Un gran peligro se cierne sobre nuestro país. El sabotaje económico, el acaparamiento, la especulación, el mercado negro, el crimen organizado, el asesinato de personas, el terror desatado contra la población, configuran el rostro tenebroso del fascismo, la nueva cara de la derecha, de los monopolios nacionales y extranjeros que, heridos de muerte, condicionan un clima propicio para el golpe de Estado y desencadenar la guerra civil. Este camino, el cual les permitiría, a los monopolios nacionales y extranjeros, recuperar las riquezas que el país ha puesto al servicio de toda la nación, se ha puesto en marcha.

Central Unida de Trabajadores. Puro Chile.  09 de septiembre de 1972

Ante las acciones violentas y antidemocráticas adelantadas por grupos radicales de la derecha opositora, el presidente Nicolás Maduro ha invitado a un gran diálogo por la paz. Convocó al poder originario, al pueblo todo, para que mediante votación universal, directa y secreta, conformase una Asamblea Nacional Constituyente.

Inmediatamente después y como reacción a la convocatoria, los factores políticos más radicales de la derecha llamaron a sus seguidores a un “trancazo nacional”, es decir a bloquear calles y avenidas impidiendo el libre tránsito a los venezolanos, actividad que incluyó hechos violentos y vandálicos por parte de sectores extremistas de la oposición. Al día siguiente, y con el mismo esquema, convocaron a una “gran marcha” como parte de la protesta. Simultáneamente, voceros de los partidos extremistas del ala de la derecha amenazaron con un llamado a la desobediencia civil si el gobierno insistía en su intención democrática de convocar al Soberano para dialogar por la paz.

Esta amenaza temeraria de desobediencia civil se enmarca en los planes y acciones de desestabilización económica, social y política que ha retomado, desde el 2013, la oposición no democrática en Venezuela con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como pretendieron hacer en 2002 y 2003 con el entonces primer mandatario Hugo Chávez, también constitucionalmente electo, a quien acusaban, en ese entonces, de dictador y de autor de un modelo social y económico fracasado.

Hace algunos días, incluso antes de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, se leía en los medios de comunicación: “La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa un paro cívico o una tranca nacional como propuestas de agenda de calle después del 19 de abril para subir el volumen a las protestas y la presión en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro”. “Tenemos que irnos preparando para convocar un paro cívico”.[1]

No tenemos claro a qué se refieren cuando amenazan con una desobediencia civil, ni cuál sería su alcance en estos momentos. Tenemos, sí, la referencia de lo que dicho llamado significó a finales del año 2002, por cierto en el marco de un proceso de diálogo en el que participaban “representantes” de todos los sectores políticos del país. Mesa de diálogo que convocó el presidente Chávez después del golpe de Estado del 11 de abril.

A finales del año 2002, la entonces denominada Coordinadora Democrática integrada por las distintas organizaciones políticas que hacían oposición al gobierno nacional, conjuntamente con Fedecámaras (representantes del sector empresarial) y la CTV (supuestamente representantes de la clase trabajadora) convocaron a la desobediencia civil.

Llamado que se caracterizó por elevados niveles de violencia; actos terroristas; campañas internacionales solicitando la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la presión por parte de EE. UU. para que se realizaran unas supuestas “Elecciones Ya”; constantes llamados a paros económicos, incluso la convocatoria irresponsable a un paro “cívico” nacional indefinido, paro patronal con fines subversivos que estuvo acompañado de actos terroristas de sabotaje a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) surtidora de combustible a nivel nacional y principal fuente de ingresos por concepto de exportaciones. Buscaban la salida del presidente Chávez, ya fuese mediante su renuncia o generando las condiciones para otro golpe de Estado.

Recordamos que ese año también realizaron “trancazos” (11-09-2002), hubo presiones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que interviniese; solicitudes al entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, para que activara la Carta Democrática en Venezuela (03-12-2002); bloqueos de las principales calles del este de Caracas; llamados a cacerolazos; incluso, al igual que hoy, realizaron actos terroristas como, por ejemplo, el intento de incendio de un autobús con su conductor y pasajeros dentro (03-12-2002) o el asesinato de tres personas y 29 heridos en la Plaza Altamira de Caracas con acusaciones a priori  por parte de la oposición de que el responsable de la violencia y de las víctimas había sido el presidente de la República (06-12-2002). [2]

Carentes de originalidad, pareciera repetirse el libreto puesto en escena hace quince años, aunque ahora con mucha más violencia.

Basta leer los titulares de los medios de comunicación de aquel momento para notar las similitudes [3]: “Trancazo Activo”; “EE.UU. presiona por solución electoral”;“Ortega asegura que Chávez ha decidido declararse dictador”; “OEA urge a partes solución de buena fe” [4]; “La FAN (sic) tiene el deber constitucional de intervenir” [5]; “Descomunal marcha exigió la renuncia de Chávez” [6]; “Paro hasta que haya elecciones” [7]; “Oposición advierte sobre agudización de la violencia” [8]; “Chávez se sostiene en el chantaje de la FAN (sic)” [9]; La FAN (sic) se reducirá a un gueto” [10]; “Cuatro individuos vaciaron sus pistolas sobre la gente en Plaza Francia de Altamira. Terrorismo. Cuatro muertos y 18 heridos es el saldo trágico de la cobarde acción atribuida por los oficiales en desobediencia a los seguidores del Gobierno” [11]; “Silencio por los caídos. La caminata inició en Chuao y culminó en el Marqués”. [12]

Todas las acciones antidemocráticas promovidas por la oposición durante 2002 y 2003 generaron inestabilidad política, económica y social. Desde el golpe de Estado del 11 de abril hasta el paro patronal y el sabotaje a la industria petrolera, pasando por los actos de violencia y de terrorismo, no solo ocasionaron grandes e irrecuperables pérdidas económicas al país, sino sobre todo tuvieron efectos atroces en las condiciones de vida, en la salud, la tranquilidad y en la paz de los venezolanos.

