico y de una sociedad construida sobre el individualismo, la mercantilización y la insolidaridad.

Esta crisis estructural no puede resolverse con reformas parciales en el sistema político y el modelo de Estado, que no atiendan el carácter estructural y la integralidad de los problemas.

Las acciones estructurales no se pueden impulsar sin la participación como sujetos y la atención a los planteamientos y propuestas de los pueblos indígenas (comunidades, organizaciones, sectores populares, movimientos de mujeres).

Retos. Integrar todas las voces, propuestas y demandas en la actual y todas las coyunturas, sin priorizar o centralizar unas (en función de urgencias, el corto plazo que anula al largo plazo, las reformas inmediatas que aplazan las estructurales, etc.). Esto implica que (entendiendo la gradualidad de los cambios y las correlaciones de fuerzas) en el nivel discursivo se articulen las demandas inmediatas con la demandas estructurales, en el ámbito territorial y social las demandas de sectores urbanos democráticos (La Plaza) con las de pueblos y sectores populares, y en el ámbito organizativo, se fortalezca el papel decisorio de estos últimos, para evitar que la crisis se despache con un nuevo pacto de elites. 

Actuar en este ciclo de crisis

Así, derecho de decisión, autonomía, autodeterminación, soberanía, extractivismo, desarrollo propio de los pueblos frente a la injusticia, son debates necesarios en la coyuntura actual: no están fuera de la misma, ni deben verse como radicales o maximalistas.

Aunque parezca complejo, y poniendo ejemplos de la coyuntura actual, el desafío es luchar todas y todos, con todos los medios y en cualquier momento, por la recuperación de la AEU y el carácter público de la USAC, contra la corrupción, dignificando la política, por la defensa del territorio y la Madre Tierra del acaparamiento y la voracidad comercial (desvío de ríos, monocultivo, agroexportación que liquida la producción de alimentos…), contra el racismo y las violencias machistas, promoviendo todos los derechos, especialmente el de libre determinación, exigiendo IvanSeQueda, hasta transformar el Estado y este modelo de vida individualista, insolidario, anticomunitario.

Cahabón como síntesis –en tensión y construcción- de nuevas formas de participación y decisión (consultas), y otros sentidos de vida (el agua, los ríos y el territorio como bienes y no como recursos) nos revela la necesidad de organizarnos y relacionarnos de formas distintas, trascendiendo los marcos-institucionales y de lucha impuestos y conocidos (incluido el sistema de partidos) y el desarrollo destructivo y la democracia de bisutería que nos imponen.

Así, mi planteamiento es que debemos situar desde ya nuestra propuesta y acción política en términos de ruptura, más allá de la continuidad del modelo, la refuncionalización del mismo o la realización de reformas políticas limitadas, vinculadas a escenarios de corto plazo y unidimensionales. Rompamos con la democracia y el desarrollo propuestos por las elites (las que están fuera de la cárcel, dentro o a punto de entrar en ella), para avanzar hacia un nuevo modelo económico, de Estado y de sociedad, de defensa de la vida y construcción colectiva de lo común.

Leer además Reglamentar las consultas, para anular derechos

27 de agosto de 2017

https://pensamientosguatemala.org/2017/08/27/cahabon-lucha-comun/