El crimen organizado, en sus diversas y numerosas formas, es la principal amenaza al proceso de estatalización del Estado, aunque el peligro es generado sistémicamente, como resultado del proceso general del desarrollo capitalista. Expresado en el narcotráfico, el financiamiento de las campañas electorales, el juego y la cartelización de la obra pública, la vinculación del crimen organizado con la política modifica su lógica tradicional de poder y convierte al crimen (corrupción) en un ingrediente necesario de la matriz política/poder. El Estado siempre tuvo un componente criminal, sobretodo en sus inicios cuando apenas se separada de la guerra civil precedente, pero la asunción de la burguesía al poder político tras la revolución francesa supuso una “normalización” de la relación entre economía y sociedad y la supremacía del Estado de derecho. Esta declamada inocencia de la política se desmorona crecientemente desde la crisis de 1973, cuando el fin del Estado de bienestar supuso la retirada del Estado y la aparición de otros actores “privados” que paulatinamente adoptaron comportamientos estatales, en primer lugar el narcotráfico.

Esta baja estatalidad del Estado cuenta con la complicidad del sistema financiero internacional y a nivel local con el rol de sectores determinados de la política, la justicia, el empresariado y la policía, entre otros actores.

El crimen organizado no actúa en forma monolítica ni consensuada pero sí se consolida a través de las respuestas y soluciones que aporta a las continuas fisuras del Estado, que más bien actúa como cooptador que como víctima.

Hay una relación estrecha entre el crimen transnacional y la globalización económica. El carácter desregulador de una economía-casino favorece el crecimiento del crimen organizado, mediante la reducción de toda regulación y de los controles de los flujos de mercancías, capital y personas a través de las fronteras.

La imagen más contundente de esta amenaza no es un avión, un tanque o un arma de guerra sino un contenedor. La economía global depende de contenedores que realizan eficazmente la distribución mundial de mercancías. Aunque la crisis de 2008 acumuló los stocks de inventario y el comercio mundial pareció estancarse en los puertos, las compañías pudieron reducir su inventario y mejorar los indicadores de la economía mundial. En la actualidad, los contenedores representan en términos de valor el 90% de la carga comercial global. Lógicamente los contenedores son insumos estratégicos para el comercio de drogas y otras mercancías ilegales. El crimen transnacional organizado circula por las mismas rutas físicas que el comercio global lícito, en términos literales y financieros.

Desde este punto de vista las políticas aduaneras y los roles específicos de los agentes de aduana asisten a la presencia de grupos organizados que controlan las aduanas. Estos grupos encontraron su lugar gracias a legislaciones determinadas de facilitación del tráfico comercial, que transformaron el tradicional control comercial de mercaderías en control impositivo de tasas. La fisura del Estado es producto del propio Estado.

El proceso general de globalización, presentado en su faz kantiana y lockeana de paz universal y comercio libre, suele silenciar el aspecto bélico que la acompaña desde sus comienzos. Las economías de guerra y la indefinición de sus objetivos suelen acompañarse con rutas de financiamiento y aprovisionamiento basadas en narcotráfico, trata de personas y trabajo esclavo. Cada conflicto tiene sus particularidades, pero en todos ellos la ilegalidad está presente: África, Colombia, los Balcanes, Estados Unidos, México, América Central. En América Latina el circuito de drogas y personas que mayormente se dirige a Estados Unidos y Europa, incluye los carteles mexicanos, las maras centroamericanas, las Bacrim colombianas, el PCC y los distintos carteles brasileños, la producción de marihuana en Paraguay y cocaína en Bolivia y finalmente el tránsito argentino. Varios de estos países le han declarado la “guerra a las drogas”, un escenario donde el narcotráfico aprendió a desempeñarse eficazmente.

Los cambios en los modelos de organización, tanto del Estado como del crimen organizado, obligan a una actualización permanente desde la perspectiva de la inteligencia criminal y desde una política de Defensa Nacional.

Las organizaciones criminales tienden a carecer del tradicional patrón centralizado, Son organizaciones convertidas en redes auto organizadas, sin centros de poder en el sentido tradicional, que trabajan bajo el sistema de franquicias, copiando adaptativamente la experiencia de la militancia clandestina de la izquierda marxista. Las antiguas organizaciones jerárquicas carecen de la velocidad exigida por la dinámica actual de las TICs. El aprendizaje implica nuevas tecnologías, sistemas de transporte, comunicaciones, etc. La incorporación de las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial promete un cambio abrupto en el rol humano dentro del crimen organizado.

Nuestros Estados han quedado a mitad de camino entre el viejo Estado social y los efectos producidos por las políticas de privatización que desmembraron la estructura organizacional. Quedaron a merced de una tecno-burocracia que frecuentemente carece de un proyecto global de Estado y solo busca gestión y eficiencia.

Si la dinámica del crimen organizado es sistémica, como estamos argumentando, todo intento de encausar la situación obliga a un cambio en la dinámica del propio Estado, cargándolo de renovada estatalidad. Una política de seguridad también es una palanca útil para una reforma profunda del Estado.

Miguel Angel Barrios

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.