Se ha escrito y dicho mucho acerca de las pérdidas mil millonarias, hasta ahora incuantificables, de aquel llamado irresponsable y subversivo de desobediencia civil, pero poco acerca de las consecuencias económicas y sociales. Mostramos gráficamente algunas de ellas:

1. El Producto interno bruto disminuyó 17% entre 2001 y 2003. Se registraron los niveles de producción históricamente más bajos desde 1999. Ha sido la mayor caída del PIB registrada desde 1999.

2. Ambos sectores de la economía, tanto el público como el privado se vieron afectados en sus niveles de producción. Sin embargo, las acciones de desobediencia civil que caracterizaron esos dos años y especialmente el paro patronal afectó en mayor medida la producción del sector privado. En el sector privado, la disminución del PIB entre 2002 y 2003 fue 15%, en el caso del sector público cayó 12% durante el mismo período.

3. Alrededor de 590.000 trabajadores se quedaron sin empleo entre 2001 y 2003, en su mayoría mujeres, lo que representó un aumento del 14% de la tasa de desocupación, la cual pasó de 13,3% en 2001 a 18,4% en 2003. La más alta registrada desde 1999.

4. La pobreza general, medida por niveles de ingresos, en la que se contrastan los salarios con el costo de la canasta básica, alcanzó niveles de 55,10% y la pobreza extrema, medida de la misma manera, llegó a 25%. También los niveles históricamente más altos desde 1999. El aumento de la pobreza extrema fue 76% entre 2001 y 2003: pasó de 14,20% de hogares en pobreza extrema en 2001 a 25% de hogares en 2003.

5. Incluso, la pobreza estructural, que mide las necesidades básicas insatisfechas de la población incrementó durante los años 2002 y 2003 de desobediencia civil. La pobreza general alcanzó niveles de 31,21% de hogares en 2002 y la extrema, 13,02% de hogares.

6. El consumo diario de alimentos por persona disminuyó a 2.236 kilocalorías, históricamente los más bajos desde 1999. Llegó a ubicarse por debajo del mínimo establecido por la FAO (2.720 kilocalorías diarias) como garantía de seguridad alimentaria.

7.  Las muertes por desnutrición aumentaron 31% entre el año 2001 y 2003. Solo en 2003 fallecieron 1.342 personas a causa de la desnutrición, de las cuales, 448 fueron niños menores de 1 año y 359 entre 1 y 4 años.

8. Más de 22.000 hogares dejaron de enviar sus niños a las escuelas entre 2002 y 2003.

Ciertamente, la desobediencia civil es un mecanismo establecido constitucionalmente. El artículo 350 de la Carta Magna reza: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

La historia de 10 años, entre 2002 y 2012, se encargó de demostrar el error en el que los factores políticos de entonces incurrieron con el llamado a la desobediencia civil. No había razones para tal atrocidad, así como no las hay ahora. No estábamos ante un dictador, el presidente Chávez no solo se sometió a dos elecciones presidenciales los 10 años siguientes (2006 y 2012) obteniendo una victoria con más del 55%, sino que inmediatamente después al llamado de desobediencia civil, convocó un referendo presidencial (2004) en el que obtuvo el 59,1% de votos a favor. Tampoco nos encontrábamos ante la presencia de un modelo supuestamente fracasado que no garantizaba los derechos humanos, la invitación es a volver a revisar los gráficos anteriores, ya no centrando la mirada en los años 2002 y 2003, sino en los siguientes.

Más allá del poder que actualmente pueda tener o no el ala más radical de la derecha opositora para convocar a una desobediencia “civil” o a un paro “cívico”; más allá del financiamiento, que para estos fines pueda llegarles de los Estados Unidos; más allá de las presiones que el Comando Sur pretenda ejercer sobre nuestro país, sobre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre la opinión pública internacional; apostamos a la sensatez y el liderazgo del ala democrática de la oposición para no cometer los mismos errores de 2002 y 2003. En estos momentos, pareciera no solo estar en juego el mejor o peor comportamiento de indicadores económicos y sociales, sino la paz del pueblo venezolano.

Pero sobre todo confiamos en el nivel de conciencia del pueblo, que ha demostrado ser pacífico y democrático, que quiere trabajar y vivir en tranquilidad. El mismo pueblo que ha sido invitado a ser protagonista de un amplio diálogo por la paz en los espacios de una Asamblea Nacional Constituyente.

Pasqualina Curcio Curcio, Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela.

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[1] http://www.el-nacional.com

[2] La nube negra, de Sánchez Otero Germán.

[3] Se recomienda la revisión del trabajo: Un registro del sabotaje petrolero, diciembre 2002-febrero 2003 publicado por el MINCI.

[4]  El Universal, 13-12-2002.

[5]  El Universal, 07-10-2002.

[6]  El Nacional, 15-12-2002.

[7] El Universal, 21-12-2002.

[8] El Universal; 17-12-2002.

[9] El Universal, 13-12-2002.

[10] El Universal, 24-12-2002.

[11] El Universal, Edición Especial, 07-12-2002.

[12] El Universal, 08-12-2002.

http://www.15yultimo.com/2017/05/05/constituyente-o-barbarie/